Los grupos armados y las fuerzas de seguridad seguían cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos en el nordeste del país. Los grupos armados secuestraron y mataron a cientos de civiles. Las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques indiscriminados contra civiles durante sus operaciones de contrainsurgencia. Durante el año, el gobernador del estado de Borno llevó a cabo reasentamientos forzosos de personas internamente desplazadas y cierres de campos de acogida. Más de 3.494 personas murieron en actos de violencia entre comunidades y en ataques de bandidos, y más de 5.290 fueron secuestradas por bandidos y otros hombres armados para pedir rescate por ellas. Se vulneraba de forma habitual el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Se detuvo o interrogó a periodistas y activistas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas, a veces con consecuencias letales. Cientos de personas que se habían manifestado contra las fuerzas de seguridad en 2020 permanecían detenidas. Las autoridades menoscabaron el derecho a la salud, y el personal sanitario recurrió a la huelga. Las autoridades desalojaron por la fuerza a miles de personas de sus hogares.
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