En todo Estados Unidos, las fuerzas policiales han cometido violaciones de derechos humanos atroces y generalizadas en respuesta a manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra el racismo y la violencia policial sistémicos, que incluyen el homicidio de personas negras.

Amnistía Internacional ha documentado 125 casos distintos de violencia policial contra manifestantes ocurridos en 40 estados y el Distrito de Columbiaentre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020. Estos actos de fuerza excesiva han sido cometidos por miembros de departamentos locales y estatales de policía, así como por tropas de la Guardia Nacional y agentes de las fuerzas de seguridad de diferentes organismos federales. Tales abusos incluyen palizas, empleo indebido de gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta, y disparos injustificados, y en ocasiones indiscriminados, con proyectiles menos letales, como granadas de esponja y balas de goma.

Datos sobre nuestro análisis

500
vídeos analizados
125
incidentes
40
estados y el Distrito de Columbia

Investigación basada en fuentes de acceso público

Para evaluar estos incidentes, el proyecto Evidence Lab de Amnistía Internacional para situaciones de crisis recopiló casi 500 vídeos de protestas publicados en plataformas de redes sociales. Este contenido digital fue luego verificado, geolocalizado y analizado por un equipo de investigación con conocimientos especializados en armas, tácticas policiales y disposiciones del derecho internacional y la legislación estadounidense relativas al uso de la fuerza. En algunos casos, el equipo pudo también entrevistar a las víctimas o confirmar la conducta policial con declaraciones de los departamentos locales de policía.

Estas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía estadounidense contra manifestantes pacíficos—desproporcionadas e innecesarias para lograr un objetivo legítimo de aplicación de la ley— son especialmente deplorables porque se han cometido contra quienes se manifestaban para denunciar ese mismo comportamiento policial.

La mayoría de estas protestas han sido pacíficas aunque, en algunas de ellas, una minoría ha cometido actos ilegítimos, incluidos actos violentos. En tales casos, las fuerzas de seguridad han respondido sistemáticamente con fuerza desproporcionada e indiscriminada contra manifestaciones enteras, sin distinguir, como exige la ley, entre quienes se manifestaban pacíficamente y quienes cometían actos ilegítimos.

Casos en todo Estados Unidos

Además de la gravedad de los abusos, lo más impactante de los incidentes documentados por Amnistía Internacional es su amplio ámbito geográfico, que revela que el problema de la violencia policial afecta a todo el país.

El 30 de mayo, una patrulla conjunta de policía de Mineápolis y personal de la Guardia Nacional de Minnesota disparó ilegítimamente proyectiles de impacto de 37/40 mm contra personas que se encontraban en actitud pacífica en el porche de sus casas. Al grito de “abran fuego”, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar. Este ataque se produjo aparentemente como represalia, porque la gente había salido de sus casas a pesar del toque de queda y estaba grabando a los agentes con sus teléfonos móviles.

El 1 de junio, la policía estatal de Pensilvania y la policía municipal de Filadelfia se enfrentaron a un grupo de manifestantes en una autopista que pasa por el centro de la ciudad. Incluso después de que la manifestación saliera de la calzada, la policía continuó utilizando pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno para empujar a la multitud hasta lo alto de una empinada cuesta donde quedó acorralada contra una alta verja.

Lizzie Horne, alumna de una escuela rabínica que formaba parte del grupo, describió así lo ocurrido:

“De repente comenzaron a pulverizar gas pimienta contra la multitud. En la mediana había un agente que estaba pulverizado también. Luego empezaron con el gas lacrimógeno. Alguien que estaba delante, al que un bote de gas lacrimógeno había golpeado en la cabeza, comenzó a retroceder rápidamente […] Estábamos contra una verja enorme que la gente tenía que saltar, en lo alto de una empinada cuesta. La verja debía de tener casi dos metros de alto. La gente empezó a poner las manos en alto, pero la policía no paraba […] No podíamos dejar de babear y toser […] La policía comenzó a subir la cuesta y continuó hostigando a la gente que estaba todavía allí; iba golpeando y derribando a la gente. Arrastraba a la gente cuesta abajo y la obligaba a ponerse de rodillas; la ponía en fila, arrodillada, en la mediana de la autopista con las manos atadas con abrazaderas, y le quitaba las mascarillas y volvía a pulverizarla y a gasearla.”

También el 1 de junio, en Washington D.C., personal de seguridad de varios organismos federales, incluidas la Policía de Parques y la Oficina de Prisiones, así como personal de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, cometió una variedad de violaciones de derechos humanos contra manifestantes en el parque Lafayette. Entre otras cosas, hizo uso indebido de diversos agentes para el control multitudes y lanzó granadas de “bolas de picadura”, que contienen gas pimienta y producen al explotar un destello aturdidor a la vez que lanzan indiscriminadamente postas de goma en todas direcciones.

Pero las violaciones de derechos humanos no se cometieron sólo en grandes ciudades. La policía local utilizó injustificadamente gas lacrimógeno contra protestas pacíficas en Murfreesboro (Tennessee); Sioux Falls (Dakota del Sur) y Conway (Arkansas), entre otras localidades. En la ciudad de Iowa (Iowa), la policía disparó gas lacrimógeno y lanzó granadas paralizantes contra manifestantes que se habían puesto de rodillas y coreaban: “manos arriba, no disparen”. En Huntington Beach (California), la policía disparó proyectiles de pimienta contra manifestantes que se habían tendido boca abajo en la calle. En Charlotte (Carolina del norte), la policía utilizó gas lacrimógeno para acorralar a manifestantes entre dos altos edificios y dispararles luego proyectiles de pimienta desde arriba. Durante una protesta celebrada en Salt Lake City (Utah), la policía disparó en la espalda un proyectil de impacto de 37/40 mm a un hombre sin hogar al que tenía sujeto. En Fort Waynne (Indiana), un periodista local perdió un ojo al dispararle la policía una granada de gas lacrimógeno en la cara.

De repente comenzaron a pulverizar gas pimienta contra la multitud. En la mediana había un agente que estaba pulverizando también. Luego empezaron con el gas lacrimógeno.

Lizzie Horne, alumna de una escuela rabínica de Filadelfia

Armas menos letales

Las armas menos letales —como el gas lacrimógeno y los pulverizadores de pimienta, y los proyectiles de impacto como porras, granadas de esponja y balas de goma— nunca deben utilizarse a corta distancia ni dirigirse a la cabeza, ya que pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte. En operaciones policiales de control del orden público, como el control de manifestaciones, no es legítimo en ningún caso utilizar proyectiles que emitan destellos o luces cegadores. Estas armas están diseñadas para desorientar al objetivo y, por tanto, su finalidad es contraria a la de armas como el gas lacrimógeno, que sólo debe utilizarse para dispersar multitudes en casos en los que la violencia sea tan generalizada que no haya ningún medio menos perjudicial de dispersión. Por esta razón, la policía nunca puede utilizar legítimamente armas que combinan gas y destellos, como las “Stinger Ball”, durante manifestaciones.

Derecho de reunión pacífica

Las normas internacionales y la Constitución de Estados Unidos obligan al gobierno estadounidense a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a nivel federal, estatal y municipal, tienen la obligación de respetar, proteger y facilitar las reuniones pacíficas.

Por tanto, sólo pueden usar la fuerza durante reuniones públicas cuando sea absolutamente necesario, y deben hacerlo de forma proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo de aplicación de la ley. Cualquier restricción de las reuniones públicas, incluido el uso de la fuerza contra manifestantes, no puede nunca discriminar por motivos de raza, etnia, ideología política o pertenencia a un determinado grupo social. El cumplimiento del toque de queda, en sí mismo, no es motivo razonable para usar la fuerza ni prevalece sobre el derecho de reunión pacífica ni el derecho a la libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El objetivo principal de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley durante el control de manifestaciones debe ser siempre facilitar de forma efectiva su celebración pacífica. Si es necesario dispersar una manifestación, por ejemplo, porque manifestantes individuales están cometiendo actos graves de violencia, los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden recurrir a la fuerza cuando sea evidente que los medios no violentos serían ineficaces. Si utilizan la fuerza, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben tratar de reducir al mínimo los daños y las lesiones, y garantizar que el uso de la fuerza es proporcional a la resistencia empleada por quienes se manifiestan. Incluso entonces, las autoridades deben distinguir estrictamente entre manifestantes pacíficos o viandantes y cualquier persona que ejerza activamente la violencia. Los actos violentos de una persona no justifican nunca el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes cuya actitud es en general pacífica, y la duración del uso de la fuerza debe limitarse a la mínima necesaria.

Para prevenir la impunidad y la repetición de los abusos, las autoridades estadounidenses deben investigar, enjuiciar y castigar el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía u otras entidades, y proporcionar reparaciones completas a las víctimas de tal violencia. Hasta la fecha, hay pocos indicios de que estas obligaciones se hayan tomado en serio en Estados Unidos.

Es hora de reformar la actuación policial en Estados Unidos

En respuesta a estas conclusiones, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para exigir una reforma sistémica de la policía en Estados Unidos con el fin de que los cuerpos policiales erradiquen las prácticas racistas y respeten los derechos humanos.