La impunidad arraigada ha envalentonado a la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA), financiada por el Estado, a cometer homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, interceptación y posterior detención arbitraria de personas migrantes y refugiadas, tortura, trabajos forzados y otras violaciones terribles de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Creada en virtud de un decreto gubernamental en enero de 2021, la milicia SSA está comandada por uno de los líderes de milicias más poderosos de Trípoli, Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”, que fue nombrado a pesar de un historial bien documentado de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por milicias bajo su mando.
“Legitimar a líderes de milicias que cometen abusos y ponerlos a sueldo del Estado sin hacer preguntas sólo los empodera para seguir pisoteando los derechos de más personas con total impunidad. No sorprende, pues, que la nueva milicia de Abdel Ghani al Kikli esté implicada una vez más en crímenes terribles sea contra personas migrantes y refugiadas o contra la propia población libia”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Hace más de un decenio que las milicias bajo su mando aterrorizan a quienes viven en el barrio de Abu Salim de Trípoli con desapariciones forzadas, torturas, homicidios ilegítimos y otros crímenes de derecho internacional. Debería ser investigado y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesado en un juicio justo”.
Amnistía Internacional escribió el 19 de abril de 2022 a las autoridades libias en relación con las denuncias recibidas contra Abdel Ghani al Kikli y su antiguo adjunto, Lotfi al Harari, y ha reclamado que, mientras se llevan a cabo investigaciones, se destituya a ambos de los cargos que les permitan cometer nuevas violaciones, injerirse en las investigaciones o darles inmunidad procesal. No se ha recibido ninguna respuesta a tiempo para su publicación.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Libia en febrero y habló con nueve personas que dijeron haber sufrido violaciones graves de derechos humanos a manos de miembros de la SSA, así como con ocho familiares y tres activistas.
Personas migrantes interceptadas y detenidas en condiciones ínfimas
Representantes del Ministerio del Interior en Trípoli confirmaron a Amnistía Internacional que la SSA intercepta a personas refugiadas y migrantes en el mar y las lleva a centros de detención bajo control de la SSA, y que ese Ministerio no supervisaba las operaciones de la milicia dado que ésta depende del primer ministro y no del Ministerio del Interior. Cuando se les preguntó por el fundamento jurídico por el que la SSA participaba en operaciones de interceptación, los representantes del Ministerio del Interior dijeron desconocerlo.
Tres personas migrantes contaron a Amnistía Internacional que, junto con cientos de personas más, fueron recluidas en febrero de 2022 en el centro de detención de Al Mayah, masificado y mal ventilado, controlado por la SSA, donde les dieron poca comida o agua y se vieron obligadas a beber agua de la letrina. Dijeron a Amnistía Internacional que había visto a los guardias golpear habitualmente a personas migrantes y refugiadas detenidas y someterlas a trabajos forzados, violación y otros actos de violencia sexual, incluida la prostitución forzada.
La SSA no facilita información sobre el número de personas recluidas en el centro de detención de Al Mayah ni permite el acceso de organizaciones independiente.
Las interceptaciones por la SSA de personas refugiadas y migrantes en el mar desde septiembre de 2021 se caracterizan por denuncias de violencia que han causado muertes en el mar. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 18 de febrero de 2022, milicianos de la SSA fueron responsables de la muerte de un hombre y de las heridas sufridas por otros durante la interceptación de una embarcación en la que personas migrantes y refugiadas cruzaban el Mediterráneo.
“La detención arbitraria masiva, la tortura, los trabajos forzados, la violación y otras terribles violaciones de derechos a manos de milicianos de la SSA contra personas refugiadas y migrantes son otro triste recordatorio más de que las personas refugiadas y migrantes interceptadas en el mar no deben ser devueltas nunca a Libia. La UE y sus Estados miembros deben suspender urgentemente toda cooperación con Libia en materia de migración y control de fronteras, y garantizar que cualquier cooperación en el futuro está supeditada a que las autoridades libias pongan fin a la política de detención arbitraria de personas migrantes y refugiadas, e investiguen efectivamente los abusos que se cometen contra ellas”, dijo Diana Eltahawy.
Personas libias detenidas sometidas a desaparición forzada, palizas, violencia sexual y muerte bajo custodia
Amnistía Internacional ha documentado crímenes recientes que incluyen desapariciones forzadas y muertes bajo custodia a manos de milicianos de la SSA bajo el mando de “Gheniwa”. Por ejemplo, en agosto de 2021 fue encontrado el cadáver de un hombre de 34 años con señales claras de tortura. Había sido secuestrado unos días antes en Trípoli por hombres vinculados a la SSA.
Legitimar a líderes de milicias que cometen abusos y ponerlos a sueldo del Estado sin hacer preguntas sólo los empodera para seguir pisoteando los derechos de más personas con total impunidad.
Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
En los últimos 10 años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, homicidios ilegítimos y otros crímenes de derecho internacional cometidos por la milicia Fuerzas de Seguridad Central-Abu Salim y su predecesor, el Consejo Militar Abu Salim, bajo el mando de “Gheniwa” y su entonces adjunto y jefe de investigaciones Lotfi al Harari, que ahora dirige la Agencia de Seguridad Interna con sede en Trípoli, otra milicia implicada en crímenes y violaciones de derechos humanos.
Seis personas que estuvieron recluidas entre 2016 y 2019 en un centro de detención dirigido por las Fuerzas de Seguridad Central-Abu Salim cuando su comandante era “Gheniwa”, dijeron a Amnistía Internacional que, estando bajo custodia, habían sido objeto de simulacros de ejecución, privación de alimentos, palizas, descargas eléctricas, violencia sexual y denegación de atención médica.
Un hombre que estuvo detenido entre mayo y octubre de 2018 dijo que le pegaban habitualmente con tuberías de agua, palos y culatas de fusiles mientras estaba encerrado en una habitación diminuta sin aseo. En varias ocasiones, dijo, Lotfi al Harari le pegó, amenazó con violarlo y le disparó con munición real.
Otro hombre recluido en la misma época dijo a Amnistía Internacional que Lotfi al Harari le había ordenado a él y a otros detenidos que permanecieran de pie contra la pared y luego les había disparado con su pistola, lo que había causado heridas en las extremidades a algunos de ellos.
La mayoría de las personas recluidas han sido objeto de desaparición forzada, pues los milicianos se niegan a informar a las familias de su suerte y paradero durante meses y a veces años. A las que son excarceladas se les advierte que no hablen.
Las familias de ocho hombres dijeron a Amnistía Internacional que las Fuerzas de Seguridad Central-Abu Salim habían secuestrado y detenido a sus seres queridos entre 2017 y 2022; hasta la fecha se desconoce la suerte de algunos de ellos. Un hombre fue secuestrado en 2017 en el barrio de Abu Salim por hombres que, según testigos, trabajaban para las Fuerzas de Seguridad Central-Abu Salim. Su familia acudió a la fiscalía en busca de ayuda y dijo que un fiscal había telefoneado a Lotfi al Hariri, que confirmó que el hombre estaba bajo custodia. Aun así, cuando la familia visitó el centro de detención, los milicianos negaron en seis ocasiones que estuviera bajo custodia y el fiscal les dijo que no podía hacer nada.
Según el derecho penal internacional, los comandantes tienen responsabilidad penal individual si saben o deberían haber sabido que personas subordinadas iban a cometer o estaban cometiendo un crimen y no tomaron todas las medidas necesarias y razonables en su mano para impedirlo o, si el crimen se cometió, no exigieron cuentas a las personas responsables.
La SSA tiene encomendada la protección de los edificios oficiales y de las autoridades, la participación en operaciones de combate, la captura de personas sospechosas de crímenes contra la seguridad nacional y la cooperación con otros organismos de seguridad.
La milicia SSA fue creada formalmente por decreto gubernamental en enero de 2021. El presupuesto para 2021 propuesto por el Gobierno de Unidad Nacional destinaba 40 millones de dinares libios (8,9 millones de dólares estadounidenses) a la SSA, de los que 5 millones (1,1 millones de dólares) eran para pagar salarios. También se hacen pagos específicos: en febrero de 2022, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdelhamid Debibah, autorizó un pago de 132 millones de dinares libios (alrededor de 28 millones de dólares estadounidenses) a la SSA.
Desde su creación, la milicia ha ampliado con rapidez su influencia más allá de Trípoli hasta Al Zawiya y poblaciones del oeste de Libia.