Sudán del Sur: La renovación del embargo de armas de la ONU, un paso positivo para proteger vidas

Ante la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU de renovar un año más el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur, Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha manifestado:

“Consideramos positiva la renovación del embargo de armas, ya que es fundamental restringir la afluencia de armas utilizadas para cometer crímenes de guerra, así como abusos y violaciones de derechos humanos, y pedimos al Consejo de Seguridad y los Estados miembros de la ONU que lo hagan cumplir con diligencia.”

Acogemos también con satisfacción los parámetros adoptados por el Consejo, que usará como referencia en diciembre de este año para revisar el embargo de armas, incluido el cumplimiento de todas las disposiciones del acuerdo de paz firmado por las partes del conflicto en Sudán del Sur en 2018. Estas disposiciones incluyen el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, la reforma de los sectores de la seguridad y la justicia en el país y la protección de los derechos humanos en todo momento.
Deprose Muchena

“La situación de los derechos humanos en Sudán del Sur sigue siendo crítica; fuerzas gubernamentales, combatientes de grupos armados de oposición y jóvenes armados continúan cometiendo violaciones de derechos humanos a diario en contravención de la Constitución del país, el acuerdo de paz reactivado en 2018 y el derecho internacional. Muchos civiles siguen siendo víctimas de homicidio o desplazamiento de sus hogares, niñas de hasta ocho años han sido sometidas a violaciones en grupo, y periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos continúan sufriendo acoso e intimidación.”

Información complementaria

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un documento donde pone de relieve pruebas documentadas de la importación reciente de armas pequeñas y munición, la ocultación ilícita de armas y el desvío de vehículos blindados para fines militares no autorizados. Estas pruebas indican que las partes del acuerdo de paz firmado en 2018, incluido el gobierno de Sudán del Sur, no se han adherido al embargo impuesto por la ONU ni han implementado las disposiciones pertinentes del acuerdo por las que también se comprometían a proteger los derechos humanos.

Documento público
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