Francia 2025
Las autoridades no abordaron el racismo sistémico y hubo un aumento de los ataques antisemitas e islamófobos. Los avances hacia la reparación a Haití por el colonialismo fueron limitados. Persistían las restricciones desmesuradas de las protestas pacíficas, así como el uso excesivo de la fuerza por la policía. Quienes expresaban solidaridad con el pueblo palestino se enfrentaban a restricciones desproporcionadas. Hubo falta de transparencia en torno a las transferencias de armas. El uso ampliado de la videovigilancia asistida por inteligencia artificial suscitó gran preocupación. Las políticas migratorias perpetuaban la explotación de trabajadoras y trabajadores extranjeros racializados. Se reformó la definición legal de violación en consonancia con las normas internacionales. La acción climática fue insuficiente para alcanzar los objetivos de 2030.
Información general
El año se caracterizó por la inestabilidad política derivada de los sucesivos cambios de gobierno que tuvieron lugar a raíz de la disolución de la Asamblea Nacional en 2024.
Las declaraciones antiderechos que cuestionaban abiertamente el Estado de derecho estaban cada vez más extendidas.
Discriminación
El auge del discurso de odio racista, incluso por parte de dirigentes políticos, y de los delitos por motivos racistas, incluidos casos de antisemitismo e islamofobia, suscitó gran preocupación. Con todo, el gobierno siguió sin abordar el racismo sistémico ni recopilar datos fiables, y persistió en discriminar a las mujeres y niñas musulmanas que llevaban hiyab.
Tras los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de 2024, en los que se había prohibido a las atletas francesas llevar el hiyab deportivo, las autoridades intensificaron sus medidas y discursos islamófobos con sesgo de género. En febrero, el Ministerio de Deportes publicó una guía sobre “laicismo y religión en el ámbito del deporte” que imponía limitaciones desproporcionadas y discriminatorias a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y expresión.
El 18 de febrero, el Senado aprobó un proyecto de ley que prohibía llevar símbolos religiosos en competiciones deportivas y en piscinas. El 5 de marzo se publicó el informe de una investigación de la Asamblea Nacional sobre “tendencias comunitarias e islamistas en el deporte” que apoyaba la adopción de la prohibición. Al terminar el año, la Asamblea Nacional aún no había sometido a debate el proyecto de ley.
En mayo, el Senado rechazó un proyecto de ley que abordaba los controles de identidad discriminatorios de la policía.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En abril se cumplieron 200 años desde que Francia exigiera a Haití el pago de una indemnización por la pérdida de las ganancias coloniales derivadas de la mano de obra esclavizada. En abril, el presidente Macron había anunciado la creación de una comisión conjunta francohaitiana con el cometido de examinar el “pasado común” de ambos países y formular “recomendaciones a ambos gobiernos que permitan aprender lecciones y construir un futuro más pacífico”. Aun siendo un paso positivo hacia la reparación por la esclavitud y el colonialismo, la declaración no situaba a las comunidades afectadas en el centro de este proceso ni reconocía la obligación de Francia, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, de proporcionar una reparación. A raíz de las reclamaciones de una reparación largo tiempo esperada, la Asamblea Nacional aprobó en junio una resolución dirigida al reconocimiento, la restitución y la reparación por Francia de la “doble deuda” de Haití.
El 29 de julio, Francia dictó una nueva orden de detención contra el expresidente de Siria Bachar al Asad por ataques con armas químicas en 2013. La orden anterior había sido anulada por la máxima instancia judicial de Francia ese mismo mes debido a que, en el momento de dictarse, Asad tenía inmunidad personal como presidente.
Libertad de expresión y de reunión
Quienes expresaban solidaridad con el pueblo palestino se enfrentaron a restricciones excesivas y desproporcionadas. Las autoridades impusieron prohibiciones generales preventivas a múltiples manifestaciones en varias ciudades. En París se cambió el recorrido de una de ellas tras una prohibición parcial declarada por el prefecto de la policía de París.
Tres estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París (comúnmente conocido como Sciences Po) fueron expulsados y 10 suspendidos tras protestar contra el genocidio israelí de la población palestina y expresar su preocupación por los convenios de esa universidad con centros académicos israelíes. Se cancelaron conferencias sobre Palestina en universidades de Estrasburgo, París y otras ciudades.
En marzo, el prefecto de la policía de París prohibió una marcha feminista organizada por el colectivo Insurrection Trans alegando riesgo para el orden público; sin embargo, la marcha se pudo hacer tras un recurso judicial urgente.
También se actuó contra otros grupos. En julio, el prefecto de Tarn prohibió con carácter preventivo las concentraciones de oposición a la autopista A69. Se iniciaron procesos penales contra activistas medioambientales. En septiembre, dos activistas fueron condenadas a prisión —una de ellas con una condena condicional— por rociar de pintura la residencia oficial del primer ministro en el marco de una campaña en favor de medidas de renovación enfocadas al ahorro energético. Dichas penas figuraban entre las sanciones más severas impuestas hasta la fecha en Francia por un acto de desobediencia civil.
Las autoridades anunciaron la disolución de la asociación Urgence Palestine, pero al final del año no la habían llevado a cabo, aunque sí habían congelado las cuentas bancarias del líder principal del grupo, Omar Alsoumi.
El 10 de septiembre, el Ministerio del Interior publicó una guía operativa sobre violencia urbana, con el objetivo declarado de distinguir la gestión de la “violencia urbana” de la de las manifestaciones.
En septiembre, una comisión parlamentaria de investigación publicó su informe sobre los efectos psicológicos de TikTok en niños, niñas y jóvenes. El informe ponía de relieve motivos de preocupación acerca del sistema de recomendaciones de la plataforma y aconsejaba prohibir el uso de las redes sociales a menores de 15 años, a pesar de la preocupación que suscitaba el riesgo de que esa prohibición restringiera indebidamente los derechos de la juventud a la libertad de expresión y de reunión pacífica en Internet. El presidente de la República Francesa y la ministra delegada de Inteligencia Artificial y Tecnología Digital también pidieron que se adoptara una prohibición.
Uso ilícito de la fuerza
Se acusó a las fuerzas de seguridad de hacer uso excesivo de la fuerza en manifestaciones celebradas los días 10 y 18 de septiembre y de impedir a periodistas desempeñar su labor de informar sobre las protestas. En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó preocupación por los informes sobre el uso de armas de letalidad reducida, como granadas paralizantes y lanzaproyectiles, que con frecuencia causaban lesiones graves.
El Comité señaló con especial preocupación el número de muertes resultantes del uso de armas de fuego por agentes encargados de hacer cumplir la ley en controles de tráfico y subrayó que el artículo L.435-1 del Código de Seguridad Interna parecía haber ampliado el ámbito de la defensa propia para los agentes de policía más allá de lo razonable, lo que había contribuido a un aumento del número de muertes causadas por armas de fuego policiales. También destacó que los casos de uso excesivo de la fuerza afectaban de manera desproporcionada a miembros de grupos minoritarios, en particular a los de origen africano o árabe, a los pertenecientes a pueblos indígenas y a los migrantes.
En junio fue acusado formalmente de asesinato el agente de policía que en 2023 había matado de un tiro a Nahel Merzouk, francés de ascendencia norteafricana de 17 años.
Transferencias irresponsables de armas
Persistió la falta de transparencia en torno a las transferencias de armas y el gobierno incumplió el requisito legal de informar antes de fin de mayo sobre las realizadas el año anterior. Francia siguió concediendo licencias de exportación de material bélico a Israel pese a los llamamientos de mecanismos expertos de la ONU en favor del cese inmediato de tales transferencias, que probablemente violaban el derecho internacional humanitario. Aunque las autoridades declararon que Francia no exportaba material susceptible de ser utilizado en la Franja de Gaza, el sur de Líbano o en el Territorio Palestino Ocupado, la persistente falta de transparencia hacía difícil corroborar esta información.
Impunidad
A pesar de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional pendientes contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Francia permitió que su avión sobrevolara su territorio en tres ocasiones.
Vigilancia ilícita
En mayo, el gobierno presentó un proyecto de ley sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 que permitía el uso de tecnología de videovigilancia masiva asistida por inteligencia artificial hasta diciembre de 2027. El proyecto renovaba el uso de la tecnología de vigilancia empleada en los Juegos Olímpicos de 2024, a pesar del grave peligro que representaba para los derechos humanos, especialmente los de las personas racializadas, como advertía la sociedad civil.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las políticas migratorias francesas perpetuaban un sistema que explotaba y perjudicaba a los trabajadores y trabajadoras extranjeros racializados. En noviembre se publicó una investigación que confirmaba conclusiones anteriores según las cuales el sistema y las normas sobre migración que regulaban el derecho al trabajo y la estancia en Francia perpetuaban la explotación de estas personas.1 El sistema atentaba directamente contra sus derechos humanos de múltiples formas y las hacía vulnerables a sufrir violaciones de derechos secundarios y afines debido a los retrasos administrativos y otros problemas sistémicos.
Muchas figuras políticas siguieron empleando una retórica dañina y xenófoba contra las personas migrantes, en particular las racializadas. Esta retórica también era omnipresente en los debates en torno a la legislación aprobada por la Asamblea Nacional para limitar los derechos de las personas refugiadas y migrantes. En julio se aprobó una reforma que facilitaba la detención de personas migrantes declaradas culpables de “delitos de especial gravedad” y con “alto riesgo de reincidencia”. Otras reformas aprobadas imponían más trabas para obtener la nacionalidad francesa a los niños y niñas nacidos en el territorio de Mayotte.
Francia y Reino Unido continuaron forjando acuerdos centrados en “medidas disuasorias” y socavaban los derechos de las personas migrantes al no establecer rutas alternativas legales y seguras. Más de 41.000 personas intentaron cruzar en barco el canal de la Mancha, la segunda cifra más alta desde 2022. Al final del año, según la agencia de noticias AFP, al menos 29 habían muerto intentando llegar en barco a Reino Unido desde Francia, cantidad inferior a la de 2024 pero superior a la de 2023.
En julio, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo concluyó que las personas palestinas procedentes de Gaza cumplían los requisitos para ser reconocidas como refugiadas ya que, debido a su nacionalidad, corrían un peligro real de persecución por las fuerzas armadas israelíes si eran devueltas. Sin embargo, en agosto, Francia suspendió temporalmente la recepción de personas palestinas que huían de la Franja de Gaza ocupada.
Violencia por motivos de género
En octubre, el Parlamento aprobó una ley que modificó la definición legal de violación para incluir el concepto de consentimiento en consonancia con las normas internacionales.
Según datos oficiales publicados en octubre, 107 mujeres habían sido asesinadas por su pareja o expareja en 2024. Los datos de organizaciones feministas correspondientes al mismo periodo señalaban que la cifra de mujeres asesinadas era de 141. De acuerdo con estas organizaciones, en 2025 fueron asesinadas 164 mujeres.
Derecho a un medioambiente saludable
La sociedad civil y el Alto Consejo para el Clima criticaron el tercer Plan de Adaptación Nacional del gobierno, publicado en marzo, por su falta de medidas concretas para proteger a las poblaciones vulnerables y por una financiación muy insuficiente. En el mismo mes, 14 víctimas y asociaciones de víctimas de catástrofes climáticas demandaron al Estado por no proteger a la población de los efectos del cambio climático.
En julio, el Consejo Superior del Clima publicó su informe anual, en el que concluyó que la acción climática de Francia en 2024 había sido insuficiente y que era necesario redoblar el ritmo de la descarbonización para alcanzar el objetivo de 2030. En lugar de reforzar la acción contra el cambio climático, las autoridades pusieron en peligro el Acuerdo de París al adoptar o proponer varias medidas —como recortes presupuestarios y condiciones para la adopción de la contribución determinada a nivel nacional de la UE— que socavaban las políticas climáticas y medioambientales.