Las leyes sobre “seguridad global” y “refuerzo de los valores republicanos” suscitaban preocupación en relación con la vigilancia masiva, así como con el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las autoridades continuaron empleando disposiciones penales imprecisas y excesivamente amplias para arrestar y enjuiciar a personas que se manifestaban pacíficamente, y utilizaron armas peligrosas en el mantenimiento del orden en reuniones públicas. En junio, la policía usó fuerza excesiva para dispersar a cientos de personas que se habían congregado pacíficamente con motivo de un festival de música. En julio, una coalición de organizaciones interpuso una demanda colectiva alegando que el gobierno no había adoptado medidas para impedir el uso de criterios raciales y la discriminación racial sistémica por parte de la policía. Se continuó excluyendo a las personas transgénero del acceso a la fecundación in vitro. Las autoridades devolvieron a personas de etnia chechena a Rusia a pesar del riesgo elevado de que allí sufrieran graves violaciones de derechos humanos. En febrero, un tribunal administrativo falló por primera vez que la inacción de las autoridades frente al cambio climático era ilegal.
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