Participantes en una protesta a favor de la eliminación de los combustibles fósiles durante la COP28, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el Centro de Exposiciones de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 5 de diciembre de 2023. La COP28, celebrada del 30 de noviembre al 12 de diciembre, se centra en pedir el fin del uso y la producción de combustibles fósiles.

Global: Información imprescindible sobre lo que sucedió en la COP28

La conferencia sobre el clima de Dubái (COP28) llegó a su fin tras 14 días con un acuerdo que reconoce por primera vez la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles. A continuación explicamos lo que hay que saber sobre esta conferencia, aclamada por algunas voces como “histórica” y tachada por otras de “sentencia de muerte”.

¿Qué ha sucedido en la COP28 y qué significa en realidad la referencia a los combustibles fósiles?

La decisión general en la que participaron las casi 200 partes de la COP28 fue la relativa al balance mundial, una evaluación quinquenal sobre el estado de la acción por el clima y de los progresos realizados en relación con los objetivos a largo plazo adoptados en el Acuerdo de París de 2015.

En el balance mundial de la COP28, las partes acordaron “hacer una transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos”. Esta referencia explícita a los combustibles fósiles, relacionándolos con la crisis climática, constituye una primicia en las negociaciones mundiales sobre el clima. Esta señal —si bien débil y alejada de la eliminación rápida, justa, completa y financiada que pedimos— refleja la multitud de acciones de campaña sobre el cambio climático que durante decenios se han llevado a cabo por iniciativa popular con el objetivo de evidenciar los peligros y los perjuicios causados por la producción y el uso de combustibles fósiles, y el daño y la amenaza que éstos suponen para los derechos humanos.

Este acuerdo, denominado “Consenso de Emiratos Árabes Unidos”, fue descrito por la presidencia de la COP28 como un paso “histórico”, pero sigue existiendo una enorme brecha entre sus aspiraciones y la impartición de justicia climática, ya que el acuerdo deja lagunas para el sector de los combustibles fósiles y los compromisos económicos adquiridos en la conferencia fueron deplorablemente insuficientes.

El texto final del balance mundial concede al sector de los combustibles fósiles una amplia licencia para seguir operando como hasta ahora, contaminando, acaparando tierras, destrozando el clima, degradando el medio ambiente y erosionando los derechos humanos. El grupo de presión de los combustibles fósiles acogió con satisfacción su llamamiento a acelerar las tecnologías para la mitigación del cambio climático —como los métodos de captura, almacenamiento y eliminación de carbono— a pesar de que son arriesgadas, su eficacia no está demostrada y no se pueden ampliar a una escala suficiente como para lograr la reducción de emisiones necesaria. La transición hacia el abandono de los combustibles fósiles sólo se aplica a los “sistemas energéticos”, pero no a su uso en los plásticos, el transporte o la agricultura. El acuerdo dice que “los combustibles de transición pueden desempeñar un papel en facilitar la transición energética, garantizando al mismo tiempo la seguridad energética”, una referencia codificada al gas fósil. El compromiso de triplicar la capacidad de producción de energía renovable para 2030 es un avance, pero todos los proyectos de energías renovables deben respetar los derechos humanos y beneficiar a las comunidades locales.

En cuanto a la financiación, los 188 millones de dólares estadounidenses prometidos para “adaptación” con el fin de ayudar a los Estados más necesitados de asistencia a fortalecer su resiliencia a la crisis climática —algo más de la mitad del objetivo de 300 millones de dólares— se quedaron abismalmente cortos con respecto a los muchos miles de millones de dólares necesarios, especialmente cuando muchos Estados insulares se enfrentan a una crisis existencial y los derechos de miles de millones de personas, a menudo de comunidades marginadas, están amenazados.

El margen de tiempo disponible para evitar los peores efectos del cambio climático es extremadamente pequeño, pero aún existe y se pueden lograr avances.

El acuerdo sobre el fondo para pérdidas y daños era una buena noticia, ¿verdad?

Durante decenios se hizo campaña para exigir un fondo que proporcionara recursos efectivos a las comunidades afectadas por las consecuencias ineludibles del cambio climático o los fenómenos meteorológicos extremos, y les permitiera reconstruir su vida. Tras acordarse finalmente en la COP27 la creación de este fondo para pérdidas y daños, el último año se ha dedicado a negociar cómo debe gestionarse y financiarse. La COP28 ha resuelto la cuestión en gran medida, pero la financiación prometida hasta ahora por unos pocos países es totalmente insuficiente para que el fondo surta efecto. Se necesitan miles de millones de dólares, pero apenas se han prometido unos pocos cientos.

Basándonos en el principio de que quien contamina paga, según el cual los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero deben reparar los daños climáticos que han causado, hemos pedido a todos los países desarrollados y a otros que estén en condiciones de hacerlo, incluidos los Estados productores de combustibles fósiles de ingresos elevados, que aumenten significativamente sus contribuciones económicas. Estados Unidos, el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero, sólo se comprometió a aportar 17,5 millones de dólares.

Sigue habiendo dudas sobre cómo administrará el fondo el Banco Mundial, al que se ha encargado su gestión. Le pedimos que adopte un enfoque compatible con los derechos humanos, que garantice la participación efectiva de las comunidades afectadas y la sociedad civil en el funcionamiento del fondo y en las decisiones sobre financiación. Queremos que las comunidades afectadas accedan directamente a la financiación mediante ayudas en forma de subvenciones, en lugar de préstamos, para evitar aumentar el endeudamiento de los países en desarrollo.

¿Ha sido Emiratos Árabes Unidos un buen anfitrión de la conferencia?

Al ser un Estado petrolero autoritario y extremadamente represivo que sigue ampliando su propia producción de combustibles fósiles, Emiratos Árabes Unidos siempre fue un candidato poco probable para acoger una conferencia inclusiva destinada a proteger el clima mundial y los derechos humanos, y así ha resultado ser. Los esfuerzos de los intereses empresariales por hacerse con la COP se aceleraron, tanto por el nombramiento por Emiratos Árabes Unidos de Sultan Al Jaber —director de la empresa estatal de gas y petróleo ADNOC— como presidente de la COP, como por la asistencia de un número récord de lobistas y ejecutivos del sector de los combustibles fósiles. El cinismo de EAU se confirmó al recibir el país al presidente ruso Putin para mantener conversaciones en Abu Dabi durante la conferencia, que en parte giraron en tono a las exportaciones de petróleo.

Dentro de la Zona Azul (el área de la COP28 controlada por la ONU), se fijaron límites inusualmente restrictivos a la inclusión de la sociedad civil y sus acciones que impidieron lograr un resultado participativo y significativo para todas las partes interesadas. Se filmaba y vigilaba a los y las activistas, lo que generó un clima intimidatorio. Fuera de la Zona Azul regían las prohibiciones de EAU sobre los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica y la criminalización de cualquier crítica a las autoridades.

EAU podría haber aprovechado la atención que recibe la COP para dar señales de que el país estaba dispuesto a pasar página y atender nuestra petición de poner en libertad a decenas de disidentes a los que mantiene injustamente encarcelados, muchos de ellos desde hace más de diez años. Sin embargo, durante la conferencia inició, con todo descaro, un nuevo juicio masivo de disidentes con el que intenta ampliar las condenas de decenas de personas a las que ha recluido injustamente —entre ellas muchos presos de conciencia— procesándolas por un nuevo conjunto de cargos falsos de “terrorismo”. Entre los acusados se encuentra Ahmed Mansoor, el último activista de derechos humanos que trabajaba abiertamente en EAU y que lleva recluido desde 2017.

¿Dónde nos deja esto en cuanto al calentamiento global y los derechos humanos?

El texto final de la COP28 se enmarca en el acuerdo alcanzado en París en 2015 de tratar de limitar el aumento de la temperatura media mundial este siglo a 1,5˚ Celsius por encima de los niveles preindustriales, y con ello evitar los peores efectos del cambio climático.

Sin embargo, el acuerdo no aborda específicamente cómo lograrlo. Establece plazos y objetivos de reducción de emisiones, pero no especifica cómo alcanzarlos, salvo en términos muy vagos. Se supone que el balance mundial acordado debe orientar a los Estados en la revisión de sus propios objetivos y trayectorias individuales —conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional—, que deben presentarse entre finales de 2024 y principios de 2025, antes de la COP30 que se celebrará en Belém (Brasil). El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma que las contribuciones determinadas a nivel nacional actuales son insuficientes para mantenerse por debajo del límite de 1,5 ˚C, incluso si se implementan plenamente. Según las previsiones, si seguimos como hasta ahora, sin cambios, se producirá un catastrófico aumento de 2,9 ˚C este siglo.

Este año, las temperaturas medias mundiales serán las más cálidas jamás registradas por una diferencia significativa —un aumento de entorno al 1,4 ˚C que agota prácticamente el margen de 1,5 ˚C— y los gases de efecto invernadero en la atmósfera presentan concentraciones nunca antes registradas y en rápido aumento.

Sabemos que el calentamiento global provoca fenómenos meteorológicos más extremos, como tormentas más fuertes y frecuentes, la intensificación tanto de las sequías como de las lluvias, el aumento de la frecuencia y gravedad de los incendios forestales, así como la intensificación de fenómenos de evolución lenta, como la elevación del nivel del mar y el deshielo de los glaciares, que amenazan a comunidades de todo el mundo. Algunas naciones insulares del Pacífico que corren el riesgo de verse inundadas por la elevación del nivel del mar, las marejadas, la erosión costera o la salinización de tierras, describieron el resultado de la COP28 como una “sentencia de muerte”.

La creciente contaminación atmosférica provocada por la quema de combustibles fósiles está teniendo consecuencias catastróficas para la salud humana y vulnera el derecho universal de las personas a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. A las delegaciones les debería haber bastado con respirar la contaminación atmosférica de Dubái para comprenderlo.

Además de poner en peligro vidas y destrozar bienes, el cambio climático perturba la biodiversidad y daña los ecosistemas de los que depende el ser humano, afectando de forma desproporcionada a los pueblos indígenas. También devasta las cosechas, reduce el acceso a los alimentos y al agua, intensifica la competencia por los recursos y aumenta los conflictos, el desplazamiento y la migración, lo que afecta a una enorme variedad de otros derechos. Están en juego los derechos humanos de miles de millones de personas.

¿Dónde se celebrará la COP el año próximo? ¿Eso importa?

Tras meses de tensa discusión, Azerbaiyán —otro Estado autoritario productor de petróleo con un historial espantoso de represión de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica— se convertirá en anfitrión de la COP29.

Los ingresos procedentes de los combustibles fósiles representan aproximadamente la mitad de la economía azerbaiyana y la gran mayoría de sus ingresos de exportaciones. La empresa estatal integrada de petróleo y gas SOCAR es una importante fuente de ingresos para el gobierno del presidente Aliyev, que prácticamente ha aplastado cualquier oposición mediante la detención arbitraria, la tortura y el hostigamiento y detención continuos de periodistas, así como la eliminación de la sociedad civil.

Lo más probable es que la COP29 sirva a los intereses del gobierno anfitrión y del sector de los combustibles fósiles, en detrimento de una conferencia inclusiva que acoja la participación significativa de los pueblos indígenas, los grupos marginados, las personas que ejercen el activismo climático y los defensores y defensoras de los derechos humanos, y que salvaguarde los derechos de los miles de millones de personas que se encuentran amenazadas por el cambio climático.

Es hora de garantizar que se concede a los derechos humanos un papel preponderante en las reuniones organizadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tal y como han acordado las partes. Amnistía Internacional pide que se hagan públicos de forma sistemática los acuerdos sobre designación de sedes de la COP, a fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. La Convención también debe elaborar una política clara en materia de conflictos de intereses y un marco de rendición de cuentas sólido para garantizar que las empresas de combustibles fósiles no influyen indebidamente en los resultados e impiden la transición justa y equitativa hacia las energías renovables, que tan urgentemente necesitamos, para todas las personas.