Las expulsiones de solicitantes de asilo de Eritrea y Sudán por parte del gobierno israelí son crueles e ilegales, dijo hoy Amnistía Internacional en la presentación de un nuevo informe titulado Forced and Unlawful: Israel’s Deportations of Eritrean and Sudanese Asylum-Seekers to Uganda.
En octubre de 2017, Israel anunció que comenzaría a expulsar a personas de nacionalidad eritrea y sudanesa a “terceros países” africanos que habían accedido a recibirlas —según numerosos informes, Uganda y Ruanda—. No obstante, el gobierno israelí no pudo confirmar qué países habían accedido a cooperar con acuerdos de expulsión, y el Tribunal Supremo ordenó la suspensión de todas las expulsiones de personas de nacionalidad sudanesa y eritrea. Pese a ello, Israel sigue practicando expulsiones “voluntarias” —iniciadas en el 2013— a Uganda.
Amnistía Internacional ha documentado que las expulsiones no cumplen los criterios de voluntariedad y son crueles e ilegales. Funcionarios israelíes han expedido documentos a personas expulsadas y les han dado garantías verbales de que en Uganda recibirán un permiso de residencia que les permitirá trabajar y las protegerá de la devolución a su país de origen. El gobierno de Uganda ha negado de forma sistemática la existencia de cualquier acuerdo para la recepción de personas expulsadas por Israel, negando implícitamente la presencia en su territorio de solicitantes de asilo procedentes de este país y negándose a reconocer cualquier obligación hacia ellas.
Las personas solicitantes de asilo expulsadas a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que cuando llegaron a Uganda descubrieron que las promesas del gobierno israelí eran papel mojado. En lugar de recibir un permiso de residencia, como se les había prometido, quedaron en situación migratoria irregular, lo que las dejó expuestas a ser detenidas, sin poder trabajar y en peligro de ser devueltas a su país de origen, lo que contraviene el principio de no devolución (non-refoulement).
“El disfuncional sistema de asilo israelí ha mantenido a las personas solicitantes de asilo de Eritrea y Sudán atrapadas en un limbo durante años. Estas personas, que llegaron a Israel buscando seguridad, han sido sometidas a detención prologada y violaciones de sus derechos humanos básicos al asilo, la salud y la seguridad. Ahora se enfrentan a la perspectiva igualmente desoladora de ser expulsadas a un país desconocido o devueltas a la persecución de la que huyeron”, explicó Charmain Mohamed, directora de Amnistía Internacional para los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
“Pedimos al gobierno israelí que detenga estos procedimientos, conceda a quienes solicitan asilo acceso a un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado justo y efectivo y una vía para regularizar su condición jurídica en Israel.”
En este informe, Amnistía Internacional realizó 30 entrevistas individuales en profundidad a personas solicitantes de asilo eritreas y sudanesas, entre ellas algunas que habían sido expulsadas a Uganda y Ruanda desde Israel, otras que aún estaban en Israel y un hombre que había sido devuelto a Sudán.
En el informe se documenta que Israel había ofrecido a muchas personas solicitantes de asilo la “opción” de ser expulsadas a un tercer país, devueltas a su país de origen o detenidas de forma indefinida.
Emanuel* es un solicitante de asilo eritreo que habló con Amnistía Internacional en marzo de 2018 desde la prisión israelí de Saharonim, donde se hallaba recluido desde noviembre de 2017 por negarse a ir a Ruanda.
Contó:
“Todos los días, todo el tiempo, los guardias penitenciarios y los funcionarios del Ministerio del Interior me dicen que haría mejor en irme a Ruanda. Me dicen: ‘Si no te vas a Ruanda, vas a salir de Israel en un ataúd’ […]. Pero tengo amigos en Ruanda que me han dicho que no vaya, que la situación es muy difícil. Prefiero morir en Eritrea, para que mi madre pueda visitar mi tumba, que ir a Ruanda o Uganda. Allí no tengo nada”.
Amnistía Internacional también documentó varios casos de personas solicitantes de asilo que habían sido expulsadas por Israel con la promesa de que se les concederían permisos de residencia y trabajo, y acabaron encontrándose con que no existía nada de eso. Ninguna de las personas solicitantes de asilo entrevistadas por Amnistía Internacional recibió un permiso de residencia a su llegada a Uganda, ni ningún otro documento que le permitiera permanecer en el país y trabajar.
Musa*, solicitante de asilo sudanés, fue expulsado a Uganda en 2017. Explicó a Amnistía Internacional:
“Cuando llegué al hotel, apareció un sudanés. Me dijo que si le daba 400 dólares estadounidenses me podía proporcionar papeles para permanecer en Uganda. Le di el dinero, pero nunca volví a verlo”.
Amnistía Internacional dice que las expulsiones de personas solicitantes de asilo eritreas y sudanesas por Israel, pese a ser consideradas “voluntarias” por el gobierno israelí, son ilegales en virtud del derecho internacional porque violan el principio de no devolución (refoulement)**.
El informe también destaca que el sistema de asilo israelí es intencionalmente disfuncional y difícil, y que las posibilidades de encontrar protección en Israel son prácticamente nulas para la mayoría de quienes solicitan refugio.
Amnistía Internacional recabó información sobre los casos de 262 personas solicitantes de asilo eritreas que entre 2012 y 2018 intentaron tramitar solicitudes de asilo en reiteradas ocasiones. La mayoría de ellas lo intentaron entre una y cuatro veces, pero 18 personas dijeron que lo habían intentado cinco o seis veces; y otras 14 dijeron que habían hecho siete intentos o más; de estas últimas, siete declararon haberlo intentado al menos en 10 ocasiones.
Pese a que el gobierno de Israel sostiene que las personas solicitantes de asilo eritreas y sudanesas son “migrantes económicas”, la mayoría de las personas de nacionalidad eritrea y sudanesa buscan protección frente a la persecución y otras violaciones graves de los derechos humanos. En los Estados miembros de la Unión Europea, el índice de aceptación de solicitudes de asilo de personas eritreas es del 90%, y del 55% en el caso de las sudanesas. En Israel, en cambio, es inferior al 0,5%.
“Israel es uno de los países más prósperos de la región, pero está maniobrando para eludir su responsabilidad de proporcionar refugio a quienes huyen de la guerra y la persecución y ya se encuentran en su territorio”, dijo Charmain Mohamed. “Incluso está tratando de trasferir esa responsabilidad a Uganda y a otros países que ya acogen a algunas de las mayores poblaciones de personas refugiadas del mundo.”
Información general
*Los nombres se han modificado para mantener el anonimato.
**La prohibición de expulsar a una persona al territorio de un país en el que corra un peligro real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos, o en el que no tendría protección frente a este tipo de expulsión.
El 17 de mayo de 2018, Amnistía Internacional envió una carta al primer ministro de Uganda, Ruhakana Rugunda, solicitando aclaración sobre cualquier conversación o acuerdo entre Uganda e Israel actualmente en curso. La carta resumía las conclusiones del informe y solicitaba más información sobre las personas solicitantes de asilo que han sido expulsadas a Uganda por Israel desde 2013.
El 1 de junio de 2018, la organización envió una carta similar al gobierno israelí, solicitando más información y aclaraciones.