Resumen

Las personas internamente desplazadas soportaron un deterioro de sus condiciones en un contexto de desplazamiento prolongado. Fuerzas de seguridad, milicias armadas y agentes de la esfera política continuaban cometiendo violaciones graves de derechos humanos con casi total impunidad. El mal funcionamiento del sistema judicial privaba de justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La degradación medioambiental agravó los problemas humanitarios. El gobierno recurría cada vez más a prácticas autoritarias, como reprimir la disidencia, hostigar a periodistas y activistas y a la sociedad civil, y restringir la libertad de expresión y de reunión pacífica. La legislación amenazaba los derechos de las mujeres en un contexto de deterioro de las actitudes sociales hacia la violencia de género. La pena de muerte se aplicaba tras juicios menoscabados por graves defectos de procedimiento, al tiempo que persistía la falta de información transparente sobre las ejecuciones.