Violencia policial

¿Cuáles son las normas sobre actuación policial?

Al ejercer sus poderes, la policía debe cumplir las obligaciones contraídas por su Estado en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, estos derechos son violados por el uso policial de fuerza ilícita y otra conducta ilegítima, que puede incluir palizas, insultos racistas y uso temerario de armas menos letales, así como homicidios ilícitos y tortura.

En la actuación policial son fundamentales la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. La legislación y las normas internacionales que regulan la actuación policial exponen cómo y cuándo puede la policía hacer uso de la fuerza. Además, el ejercicio de los poderes policiales, en especial el uso de la fuerza, está regulado también por los principios de precaución, no discriminación y rendición de cuentas.

¿Qué leyes y prácticas existen para regular la actuación policial?

Los siguientes documentos clave contienen normas claras de derechos humanos sobre actuación policial:

• Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son un instrumento internacional o conjunto de directrices clave que trata sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. Disponen que los agentes de policía utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Disponen asimismo que los agentes de policía sólo pueden hacer uso de fuerza letal cuando sea estrictamente necesario para protegerse o proteger a otras personas del peligro inminente de muerte o lesiones graves, y sólo como último recurso, cuando las demás opciones menos dañinas para reducir el peligro sean insuficientes.
• El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley expone la obligación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de no sólo respetar la ley, sino respetar y proteger los derechos humanos en el ejercicio de su deber. Asimismo dispone que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Basándose en estos dos documentos legales, Amnistía Internacional ha elaborado su manual Uso de la fuerza: Directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Estas directrices se basan en leyes, normas y documentos de formación nacionales procedentes de 58 países para proporcionar recomendaciones destinadas a ayudar a los gobiernos a aplicar los Principios Básicos de la ONU y garantizar una actuación policial efectiva que cumpla con los derechos humanos.

Las Orientaciones de las Naciones sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden proporcionan orientación sobre el diseño, la producción, la transferencia, la adquisición, el ensayo, la capacitación, el despliegue y los usos lícitos y responsables de las armas menos letales. Entre ellas se encuentran las porras policiales, el gas lacrimógeno, los cañones de agua y las Taser: armas que se venden como alternativa al tipo de armas convencionales, como las armas de fuego, que matan de inmediato.

¿Cuándo es ilícita la fuerza?

La policía debe regirse en todo momento por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Todo uso de la fuerza que no cumpla estos principios es ilícito.

El principio de legalidad establece que se debe recurrir al uso de la fuerza de conformidad con la legislación nacional y sólo con fines legítimos de aplicación de la ley según lo establecido en ella.

El principio de necesidad significa utilizar únicamente la fuerza en caso de absoluta necesidad y sólo en el grado requerido para lograr un objetivo legítimo. Los agentes de policía deben, en la medida de lo posible, intentar utilizar en primer lugar medios no violentos. Los órdenes verbales, la negociación, las advertencias o simplemente mantener una distancia segura son maneras de lograr un objetivo sin recurrir al uso de la fuerza. Y cuanto tengan que recurrir a la fuerza deben utilizar los medios menos dañinos que tengan probabilidad de ser efectivos. El uso de la fuerza debe cesar en cuanto hayan logrado su objetivo o cuando quede claro que ese objetivo es imposible de lograr.

El principio de proporcionalidad significa que debe haber un equilibrio entre el tipo y el nivel de fuerza utilizado y el daño que puede causar a una persona teniendo en cuenta la amenaza que dicha persona representa. El daño causado por el uso de la fuerza nunca puede ser mayor que el daño que se intenta prevenir.

Al recurrir al uso de la fuerza, la policía debe respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, y nunca debe utilizar la fuerza contra personas a causa de prejuicios o con una intención discriminatoria, ya sea directa o indirecta.

La fuerza utilizada por la policía de manera arbitraria o abusiva que no tenga como finalidad lograr un objetivo legítimo, sino que tenga como intención castigar, torturar o abusar, o que sea innecesaria o excesiva de cualquier otra forma, es por tanto ilícita.

Uso de armas menos letales

Desde Argentina hasta Zimbabue, la policía utiliza de forma habitual fuerza innecesaria y excesiva para reprimir las manifestaciones pacíficas. Esta represión a menudo se logra mediante el uso indebido de armas menos letales, como proyectiles de impacto cinético, gas lacrimógeno, granadas paralizantes y porras.

Un informe de Amnistía Internacional, basado en investigación llevada a cabo en más de 30 países, documentó cómo miles de manifestantes y transeúntes han sufrido mutilaciones y decenas han muerto debido al uso, a menudo imprudente y desproporcionado, de proyectiles de impacto cinético disparados a corta distancia. Entre las terribles lesiones causadas por estas armas se encuentran pérdida de ojos, espantosas quemaduras, fracturas de cráneo, rotura de costillas y perforación de pulmones.

Discriminación y actuación policial

La investigación llevada a cabo por Amnistía indica que cualquiera puede sufrir violaciones de derechos humanos a manos de la policía: pequeños delincuentes, manifestantes, activistas estudiantiles y personas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. No obstante, casi siempre son las personas pobres y marginadas las que son asesinadas, golpeadas, violadas, humilladas o sometidas a otros abusos por la policía.

En Estados Unidos, la actuación policial racista ha dado lugar a las estremecedoras muertes de George Floyd, Michael Brown, Breonna Taylor, Eric Garner y tantas otras personas negras que iban desarmadas. El creciente uso de sistemas de reconocimiento facial pone a las personas negras en un peligro adicional de ser detenidas por motivos falsos y sometidas al uso ilícito de la fuerza.

En México, las mujeres detenidas por la policía en la “guerra contra el narcotráfico” han sido sometidas a violación, agresión sexual y otras formas de tortura, como descargas eléctricas en los genitales, para hacerlas “confesar” delitos graves. En Filipinas, las personas pobres e indigentes de las que se sospecha que consumen o venden drogas han recibido disparos de la policía mientras suplicaban piedad.

Personas LGBTI en todo el mundo sufren hostigamiento y abusos sistemáticos a manos de la policía. En 2017, por ejemplo, las autoridades de la república rusa de Chechenia desataron una ola de ataques contra las personas sospechosas de ser gays o lesbianas. En Chechenia, la policía secuestró y torturó a decenas de gays. Muchos fueron asesinados en centros secretos de detención.

Fuerza ilícita durante las detenciones y reclusiones

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando datos del uso ilícito de la fuerza por parte de la policía durante las detenciones. Hay gente a la golpean con los puños o con porras, o a la que propinan patadas en la cara, incluso aunque no oponga resistencia y no constituya un peligro para la policía. En ese contexto es frecuente el uso de armas de descarga eléctrica, incluso cuando la persona en cuestión no representa una amenaza para nadie, y ese uso a menudo es reiterado y prolongado con el “modo de contacto directo” (en el que se aplica el arma directamente contra el cuerpo), un modo que da lugar a numerosos abusos y que debería estar totalmente prohibido.

La fuerza ilícita puede continuar durante la reclusión, en los calabozos policiales, las salas de interrogatorio y las prisiones. En muchos casos, los agentes utilizan la tortura y los malos tratos como “castigo” por contestar, por no mostrar cooperación o para obtener mediante coacciones una confesión.

Durante el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad en Irán en 2022, las fuerzas de seguridad, que incluyen a la policía y a la Guardia Revolucionaria Islámica, cometieron actos generalizados de tortura y otros malos tratos contra manifestantes y transeúntes. Esos malos tratos incluyeron el uso estremecedor de la violación, incluida la violación en grupo, y otras formas de violencia sexual contra manifestantes a quienes se había detenido.

El control policial de las protestas

En todo el mundo, estamos presenciando la creciente militarización de la policía y el uso indebido de la fuerza por parte de los cuerpos policiales para reprimir las protestas. En muchos lugares, la policía responde a las protestas con vehículos blindados, aviones de uso militar, drones de vigilancia, fusiles y armas de asalto y granadas paralizantes.

Los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluso a través de la protesta. También tienen la obligación de respetar, proteger y facilitar las protestas pacíficas.

Existen normas internacionales de derechos humanos que regulan claramente la conducta policial durante las protestas, unas normas que Amnistía Internacional ha resumido en sus Directrices sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica:

• Es responsabilidad de la policía facilitar la protesta pacífica. Puede ser necesario un cierto grado de tolerancia, incluso respecto al comportamiento ilícito, para evitar un agravamiento innecesario de la situación y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Si surgen tensiones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de rebajarlas y proteger activamente frente a la violencia a quienes se manifiestan y a otras personas.
• Si algunas de las personas que se manifiestan participan en acciones violentas, eso no significa que la protesta, por lo demás pacífica, se haya transformado en una reunión violenta. La policía debe garantizar que quienes mantienen una actitud pacífica puedan seguir protestando.
• Los actos de violencia cometidos por una pequeña minoría no justifican el uso indiscriminado de la fuerza.
• Si el uso de la fuerza es inevitable, la policía debe utilizar la fuerza mínima necesaria para lograr un objetivo legítimo.
• La decisión de disolver una protesta debe adoptarse como último recurso, y sólo debe llevarse a cabo cuando exista una necesidad acuciante y cuando hayan fracasado todas las demás medidas menos restrictivas. La dispersión no justifica automáticamente el uso de la fuerza, y las personas participantes deben tener la oportunidad de marcharse voluntariamente. Antes de usar cualquier arma menos letal, debe advertirse a las personas que se manifiestan y se les debe dar la oportunidad de cumplir la orden de dispersarse.
• El gas lacrimógeno o los cañones de agua tienen efecto en una amplia superficie y sólo pueden utilizarse en respuesta a situaciones de violencia generalizada y cuando otros medios más selectivos hayan fracasado o sean claramente insuficientes para contener la violencia. Antes de su uso deben emitirse avisos de advertencia audibles, y debe darse a quienes se manifiestan tiempo suficiente para dispersarse voluntariamente. No debe utilizarse gas lacrimógeno en espacios cerrados, lanzándolo desde arriba o en cantidades excesivas, y nunca debe dispararse directamente contra manifestantes. Igualmente, la policía no debe usar cañones de agua en el modo de alta presión para apuntar a personas a corta distancia ni directamente a la cabeza o a la cara. Los cañones de agua nunca deben usarse contra personas que estén inmovilizadas o sean incapaces de moverse ni dirigirse hacia ellas.
• Los proyectiles de impacto cinético, como las balas de goma o de plástico, sólo pueden utilizarse cuando sea necesario para prevenir la violencia contra las personas y únicamente de manera muy precisa y contra quienes ejercen esa violencia. Nunca deben utilizarse al azar contra una multitud.
• Las armas de fuego no son adecuadas para el control de multitudes, y nunca deben ser utilizadas para dispersar una protesta. Incluso si algunas personas son violentas, la policía sólo puede usar un arma de fuego como último recurso para detener una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves.

Impunidad

Amnistía Internacional ha documentado en muchos países cómo los agentes de policía que matan o hieren ilícitamente quedan a menudo impunes. A veces no se lleva a cabo ninguna investigación, o la policía amenaza a la judicatura, a testigos o a supervivientes y los presiona para que retiren los cargos. En otros casos, las leyes otorgan inmunidad a la policía. Esto crea un clima de impunidad en el que la policía puede cometer tales actos sin temor a sufrir consecuencias negativas.

Toda denuncia de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía debe ser investigada y los sospechosos de ser responsables deben comparecer ante la justicia. La rendición de cuentas es esencial para garantizar una actuación policial lícita y que respete los derechos humanos.

¿Qué hace Amnistía Internacional para ayudar?

Amnistía Internacional documenta casos de uso ilícito de la fuerza por parte de la policía en todo el mundo. Ese uso ilícito podría ser el uso indebido de “material policial estándar”, como las balas de goma y las porras, que entrañan un riesgo innecesario de causar daño. Amnistía Internacional hace campaña para prohibir la fabricación y el comercio de instrumentos abusivos diseñados para torturar, como los dispositivos de descarga eléctrica por contacto directo y las porra con púas, o el material para hacer cumplir la ley que podría utilizarse para propósitos lícitos pero a menudo se usa para infligir tortura y otros malos tratos.

En nuestra campaña emblemática Protejamos la Protesta, trabajamos para denunciar las violaciones del derecho a protestar cometidas mediante el uso de fuerza ilícita por parte de la policía. Hemos diseñado un curso online para aumentar la sensibilización sobre los derechos humanos en lo que se refiere a la actuación policial.