El gobierno presentó un proyecto de política sobre medios de comunicación que, de ser aprobado, le conferiría nuevas facultades para regular y controlar a periodistas y medios de comunicación. Las medidas coercitivas de aplicación de la ley no consiguieron frenar la violencia interétnica, que se saldó con la muerte de 150 personas y el desplazamiento de miles más. Siguió estando muy restringido el acceso a atención médica adecuada. Se autorizó la reanudación de la explotación de una mina de oro, previamente relacionada con abusos graves contra los derechos humanos y daños ambientales, pese a que la empresa implicada no se había ocupado adecuadamente de ellos.
Leer másNo aplica la pena de muerte para ningún delito
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