El grupo armado Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas seguían cometiendo graves delitos en el nordeste del país, incluidos crímenes de guerra y probables crímenes de lesa humanidad. Boko Haram mató a cientos de civiles y llevó a cabo secuestros selectivos de mujeres y niñas. Las fuerzas gubernamentales realizaron ataques indiscriminados contra poblados y continuaron recluyendo a miles de personas en condiciones inhumanas. En las regiones noroccidental y septentrional-central, más de 1.500 personas murieron en actos de violencia entre comunidades y ataques de bandidos. En todas partes, el uso excesivo de la fuerza dio lugar a homicidios ilegítimos, y la tortura y otros malos tratos eran prácticas muy extendidas. Seguía sin conocerse la suerte de miembros del Movimiento Islámico de Nigeria desaparecidos en 2015. Mientras tanto, persistía la impunidad por estos crímenes. Se vulneró de forma habitual el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y asociación. En el contexto de la COVID-19, aumentó la violencia de género y se menoscabó el derecho a la salud. Miles de personas fueron objeto de desalojo forzoso de sus viviendas.
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