Papúa Nueva Guinea 2024
Las autoridades continuaron restringiendo la libertad de prensa y el derecho de reunión pacífica. Siguió sin remitir la violencia de género. La respuesta de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la violencia interétnica y relacionada con las bandas fue ineficaz. Una nueva ley prometía mayor protección ambiental, pero los compromisos climáticos se vieron socavados por proyectos mineros que destruían el medioambiente, por la corrupción y por la tala ilegal.
Información general
En mayo, se produjo un corrimiento de tierras en la provincia de Enga (región de las Tierras Altas) que provocó más de 160 muertes y afectó al derecho a la vida y a los medios de sustento en una región ya de por sí asolada por la violencia. Cinco años después de que la población de la región autónoma de Bougainville hubiera votado a favor de la independencia, el Parlamento de Papúa Nueva Guinea seguía sin promulgar ninguna ley que hiciera efectivo el resultado del referéndum.
Libertad de expresión y de reunión pacífica
En la capital del país, Port Moresby, y en la ciudad costera de Lae, la policía protagonizó en enero una serie de protestas en torno a sus salarios que desembocaron en disturbios y saqueos y se saldaron con 25 muertes.1 Según informes, una parte de los disturbios fueron provocados por agentes de policía. Las autoridades no investigaron las muertes.
Las autoridades mantuvieron sus planes de incrementar las restricciones a la libertad de prensa mediante una Política Nacional sobre Medios de Comunicación que permitiría regular a periodistas, medios de comunicación y el Consejo de Medios de Comunicación de Papúa Nueva Guinea, hasta entonces independiente. El borrador de esa política, presentado en 2023 y revisado en julio, fue aprobado en noviembre.
Se seguía hostigando e intimidando a periodistas y personal de medios de comunicación. En agosto, las autoridades impidieron a una periodista del servicio de noticias online BenarNews asistir a una conferencia de prensa con el presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, debido, al parecer, a la línea informativa de ese medio con respecto a la situación de los derechos humanos en la zona indonesia de Papúa (véase el apartado sobre Indonesia).
La legislación sobre difamación penalizaba la libertad de expresión. En agosto, el Tribunal Supremo resolvió que la Ley de Ciberdelincuencia de 2016, que preveía penas de 25 años de prisión y cuantiosas multas, no socavaba el derecho constitucional a la libertad de expresión. La demanda a la que respondía el Tribunal había sido presentada por la periodista Kila Aoneka Wari, acusada de difamación en aplicación de dicha ley en 2022.
Las autoridades restringieron también las protestas pacíficas. En julio, la policía detuvo a seis hombres por quemar una bandera nacional durante una protesta contra el desalojo de asentamientos informales de la zona de Bush Wara, en Port Moresby. Todos ellos fueron acusados de “empleo indebido de la bandera nacional” en aplicación de la Ley de Identidad Nacional, y de reunión ilegal en aplicación del Código Penal.
Derecho a la vida
En varias provincias de la región de las Tierras Altas persistían tanto la violencia interétnica como la relacionada con bandas, a pesar de que durante el año se impusieron nuevos toques de queda y restricciones a la libertad de circulación y se autorizó el empleo de fuerza letal contra cualquier persona que portara un arma. Eran escasos los procesamientos judiciales por delitos cometidos en el contexto de la violencia interétnica.
A lo largo del año se informó de más de 80 homicidios por violencia interétnica cometidos en la provincia de Enga, incluidos los alrededores de la explotación minera de Porgera. En julio murieron 26 personas —16 de ellas, menores de edad— en la provincia de Sepik Oriental a consecuencia de violencia relacionada con bandas.
Violencia por motivos de género
Según un estudio académico publicado en julio, en los casos de acusación de brujería, las agresiones que sufrían las mujeres y las niñas eran más violentas que las que sufrían los hombres. Además, las mujeres que sobrevivían tenían menos posibilidades de acceder a la justicia a través de los tribunales.
Derecho a un medioambiente saludable
En febrero, el Parlamento aprobó la Ley de Áreas Protegidas, de conformidad con la cual el 30% del país sería designado como zona protegida. Sin embargo, el movimiento ecologista expresó dudas sobre la aplicabilidad de la ley.
Con el fin de obtener ingresos económicos y promover el desarrollo, el país siguió centrándose en la extracción de combustibles fósiles y en otros proyectos mineros que destruían el medioambiente. Asimismo, la tala ilegal socavó los compromisos asumidos por el gobierno en la lucha contra el cambio climático.