© Valery Sharifulin/TASS

Se ha restablecido la calma en Kazajistán, pero siguen sin responderse preguntas acuciantes sobre las múltiples violaciones de derechos humanos

A principios de enero de 2022, miles de personas tomaron las calles de Kazajistán para protestar contra el drástico aumento del precio del combustible. El descontento económico rápidamente dio lugar a reivindicaciones populares más amplias contra la corrupción, el estancamiento político y la injusticia generalizada. Las autoridades respondieron con hostilidad a quienes se manifestaban, atacaron y silenciaron a periodistas y activistas, y reprimieron la libertad de expresión y el flujo de información independiente.

Un acontecimiento alarmante fue que, al aumentar los daños a bienes o propiedades y la cifra de víctimas, el presidente Kassym-Jomart Tokayev ordenó a las tropas disparar sin previo aviso. Además, al extenderse las manifestaciones y estallar la violencia en Almaty y otros lugares, las autoridades cerraron Internet y deshabilitaron las redes sociales y otros medios de comunicación digital. En un clima de violencia y caos de acontecimientos que se sucedían rápidamente, el gobierno dejó de manera deliberada en la oscuridad a la población de Kazajistán y a la comunidad internacional e impidió que pudieran encontrar la información fundamental necesaria para hacer el seguimiento de lo que allí estaba pasando. Como dijo la defensora local de los derechos humanos Tatyana Chernobil, “el cierre total de Internet en todo el país durante más de un día y en algunas regiones incluso más básicamente dejó a la población incomunicada.” Se obstaculizaron los esfuerzos de las personas que podían haber ofrecido esa información, como periodistas independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos, que sufrieron represalias de las autoridades e incluso fueron señaladas públicamente por el presidente como presuntas responsables de provocar los problemas.

Actualmente, las autoridades parecen haber restablecido el orden y tienen el control total de la situación en las calles. El gobierno ha levantado el bloqueo de Internet y, a diferencia de los primeros días de las protestas, ahora podemos comunicarnos con nuestros compañeros y compañeras de Kazajistán. Sin embargo, en ningún caso estamos cerca de entender todo lo que rodeó a estos acontecimientos, y sigue habiendo muchas preguntas que las autoridades no han respondido. Para favorecer la transparencia y aplacar las especulaciones dañinas y el miedo, el presidente Kassym-Jomart Tokayev y su gobierno deben ofrecer sin demora respuestas directas y honestas a estas preguntas acuciantes.

Para favorecer la transparencia y aplacar las especulaciones dañinas y el miedo, el presidente Kassym-Jomart Tokayev y su gobierno deben ofrecer sin demora respuestas directas y honestas a estas preguntas acuciantes.

Las autoridades llevaron a detenciones en masa para responder a las protestas pacíficas y los estallidos de violencia y, bajo su propia responsabilidad, mantuvieron recluidas a cerca de 10.000 personas a fecha de 11 de enero. Actualmente la cifra se ha reducido. Según la declaración realizada el 20 de enero por el presidente, las autoridades mantienen detenidas a unas 2.000 personas. Pero sigue habiendo preguntas acuciantes que no se han respondido. ¿Cuántos de los detenidos eran manifestantes pacíficos arrestados en aplicación de la estricta ley kazaja sobre reuniones públicas? ¿Cuáles son los motivos de su detención y qué indicios hay contra esas personas para mantenerlas recluidas? ¿Cuáles son las condiciones de su reclusión? ¿Tienen acceso a asistencia letrada? ¿Están siendo llevadas con prontitud ante un tribunal para que se examine la legalidad de su detención? ¿Se les está permitiendo comunicarse con el mundo exterior y se está notificando su paradero a sus familiares u otras personas? Sin respuestas claras a estas preguntas, el pueblo de Kazajistán y la comunidad internacional se temen lo peor.

Hasta la fecha, las autoridades han dado mensajes contradictorios e imprecisos sobre a quién estaban deteniendo para tratar de restablecer el orden. Dado el historial de falta de respeto del derecho a la libertad de reunión en Kazajistán, es lógico que haya honda preocupación por que muchas de las personas detenidas estuvieran simplemente ejerciendo pacíficamente sus derechos y se vieran atropelladas por una operación de la policía y de las fuerzas de seguridad demasiado agresiva.

En virtud de la indebidamente restrictiva legislación de Kazajistán, sólo se permiten las protestas callejeras que cuentan con el permiso expreso previo de las autoridades, e incluso éste se niega de manera habitual y arbitraria. Las protestas espontáneas, aunque sean pacíficas, son “ilegales” en Kazajistán. En virtud de esa legislación, cualquiera de los miles de personas de todo el país que se unieron a las protestas en enero pueden ser objeto de fuertes sanciones, incluidas multas y hasta 10 días de “detención administrativa” (hasta 25 días si hay reiteración en un mismo año). Se trata de un encarcelamiento breve impuesto por ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Al haber poco a poco más información disponible, hemos podido confirmar un número creciente de casos concretos de detenciones en todo el país. En ellos figuraban periodistas, como Lukpan Akhmediarov de Uralskaya Nedelya y Daryn Nursapar de Altaynews, arrestados por informar de la situación en la calle. De hecho, el Ministerio de Información confirmó el 19 de enero que hasta 18 periodistas habían sido arrestados y recluidos durante horas; a seis de ellos se les impuso “detención administrativa”. Los activistas Marua Eskendirova y Omangeldy Ozazbaev, de Uralsk, fueron arrestados y detenidos durante 20 días por visitar a un compañero en el hospital, acto que las autoridades calificaron de “protesta ilegal”.

El 19 de de enero, el Ministerio de Información confirmó que hasta 18 periodistas habían sido arrestados y recluidos durante horas; a seis de ellos se les impuso “detención administrativa”.

Hay algunos casos más terribles todavía. El activista ambiental Artyom Sochnev, de Stepnogorsk, podría hacer frente a enjuiciamiento penal por el “delito” de “incitación a la discordia social” en relación con su piquete solitario del 4 de enero para solidarizarse con otras personas manifestantes.

Como sucede con las preguntas que siguen pendientes sobre la escala y la naturaleza de las detenciones relacionadas con los acontecimientos de principios de enero, también se nos ha dejado sin información básica sobre la personas muertas en los disturbios. El 1 de enero, las autoridades anunciaron con reticencias que 225 habían muerto en las protestas, e identificó a 9 de ellas como personal policial o militar. No obstante, esa cifra puede no reflejar el panorama completo. La coalición de ONG Kazajistán contra la Tortura declaró el 19 de enero que “sigue sin conocerse la cifra exacta de personas muertas y heridas, entre ellas las víctimas civiles”.

La falta de transparencia sobre las circunstancias de las muertes de civiles y de cualquier uso de fuerza letal por agentes encargados de hacer cumplir la ley ha sido especialmente preocupante. “Desde la perspectiva de los derechos humanos, el gobierno todavía tiene que explicar y rendir cuentas por las restricciones y el estado de excepción relacionado con el terrorismo en todo el país”, ha afirmado Tatyana Chernobil, “por ejemplo, el presidente debe explicar su orden de emplear fuerza letal sin previo aviso, y el hecho de que un día antes, el 6 de enero, la policía disparara con munición real contra manifestantes pacíficos en Almaty, matando al menos a una persona e hiriendo a otras muchas”.

El presidente debe explicar su orden de emplear fuerza letal sin previo aviso, y el hecho de que un día antes, el 6 de enero, la policía disparara con munición real contra manifestantes pacíficos en Almaty, matando al menos a una persona e hiriendo a otras muchas

Asimismo, la práctica de recluir en régimen de incomunicación a personas detenidas, a lo que hay que sumar las denuncias iniciales sobre los malos tratos infligidos a personas bajo custodia, ha suscitado preocupación y consternación. Hay personas buscando a familiares suyos que desaparecieron durante las protestas. Se están recibiendo más informes de personas a las que la policía disparó o golpeó y de otras personas a las que se interrogó vulnerando su derecho fundamental a un juicio justo. Otro ejemplo, ya hay dos relatos de torturas infligidas por la policía en Atyrau: uno de ellos es el de Zinat Urynbasarov, que pasó una noche en el pabellón deportivo de la Jefatura de la Policía Local y presenció torturas y otros malos tratos, y otro, el de Sergei Shutov, que fue sometido a tortura y otros malos tratos durante 11 horas en ese mismo lugar.

En sus declaraciones, la coalición de ONG Kazajistán contra la Tortura confirmó que la policía había torturado a gente, pero informó de que no se había iniciado ni una sola investigación sobre la conducta policial. El derecho a no sufrir tortura es un derecho absoluto que no puede limitarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando está en vigor un estado de excepción.

La coalición de ONG Kazajistán contra la Tortura confirmó que la policía había torturado a gente, pero informó de que no se había iniciado ni una sola investigación sobre la conducta policial

La vulnerabilidad de las personas detenidas frente a los abusos se ve exacerbada por el problema endémico de la violación del derecho a un juicio justo, no sólo en los procedimientos penales sino también en los administrativos. Tatyana Chernobil expresó preocupación y afirmó que “otro problema son los juicios administrativos rápidos en todo el país que no respetan el debido proceso y que dan lugar a encarcelamientos masivos, incluidos los de varios periodistas. La gente denunció cientos, probablemente miles, de casos de civiles arrestados a los que se les negó el acceso a asistencia letrada y a sus familias”. La justicia y el acceso a recursos jurídicos efectivos, salvaguardias contra la tortura, y el absoluto respeto del derecho a un juicio justo son fundamentales para garantizar la plena rendición de cuentas efectiva por todos los abusos cometidos en Kazajistán durante los turbulentos acontecimientos de enero de 2022.

La actual crisis en Kazajistán es el resultado de muchos años de restricciones persistentes impuestas por el gobierno, del menoscabo de derechos humanos y libertades fundamentales y de la persecución que sufren quienes tratan de ejercer sus derechos. Esta situación debe terminar. El único modo de que Kazajistán supere esta crisis es a través del pleno respeto de todos los derechos humanos de todas las personas del país. Y ahora mismo el derecho a la libertad de expresión es primordial: todo el mundo, y especialmente el pueblo de Kazajistán, tiene derecho a saber qué pasó exactamente durante las últimas semanas y qué vendrá después.