Papúa Nueva Guinea 2023
El gobierno presentó un proyecto de política sobre medios de comunicación que, de ser aprobado, le conferiría nuevas facultades para regular y controlar a periodistas y medios de comunicación. Las medidas coercitivas de aplicación de la ley no consiguieron frenar la violencia interétnica, que se saldó con la muerte de 150 personas y el desplazamiento de miles más. Siguió estando muy restringido el acceso a atención médica adecuada. Se autorizó la reanudación de la explotación de una mina de oro, previamente relacionada con abusos graves contra los derechos humanos y daños ambientales, pese a que la empresa implicada no se había ocupado adecuadamente de ellos.
Información general
La región autónoma de Bougainville siguió presionando para que se hiciera efectivo el resultado del referéndum de 2019 sobre su independencia, proceso paralizado por la polémica surgida en torno a la reapertura de la mina de cobre de Panguna, que constituiría la principal fuente de ingresos de la Bougainville independiente. El ministro de Asuntos Exteriores, Justin Tkatchenko, dimitió en mayo, tras las protestas que desencadenaron sus presuntos comentarios racistas con respecto a quienes habían criticado sus despilfarros económicos y los de sus familiares para asistir a la coronación del rey Carlos III en Reino Unido.
Libertad de expresión
El 12 de febrero, el gobierno publicó un proyecto de Política Nacional sobre Medios de Comunicación que incluía propuestas para regular a periodistas y medios de comunicación y al Consejo de Medios de Comunicación de Papúa Nueva Guinea, organismo independiente. El periodo inicial de consulta pública, de sólo 12 días, fue prorrogado tras haber solicitado el Consejo de Medios de Comunicación una consulta más inclusiva sobre un instrumento jurídico que incrementaría el control gubernamental de los medios de comunicación y socavaría la libertad de prensa. Al concluir el año seguía sin aprobarse la legislación necesaria para que esta controvertida política se hiciera efectiva.
En junio, el gobierno emitió una directiva que prohibía el acceso de los medios de comunicación a ciertas zonas del Parlamento. Esta prohibición venía a sumarse a las medidas aprobadas en 2022 que restringían el acceso de los medios de comunicación a autoridades gubernamentales.
Derecho a la vida
La arraigada violencia interétnica, que se había recrudecido en torno a las elecciones nacionales de 2022, se intensificó aún más en las provincias de Enga, Hela y Tierras Altas del Sur, en la región de las Tierras Altas. En julio, el gobierno provincial de Enga impuso provisionalmente un toque de queda nocturno con el fin de frenar la violencia. Sin embargo, ésta provocó desplazamientos generalizados y, según informes, en agosto hubo más de 150 muertes en la provincia. Ese mismo mes, el comisario nacional de policía emitió una directiva por la que se permitía utilizar fuerza letal contra cualquier persona que llevara armas de fuego, machetes y otras armas en las provincias afectadas.
Derecho a la salud
Se seguía negando el derecho a una atención sanitaria adecuada a una gran parte de la población debido a la falta crónica de recursos del sistema de salud. Se había calculado que en 2023 sólo recibirían medicamentos antirretrovirales aproximadamente el 72% de las personas que vivían con el VIH, y los programas de prevención del VIH no llegarían a más de la mitad de la población de riesgo, incluidos los trabajadores y trabajadoras sexuales, los hombres que mantenían relaciones homosexuales y las personas transgénero.
Derecho a un medioambiente saludable
En marzo, la empresa minera canadiense Barrick Gold Corporation anunció su intención de reabrir la mina de cobre y oro de Porgera en la provincia de Enga, situada en las Tierras Altas, y recibió autorización del gobierno para ello, pese a la degradación ambiental y los graves abusos contra los derechos humanos —incluidas violaciones, agresiones sexuales y desalojos forzosos— que habían precedido su cierre en 2020. Los pueblos indígenas afectados y las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que la indemnización que ofrecía Barrick era insuficiente, y que la empresa no se había ocupado de la contaminación ambiental provocada por anteriores actividades mineras en ese lugar.
En abril, el director financiero y otra miembro del personal de la Autoridad de Cambio Climático y Desarrollo, organismo responsable de la coordinación de políticas y acciones nacionales relativas al cambio climático, fueron acusados de corrupción y apropiación indebida de una cantidad equivalente a unos 1,3 millones de dólares estadounidenses procedentes de fondos destinados a proyectos de mitigación del cambio climático.
Una investigación efectuada por un medio de comunicación australiano sacó a la luz la tala ilegal efectuada en la provincia de Nueva Irlanda por una empresa que promocionaba un programa de “créditos de carbono”. Al parecer, la tala comercial había sido autorizada en la zona por funcionarios del gobierno corruptos.