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Singapur: Pongan fin a la oleada de ahorcamientos y dicten de inmediato una moratoria de las ejecuciones

En respuesta a la ejecución del ciudadano malasio Kalwant Singh en Singapur, junto con otro hombre, Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Una vez más, Singapur ha ejecutado a personas declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas, en contra de lo dispuesto por el derecho internacional y despreciando insensiblemente la indignación pública”.

“Con su actitud contraria a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, Singapur es uno de los sólo cuatro países de los que se sabe que han ejecutado a personas por delitos relacionados con las drogas en los últimos años. La pena de muerte nunca es la solución, y nos oponemos a ella incondicionalmente. No hay ninguna prueba de que tenga un efecto disuasorio especial frente al delito”.

La pena de muerte nunca es la solución, y nos oponemos a ella incondicionalmente.

Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación

A pesar de que el tribunal concluyó que el papel de Kalwant se limitaba al transporte de drogas, la fiscalía negó al acusado un certificado de ayuda sustancial. Por tanto, el tribunal lo condenó a la pena de muerte preceptiva. El recurso de última hora presentado por Kalwant, que pedía que se revisara la decisión de no concederle el certificado, fue rechazado por el Tribunal de Apelación un día antes de la ejecución.

La semana pasada, en una entrevista con los medios de comunicación, el Ministro de Justicia, K Shanmugam, defendió públicamente el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas en Singapur, y citó el reconocimiento brindado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de los problemas causados por las drogas en el sureste asiático.

“En contra de lo que afirman las autoridades de Singapur, tanto la UNODC como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) —órganos de la ONU encargados de la prevención del delito y la política sobre drogas— han condenado el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, y han instado a los gobiernos a avanzar hacia la abolición. De hecho, la Posición común del sistema de la ONU sobre políticas de drogas ha sido siempre la de instar a los gobiernos a apartarse de las respuestas punitivas a causa de su poca eficacia a la hora de reducir el tráfico de drogas o abordar el consumo y el suministro de drogas.”

“El gobierno tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas, y su uso de la pena de muerte constituye una violación flagrante de derechos humanos. Instamos a las autoridades de Singapur a detener de inmediato esta última oleada de ahorcamientos y dictar una moratoria de las ejecuciones, como paso para poner fin a esta pena vergonzosa e inhumana.”

Información complementaria

Kalwant Singh, ciudadano malasio, fue declarado culpable y condenado preceptivamente a muerte en 2016 por un delito de tráfico de drogas cometido en 2013. El Tribunal Superior concluyó que había actuado de “correo”, pero la fiscalía no le proporcionó un certificado de ayuda sustancial, requisito para que los jueces puedan decidir entre la pena de muerte y la cadena perpetua con azotes con vara. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia condenatoria y la pena de muerte en 2016.

Las autoridades de Singapur fijaron su ejecución para el 7 de julio de 2022, sin dejar apenas tiempo a su familia para organizar el viaje desde Malasia. Otro hombre también fue declarado culpable en la misma causa y condenado preceptivamente a muerte por tráfico de drogas. Su ejecución también se fijó para el 7 de julio.

Singapur ha llevado a cabo cuatro ejecuciones este año, todas ellas de personas condenadas por delitos de drogas, después de una pausa de más de dos años durante la pandemia.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. En la actualidad, 110 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.