Libia: Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a destacados traficantes de personas son un paso positivo en la dirección adecuada

En respuesta a la noticia de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto la congelación global de activos y la prohibición de viajar a seis cabecillas de redes de tráfico de seres humanos —Ermias Ghermay, Fitiwi Abdelrazak, Ahmad Oumar Al Dabbashi, Musab Abu Qarin, Mohammed Kachlaf y Abd Al Rahman Al Milad—, Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África, ha declarado:

“La decisión tomada ayer por el Consejo de Seguridad de la ONU de sancionar a seis destacados traficantes de personas y pasadores de fronteras es un primer paso positivo hacia la justicia para las miles de personas migrantes y refugiadas que han quedado a merced de estos individuos en Libia. Estos seis hombres están acusados de algunos de los delitos más horrendos que puedan cometerse contra mujeres, hombres y niños y niñas, incluido su comercio y su envío a morir en el mar.”

“Estas sanciones envían el mensaje claro de que quienes explotan la situación de personas vulnerables no pasarán desapercibidos.”

“La comunidad internacional debe dar prioridad a intensificar las medidas para garantizar la rendición de cuentas. Es preciso llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes horrendos en juicios con garantías. Entretanto, estas sanciones son el primer paso hacia garantizar la justicia para las víctimas, así como hacia poner fin al ciclo de violencia y abusos que ha plagado Libia tras la revolución.”

En su informe Libya’s Dark Web of Collusion: Abuses Against Europe-Bound Refugees And Migrants, publicado en diciembre de 2017, Amnistía Internacional documentó los delitos cometidos por cuatro de los seis traficantes sancionados ayer. El informe también muestra que quienes buscan refugio y protección en Europa sufren de manera habitual violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios libios, así como abusos infligidos por grupos armados y bandas criminales, que a menudo actúan en estrecha colaboración y por conveniencia económica mutua.

En un país sin ley, las personas vulnerables que huyen del conflicto y la persecución se han convertido en un recursos explotable, un bien en torno al cual ha florecido toda una industria a la que se debe poner fin.