Solución al tráfico de drogas en Sri Lanka

De Dinushika Dissanayake

Maru Sira (su nombre real era D.J. Siripala) murió el 7 de agosto de 1975 en la prisión de Bogambara, en Kandy. Fue ejecutado en la horca por orden del Estado. Había sido condenado in absentia por un delito de asesinato. Hubo mucha controversia en torno a su ejecución: estaba inconsciente cuando lo llevaron a la horca y lo tumbaron en una camilla sobre la trampilla de la horca con la soga alrededor del cuello. Según la información recibida, debido a la postura y a la caída, de tan sólo unos 70 cm —cuando habitualmente la distancia de caída es de casi 2 metros—, sufrió una lenta estrangulación que le causó la muerte por asfixia. Si hubiera estado de pie, su muerte habría sido instantánea. Se dice que tardó 18 minutos en morir por la forma en que se llevó a cabo su ejecución.

El horror de su ejecución seguramente haya dado a Maru Sira mucha más publicidad y fama que si hubiera continuado vivo. Su muerte le garantizó un lugar en la cultura popular, en el mundo del arte y en el cine, por la forma brutal en que le quitaron la vida, al amparo de la ley.

Desde 1976, Sri Lanka no ha llevado a cabo ninguna ejecución y ha sido un país abolicionista en la práctica. En este sentido, Sri Lanka sigue la tendencia global contraria a esta pena cruel. A finales de 2018, 106 países en todo el mundo habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación nacional y 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. En 2018, se produjo un descenso del 31% de las ejecuciones conocidas con respecto al año anterior, el total más bajo registrado por Amnistía Internacional en el último decenio. Este dato excluye las miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que continuaron realizándose en China.

Sin embargo, a pesar del historial de ausencia de ejecuciones en Sri Lanka durante los últimos 43 años, desde julio de 2018 el presidente Maithripala Sirisena ha expresado públicamente su determinación a reanudarlas.

A este anuncio le han seguido, en los últimos seis meses, varias acciones preocupantes con la intención de llevar a cabo ejecuciones. Además de suponer un alejamiento de la práctica estatal de los últimos cuatro decenios, los criterios para reanudar las ejecuciones en Sri Lanka son muy cuestionables.

El presidente Sirisena ha declarado en varias ocasiones que las primeras personas en ser ejecutadas serán quienes: a) cumplen condena por delitos relacionados con las drogas; b) trafican con drogas desde prisión; y c) son ciudadanos de Sri Lanka (este último criterio se añadió tras saberse que hay cuatro personas de nacionalidad pakistaní condenadas por delitos relacionados con las drogas que no se incluirían en la lista de personas que serán ejecutadas). Según informes, el Ministerio de Justicia envió una lista con 13 nombres al presidente, a petición suya. Todavía no está claro si estas personas desafortunadas cuyos nombres están en la “lista negra” han sido informadas de ello, o si están preparadas para el destino que ahora parece esperarles.

Para añadir más incertidumbre, tampoco está claro cómo decidirá el presidente quiénes, de entre las personas condenadas a muerte, han traficado con drogas desde prisión (que es un delito diferente y requiere una resolución judicial aparte). Para garantizar el derecho a un juicio justo, debe ser un tribunal y no las autoridades penitenciarias o el Ministerio de Justicia quienes determinen si una persona ha cometido o no un delito.

Estos principios están muy consolidados tanto en la legislación nacional como en el derecho internacional. Tanta ambigüedad enturbia la forma en que las 13 personas fueron seleccionadas para su ejecución. En febrero de 2019, había 48 personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas, a pesar de que este tipo de delitos no están entre los “delitos más graves” que, según el derecho internacional, pueden castigarse con la pena de muerte en los países donde todavía no se ha abolido. Además, en 2018 se impusieron al menos seis nuevas condenas a muerte por delitos relacionados con las drogas.

Como en la mayoría de países, el sistema de justicia penal en Sri Lanka no es perfecto y proliferan los casos de tortura y otros abusos bajo custodia, como destacó la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka en su informe al Comité contra la Tortura en 2016, que dice:

“la tortura se utiliza de forma sistemática en todo el país independientemente de la naturaleza del presunto delito por el que se arresta a una persona. Por ejemplo, se tortura a personas detenidas por presunto robo, posesión de drogas, agresión, búsqueda de tesoros o peleas familiares. La cultura de la impunidad que impera sobre las personas acusadas de tortura es a su vez un factor que contribuye al uso habitual de esta práctica como medio de interrogatorio e investigación”. Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, 2016

Además, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka y el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados han destacado otros problemas del sistema de justicia penal, que apuntan a una posible vulneración de las debidas garantías procesales y el derecho a un juicio justo en Sri Lanka. Estudios de diferentes países indican que las personas pertenecientes a entornos socioeconómicos desfavorecidos o a minorías raciales, étnicas o religiosas se ven desproporcionadamente afectadas por la pena capital. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha advertido que la pena de muerte afecta de forma desproporcionada a las personas que viven en la pobreza.

Si además nos planteamos en qué medida ejecutar a una persona ayuda a acabar con los delitos relacionados con las drogas, surgen más dudas. No hay pruebas que demuestren que la pena de muerte tenga un efecto especial a la hora de reducir la delincuencia. De hecho, hay indicios de que otros países han llegado a esta conclusión. Por ejemplo, en enero de 2018, en Irán —un país donde las cifras de ejecuciones, que se aplican a numerosos delitos, suelen ser elevadas—, se redujo el uso de la pena capital para los delitos relacionados con las drogas, lo que indica un reconocimiento de que la pena de muerte no disuade de cometer tales delitos.

En relación con estos delitos, la pena de muerte no sólo supone una violación del derecho y las normas internacionales, sino que además tiene poco impacto en el tema que intenta resolver.

Deben buscarse otras respuestas a los problemas relacionados con el tráfico de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha demostrado que, a pesar de las severas leyes penales, el tráfico de drogas es un negocio en auge y que las violaciones de derechos humanos se han generalizado en la denominada “guerra contra las drogas”. Los órganos de la ONU han admitido que las políticas punitivas sobre drogas, a pesar de contemplar penas severas, entre ellas la pena de muerte, son ineficaces para reducir el tráfico de drogas o resolver los problemas asociados a su consumo, producción y venta “y continúan socavando los derechos humanos y el bienestar de quienes consumen droga, sus familias y sus comunidades”.

Abordar las causas de fondo del problema es un elemento clave para encontrar soluciones reales y duraderas a los problemas que plantea el tráfico de drogas. Los gobiernos deben prestar atención especial a los factores socioeconómicos subyacentes que inducen a las personas a entrar en contacto con el mercado de la droga, como pueden ser los problemas de salud, la privación de educación, el desempleo, la falta de vivienda, la pobreza y la discriminación. Si la salud pública y los derechos humanos estuvieran en el centro de las políticas sobre drogas, los gobiernos estarían mejor posicionados para abordar otros problemas persistentes, como garantizar la igualdad y la no discriminación y evitar la violencia asociada a los mercados de drogas ilícitas.

También es importarte abordar las injusticias profundamente arraigadas en el sistema de justicia penal que impactan de forma desproporcionada en los grupos marginados. En este sentido, poner fin a las condenas a muerte por delitos relacionados con las drogas es un primer paso decisivo hacia la abolición total de este castigo cruel. Además, los gobiernos deberían también reformar su legislación penal y considerar la aplicación de medidas alternativas a la tipificación de delitos menores y no violentos relacionados con las drogas, que en su mayoría afectan a personas pertenecientes a grupos marginados, a menudo mujeres y personas de minorías raciales, étnicas o de otro tipo.

Sin duda, se debe acabar con el enorme poder corruptor que las bandas delictivas organizadas han conseguido gracias al mercado de drogas ilícitas. Pero, mientras los gobiernos no adopten políticas orientadas verdaderamente a la protección de la salud y los derechos humanos, la prohibición generalizada de las drogas continuará siendo una guerra contra las personas, que afecta especialmente a los sectores más pobres y marginados de la sociedad.

Reanudar las ejecuciones no sólo pondría en entredicho nuestra sociedad, sino que sería un oscuro capítulo de la historia de Sri Lanka difícil de explicar a las generaciones futuras. En lugar de centrarse en medidas punitivas y represivas para abordar los problemas relacionados con las drogas, el gobierno debería explorar nuevos modelos legislativos en los que la protección de la salud y los derechos humanos ocupen realmente un lugar central en la política estatal.

Este artículo se publicó por primera vez en inglés en GroundViews.