Las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, al tiempo que reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En su nuevo informe “Only Official Sources”: Indoctrination in the Russian Educational System, Amnistía documenta cómo se somete a los niños y niñas de toda Rusia y la Ucrania ocupada por Rusia a la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central. Asimismo detalla cómo profesoras y profesores reciben instrucciones de vigilar a sus estudiantes online, recopilar archivos con información sobre las opiniones que expresan e informar de las opiniones disidentes sobre asuntos políticos y sociales a las autoridades.
“Los centros escolares rusos han dejado de ser templos del saber para convertirse en fábricas de sumisión. El Estado ruso es quien determina lo que niños y niñas deben aprender de Rusia, sus vecinos y el resto del mundo. Aunque utilizar las escuelas para hacer propaganda política no es exclusivo de Rusia, la intensidad y la dimensión de las iniciativas del Kremlin para colocar el adoctrinamiento en el centro del sistema educativo las convierten en sistémicas”, ha manifestado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
Aunque utilizar las escuelas para hacer propaganda política no es exclusivo de Rusia, la intensidad y la dimensión de las iniciativas del Kremlin para colocar el adoctrinamiento en el centro del sistema educativo las convierten en sistémicas.
Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central
“Los libros de texto rusos presentan una visión única de la historia que justifica cualquier decisión tomada en Moscú para usar la fuerza contra sus vecinos. Describen la agresión en curso de Rusia contra Ucrania como una necesidad histórica y una cuestión de supervivencia nacional, mientras que cualquier opinión alternativa se tacha de ‘hostil’ o ‘destructiva’”.
Enseñanza uniforme de una cosmovisión
Desde 2023, el Ministerio de Educación ruso ha introducido un único conjunto obligatorio de libros de texto de historia y otros materiales educativos que describen Rusia como una “fortaleza sitiada”, niegan o reducen la identidad de Ucrania y su condición de Estado, y presentan todas las intervenciones militares soviéticas y rusas como necesarias o legítimas.
Una educación concebida para privar a niños y niñas de la oportunidad de formarse sus propias opiniones y aprender a pensar de forma crítica e independiente en su etapa formativa es incompatible con las leyes y normas de derechos humanos. El enfoque de Rusia vulnera sus obligaciones en virtud de varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que la educación esté dirigida a “inculcar […] el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales” y a preparar a los niños y niñas para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de “comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos”.
Los intentos de Rusia de formar una población estudiantil obediente e incondicional se refuerzan a través de coacciones, vigilancia y el uso de perfiles.
“Las autoridades rusas están adoptando medidas ‘profilácticas’ que conllevan no sólo la difusión de propaganda, sino también la vigilancia clandestina y constante del alumnado dentro y fuera de las aulas, incluso en Internet. Aunque en teoría se hace para prevenir el “extremismo”, el “terrorismo” y las “ideologías destructivas”, en la práctica estas directrices fomentan el control de las ideas políticas, religiosas y personales de los niños y niñas”, ha dicho Marie Struthers.
De la protección a la vigilancia
Se anima a las escuelas a identificar a estudiantes y miembros del personal cuyas opiniones, actividades online y asociaciones expresen deslealtad o susceptibilidad a influencias “destructivas”; esta definición es tan amplia que se incluyen grupos de oposición pacífica y de la sociedad civil. Entre estos grupos están la Fundación Anticorrupción del fallecido Alexei Navalny, el movimiento juvenil de protesta Vesna y el inexistente “movimiento internacional LGBT” —constructo jurídico inventado para criminalizar el activismo LGBTI—, todos ellos penalizados sólo por alzar la voz en favor de los derechos humanos.
Incluso ejercer la disidencia de formas que no están formalmente prohibidas en Rusia, como comentar los efectos negativos de la guerra de Ucrania en el nivel de vida, puede verse como una señal de alarma y dar lugar a que alumnos y alumnas sean clasificados como “en riesgo” y sus opiniones sobre la guerra, los “valores tradicionales” y la política del Estado sean registradas y remitidas a la dirección escolar, la policía o los servicios de seguridad.
“Las autoridades rusas han demostrado no tener límites en cuanto a lo que son capaces de hacer para imponer su narrativa ideológica profundamente politizada a la siguiente generación, y para asegurarse de que se identifica y sanciona a quienes no se atienen a esa narrativa. Esto constituye una violación del derecho de la infancia a la intimidad y a la libertad de expresión y de asociación, socava la confianza en la escuela y arrebata a los niños su individualidad”, ha dicho Marie Struthers.
“La mente de un niño o una niña no es propiedad del Estado. Sin embargo, las autoridades rusas parecen tratar las aulas como terreno de siembra que debe inspeccionarse en busca de los primeros brotes de disidencia cívica para poder extirparlos antes de que crezcan.”
La mente de un niño o una niña no es propiedad del Estado. Sin embargo, las autoridades rusas parecen tratar las aulas como terreno de siembra que debe inspeccionarse en busca de los primeros brotes de disidencia cívica para poder extirparlos antes de que crezcan.”
Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central
Amnistía Internacional pide a las autoridades rusas que garanticen que el programa de estudios, los libros de texto y otros materiales educativos no coarten ni impidan la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas ni contienen desinformación o socavan el respeto a los derechos humanos. Estudiantes y docentes deben tener acceso a una amplia diversidad de fuentes y poder debatir libremente sobre acontecimientos históricos y actuales sin miedo a represalias.
Las autoridades deben anular todas las leyes y normas que castigan la expresión pacífica o excluyen las voces disidentes de la educación, poner fin de inmediato a las actividades ilícitas de vigilancia y uso de perfiles sobre el alumnado y el personal educador, destruir todos los datos recopilados ilegalmente, ofrecer recursos efectivos y reparación a las personas afectadas y obligar a rendir cuentas a quienes han cometido violaciones de derechos humanos.
Asimismo, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que plantee estos asuntos ante las autoridades rusas en todos los foros, apoye el trabajo de la sociedad civil independiente contra la propaganda y la persecución en la educación, ayude a quienes sufren tal persecución, entre otras cosas ofreciéndoles visados si es necesario, y garantice que la ayuda al desarrollo no se utiliza para perpetuar estas violaciones de derechos humanos.