Información general
Muchas personas vivirán la experiencia de marcharse del lugar donde crecieron. Algunas quizá sólo se muden al pueblo o a la ciudad más próximos, tal vez para buscar trabajo o ir a la escuela. Otras, sin embargo, tomarán una decisión mucho más difícil: la de abandonar por completo su país, unas veces por poco tiempo, pero otras para siempre.
Así ha sido durante milenios. La civilización humana —nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra tecnología, etc.— se ha forjado a lo largo de una extensa historia de identidades que se entrecruzan por nuestra tendencia innata a explorar en busca de seguridad.
Nadie debería tener que enfrentarse a la violencia, la explotación, los abusos o la discriminación por haber decidido trasladarse a otro país. Amnistía Internacional trabaja para lograr un mundo en el que el acto de solicitar asilo o migrar se entienda en términos de justicia, dignidad y solidaridad.
¿Por qué hay personas que abandonan su país de origen?
La movilidad es una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, el movimiento a través de las fronteras está restringido por los Estados mediante sistemas de pasaportes y visados, y por leyes de inmigración que determinan quién “merece” entrar en un país y quién no.
Son muchas las razones por las que la gente quiere trasladarse y desarrollar su vida en otro país. Es posible que anhelen mejores perspectivas laborales o educativas, o que deseen reunirse con familiares que ya viven en el extranjero. Algunas personas se enfrentan a conflictos, al cambio climático, a la inestabilidad política, a la discriminación y a la persecución y deciden marcharse porque permanecer en su hogar se ha vuelto demasiado peligroso.
A menudo, las personas emprenden estos trayectos con la esperanza de mejorar su situación. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas personas se enfrentan a peligros considerables, a violaciones de derechos humanos y a obstáculos para acceder a la protección, debido a políticas de migración y asilo punitivas y restrictivas. También pueden sufrir racismo, xenofobia y discriminación a lo largo de su recorrido y en las sociedades de llegada. Al mismo tiempo, algunas pierden sus redes de apoyo: su comunidad, su familia, sus amistades y sus colegas.
Términos y definiciones
¿Qué es una “persona refugiada”?
Es un término con reconocimiento jurídico que designa a una persona que no puede regresar a su país de origen porque se expone a ser objeto de persecución en él. Puede decidir que su mejor opción es abandonar el país porque su propio gobierno no puede o no quiere darle protección. Las personas refugiadas tienen derecho a recibir protección internacional.
¿Qué es una “persona solicitante de asilo”?
Una persona “solicitante de asilo” es aquella que busca protección como refugiada, pero que todavía no ha sido reconocida legalmente como tal y está a la espera de que se tome la decisión. Pedir asilo es un derecho humano. Esto significa que se debe permitir a cualquier persona solicitar asilo. Si bien “solicitante de asilo” es un término jurídico, en algunas sociedades conlleva connotaciones negativas que conducen a la deshumanización. En esos casos, algunas personas pueden preferir referirse a sí mismas con otros términos, como “personas que solicitan asilo”. [*esto no tiene sentido en español, de «solicitante» a «persona que solicita» no cambia nada, sobre todo porque habitualmente ya incluimos persona, de hecho en el #34 ya hemos traducido asylum seeker como persona solicitante de asilo]
¿Qué es una “persona migrante”?
Es un término genérico que engloba a diversas personas que viven en un país distinto del suyo de origen, incluidas aquellas que tienen un visado vinculado a su empleo, sus estudios o su familia y las que se encuentran en situación irregular o carecen de documentación. Actualmente no existe una definición legal internacionalmente aceptada de persona migrante. Amnistía Internacional utiliza este término con independencia de la situación jurídica de la persona, de las causas del desplazamiento y de la duración de la estancia.
Ir más allá de las etiquetas
De todas formas, las etiquetas por sí solas no reflejan la complejidad de la experiencia vivida de cada persona. En el transcurso de una vida, una persona puede entrar y salir de estas categorías a medida que cambian sus circunstancias, o identificarse con unas etiquetas, pero no con otras. Por ejemplo, una persona refugiada o migrante puede convertirse en ciudadana tras vivir en un país cierto número de años, o una persona migrante puede advertir acontecimientos preocupantes mientras está fuera de su país y decidir solicitar asilo. Algunas personas pueden optar por identificarse como migrantes o refugiadas aunque no se hayan trasladado a otro país, porque pertenecen a una comunidad con fuertes vínculos culturales con un lugar de residencia anterior. Otras personas pueden rechazar todas las etiquetas.
Con independencia de cómo se etiquete o se autoidentifique a una persona, sus derechos humanos deben garantizarse y protegerse.
¿Cómo hay que tratar a las personas?
Las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes tienen derechos humanos, incluidos derechos específicos relativos al trato en un país extranjero. Con independencia de cómo y por qué llegan a un país, el derecho internacional las protege. Entre las protecciones específicas figuran:
- La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 14), afirma que, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país;
- La Convención de la ONU sobre los Refugiados, de 1951 (y su Protocolo de 1967), protege a las personas refugiadas contra la devolución a países donde corren el riesgo de ser perseguidas;
- La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes de 1990, protege a los trabajadores migrantes y sus familias
Pese a estas protecciones, muchos Estados adoptan políticas y prácticas migratorias que discriminan, explotan y marginan a las personas que han abandonado su país de origen.
Sea cual sea su condición jurídica, las personas que cruzan una frontera deben recibir un trato digno y respuestas basadas en la justicia y la solidaridad. En la práctica, esto significa que a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes no se les debe privar de libertad ni castigar por solicitar asilo, que deben tener acceso a una vivienda adecuada y a atención médica, y que deben poder cambiar de empleo y de empleador con libertad. No se las debe convertir en chivos expiatorios, los políticos y comentaristas no deben difamarlas y, como cualquier otra persona, deben poder participar en las decisiones que les afectan y contribuir a moldearlas.
Fronteras racializadas
El término “fronteras racializadas” hace referencia al hecho de que las políticas migratorias, los sistemas de asilo y la vigilancia fronteriza reproducen el racismo sistémico y la discriminación racial. Las fronteras no son simplemente líneas en un mapa, sino complejas infraestructuras de control, orden social y exclusión. El colonialismo, la esclavitud y otras formas de opresión han determinado muchas fronteras.
Las fronteras racializadas se materializan de diversas formas, entre ellas la prohibición o asignación discriminatoria de visados, la elaboración de perfiles raciales, la vigilancia biométrica, la explotación de trabajadores y trabajadoras migrantes racializados y la retórica que presenta a algunas personas como una amenaza o carga.
Las fronteras racializadas hunden sus raíces en injusticias raciales históricas, como la esclavitud y el colonialismo, mediante las cuales las potencias coloniales impusieron, remodelaron o condicionaron las fronteras y su control en los países que colonizaron. Dichas potencias determinaban o condicionaban quién podía cruzar las fronteras y de qué manera, e impusieron jerarquías racializadas que excluían a unas personas y privilegiaban a otras. Estos legados coloniales siguen determinando la manera en que responden los Estados a la migración y cómo la viven las personas hoy en día.
Caso práctico: Canadá
Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes viajan a Canadá cada año con la esperanza de proporcionar una vida mejor a sus familias. Se les concede la entrada mediante el Programa de Trabajadores y Trabajadoras Extranjeros Temporales (TFWP). Se les prometen oportunidades de trabajo y unas condiciones laborales de las que con mucha frecuencia no pueden disfrutar en sus países de origen.
Estos trabajadores y trabajadoras migrantes desempeñan una labor esencial y contribuyen al funcionamiento de los sectores de la alimentación, los cuidados, la construcción y la hostelería de Canadá. Sin embargo, en lugar de recibir el mismo trato que la población canadiense que desempeña la misma labor, se ven limitados por permisos de trabajo cerrados que otorgan a su empleador el control sobre su situación migratoria, sus condiciones laborales y, en ocasiones, su vivienda y su transporte. En consecuencia, corren un mayor riesgo de sufrir explotación, discriminación y otros abusos. Tampoco pueden cambiar de empleador cuando sufren abusos. Se les hace trabajar un sinfín de horas sin descanso, se les paga mal, sufren abusos físicos y psicológicos, y a menudo se las somete a estereotipos y suposiciones acerca de sus aptitudes, conductas o identidades.
Los trabajadores y las trabajadoras migrantes, en su mayoría personas racializadas, sufren una profunda deshumanización a causa de este régimen. A muchos de ellos se les rescinde el contrato y se los deporta con rapidez cuando caen enfermos, sufren lesiones o contraen enfermedades profesionales, o si denuncian y tratan de hacer valer sus derechos. Amnistía Internacional pide a las autoridades canadienses que supriman los permisos cerrados y reformen el sistema de inmigración canadiense para que no dé lugar a discriminación por motivos de raza, clase y género.
Desplazamiento climático
El desplazamiento climático hace referencia al movimiento de personas relacionado con los efectos del cambio climático y otros desastres ambientales. El cambio climático es una emergencia global que afecta a todo el mundo, pero quienes se encuentran en lugares especialmente vulnerables están en primera línea de la crisis. Las personas más afectadas son las que viven en la pobreza, las que pertenecen a comunidades racializadas, las mujeres, las personas mayores, los niños y las niñas, quienes tienen discapacidades, los pueblos indígenas y otros grupos marginados.
Las amenazas que plantea el cambio climático pueden ser tan peligrosas como las derivadas de conflictos violentos o persecuciones, ya que actúa como un “multiplicador de amenazas”, lo que significa que intensifica las desigualdades ya existentes. Las personas pueden correr un mayor riesgo, tanto por su lugar de residencia y la vulnerabilidad asociada a la crisis climática, como por sus circunstancias individuales o su identidad.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los Estados para que establezcan urgentemente marcos jurídicos claros a escala nacional, regional e internacional con vistas a desarrollar mecanismos de migración y protección basados en derechos para las personas desplazadas a través de las fronteras internacionales en el contexto del cambio climático y otras catástrofes. Estos marcos deben complementar audaces iniciativas de justicia climática, de modo que las personas puedan seguir viviendo en su territorio de origen y ver que se respetan sus derechos.
Caso práctico: Islas del Pacífico
A medida que el cambio climático de origen humano amenaza los derechos humanos de quienes viven en el Pacífico, muchas personas buscan oportunidades para migrar a Aotearoa Nueva Zelanda. El aumento del nivel del mar constituye una amenaza existencial para los países insulares de escasa altitud, como Tuvalu y Kiribati, que, según las proyecciones, perderán cada vez más territorio frente al avance del océano. La erosión costera, las mareas gigantes, las inundaciones, el calor extremo, las sequías y los ciclones amenazan el derecho de la población de Oceanía a la vida, la salud, un nivel de vida adecuado y un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
La política de inmigración de Aotearoa Nueva Zelanda no refleja las necesidades de las poblaciones de Oceanía afectadas por el clima. En su lugar, ofrece vías de migración limitadas y arbitrarias que discriminan, separan familias y no contemplan los derechos de la infancia. A falta de vías de migración y de protecciones dedicadas específicamente a las personas desplazadas por la crisis climática, quienes intentan recurrir a otras vías de inmigración de Aotearoa Nueva Zelanda quedan en el desamparo.
El hecho de que la comunidad internacional no actúe frente al cambio climático, junto con los enfoques cada vez más restrictivos de los Estados ante la migración internacional, somete a una doble injusticia a las personas desplazadas en el contexto de la crisis climática. Aotearoa Nueva Zelanda —y la comunidad internacional— debe actuar para proteger los derechos y la dignidad de las poblaciones de Oceanía ante la crisis climática, tanto dentro del país como en el país de destino.
El impacto de la tecnología
La tecnología digital configura cada vez más la forma en que los gobiernos gestionan la migración y el asilo. El rápido crecimiento de las tecnologías digitales y de las llamadas tecnologías de “fronteras inteligentes” genera toda una serie de riesgos para los derechos humanos, entre ellos los derechos a la privacidad y a la no discriminación. Existe una necesidad creciente y urgente de investigar y comprender estas tecnologías —que van desde la vigilancia electrónica, los satélites y los drones hasta el reconocimiento facial, los “detectores de mentiras” y el escaneo del iris—, así como su impacto en las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos y a las empresas privadas que desarrollan estas tecnologías y se benefician de ellas que garanticen que todo desarrollo y uso tecnológico respete y proteja los derechos humanos de todas las personas.
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional?
Hacemos campaña por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, con independencia de la situación migratoria en la que estén, quienes sean o de dónde vengan. Amnistía Internacional lleva decenios trabajando para defender y promover los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
Nos centramos en desarticular los sistemas de migración punitiva —las políticas, las prácticas y las mentalidades dañinas que devalúan, restan poder y deshumanizan a las comunidades de personas refugiadas y migrantes— y abordamos las formas en que se manifiestan estos sistemas: desde las deportaciones ilegales hasta la denegación del asilo, la discriminación arraigada y la exposición a la vigilancia discriminatoria y las tecnologías de control de fronteras.
El poder de las comunidades es fundamental en nuestra labor. Buscamos soluciones junto a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y junto a las comunidades donde viven, las cuales se organizan, tejen redes de solidaridad, resisten la injusticia y crean vínculos positivos para todo el mundo.
En última instancia, trabajamos por un mundo en el que las políticas de asilo y migración se basen en la justicia, la dignidad y la solidaridad, y en el que las personas más afectadas puedan influir en las decisiones que marcan su vida. Imaginamos comunidades donde el cuidado, la pertenencia y la vida comunitaria trascienden las fronteras y las jerarquías raciales.
Promover el patrocinio comunitario
En todo el mundo, millones de personas se reúnen en locales vecinales, mezquitas, aulas y salones del vecindario para formar grupos de patrocinio comunitario. El patrocinio comunitario se refiere a programas que empoderan a pueblos y comunidades locales (“patrocinadores”) para acoger a personas refugiadas y ayudarlas a rehacer su vida, en los que participan gobiernos, sociedad civil y organizaciones como ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Los grupos de patrocinio aprovechan la diversidad de aptitudes, conocimientos y contactos de sus integrantes para recaudar fondos, encontrar alojamiento y elaborar un plan que, entre otras cosas, ayude a la infancia a retomar sus estudios y a las personas adultas a encontrar un nuevo empleo, orientarse en barrios y sistemas nuevos, gestionar presupuestos en otra moneda y afrontar por primera vez un sinfín de situaciones desconocidas. En todo el mundo han surgido programas de este tipo, que unen a la población local y a las personas refugiadas como vecinos.
A través del patrocinio, las comunidades y sus nuevos vecinos han compartido experiencias de conexión transformadora, un futuro esperanzador y solidaridad en abundancia. Amnistía Internacional se enorgullece de apoyar el patrocinio y colabora con organizaciones asociadas y comunidades para que estos programas arraiguen en todo el mundo.
