En respuesta al acuerdo alcanzado hoy por la UE sobre la nueva legislación relativa a las empresas y los derechos humanos, llamada Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad], Hannah Storey, asesora de política sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Al llegar a un acuerdo sobre esta legislación que exige a las grandes empresas que identifiquen y aborden las consecuencias adversas que sus actividades tienen para los derechos humanos y el medioambiente, la UE ha transmitido un enérgico mensaje de que las grandes empresas en Europa no deben seguir ignorando su impacto negativo en los derechos humanos, donde quiera que se produzca”.
La UE ha transmitido un enérgico mensaje de que las grandes empresas en Europa no deben seguir ignorando su impacto negativo en los derechos humanos, donde quiera que se produzca.
Hannah Storey, asesora de política sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional
“Eso significa que la gente que en Nigeria sufre una desastrosa contaminación por petróleo, o las personas obligadas a trabajar en plantaciones de aceite de palma en Indonesia, o las comunidades desalojadas forzosamente para dejar espacio a las minas de cobalto en la República Democrática del Congo, pueden tener finalmente una vía para hacer que las grandes empresas europeas rindan cuentas de los daños que causan en materia de derechos humanos.”
“Esta nueva ley establece importantes requisitos en materia de derechos humanos para las empresas —unos requisitos sobre los que Amnistía Internacional lleva tiempo haciendo campaña—, pero la UE no ha llegado lo suficientemente lejos. Sabemos que los Estados miembros de la UE han introducido un vacío legal que significa que las empresas no están obligadas a abordar todos los daños que causan en materia de derechos humanos.”
“Las empresas que fabrican productos potencialmente peligrosos, incluidos armas y programas espía, no estarán obligadas a evaluar cómo pueden los usuarios finales utilizar sus productos para dañar los derechos humanos. Las exenciones al sector financiero significan que los inversores podrían seguir financiando proyectos que dañen a las personas y al planeta, y la Directiva sólo se aplica a las empresas muy grandes, lo que significa que muchas otras podrán seguir causando daño a los derechos humanos sin ningún control.”
Información complementaria
Hoy se ha alcanzado, entre representantes del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, compuesto por ministros y ministras de los Estados miembros, un acuerdo político sobre la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. Estamos a la espera del texto definitivo. La versión acordada de la legislación se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, que votarán el texto a principios del año que viene, antes de que, según lo previsto, entre en vigor.