Los rohingyas que huyen de Myanmar afrontan dificultades en Tailandia

De Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional

Durante este último mes, el mundo ha visto, horrorizado, la brutal campaña de limpieza étnica que el ejército de Myanmar ha llevado a cabo contra los miembros de la minoría rohingya en el oeste de ese país. Casi 500.000 mujeres, hombres y niños han cruzado ya la frontera de Bangladesh, dejando atrás familiares muertos, aldeas incendiadas y su tierra natal destruida.

La comunidad internacional se ha centrado, con razón, en los horrores que ha provocado el éxodo masivo de rohingyas de Myanmar, pero los países vecinos están lamentablemente muy mal preparados para afrontar los efectos colaterales de esa crisis.

Ahora que vuelve a acercarse la “temporada de navegación”, es probable que algunos de los cientos de miles de rohingyas que viven en campamentos precarios improvisados en Bangladesh emprendan viajes potencialmente mortales para cruzar el golfo de Bengala y el mar de Andamán. Pese a la condena generalizada de sus acciones en 2015, las autoridades tailandesas han emitido mensajes contradictorios sobre su política actual en relación con los rohingyas.
Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional

Aunque ha demostrado la voluntad de acogerlos, Bangladesh tiene problemas comprensibles para hacer frente a la llegada repentina de tantas personas hambrientas y desesperadas. Camboya, que no es precisamente un buen modelo en materia de derechos humanos, es el único país del sudeste asiático continental que es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. La región acoge a cientos de miles de personas refugiadas, pero a estas se les niega el acceso a las protecciones que corresponden al asilo, se las somete rutinariamente a arrestos y detenciones y se las margina socialmente.

Históricamente, Tailandia ha asumido la mayor parte del peso de las situaciones de crisis para los derechos humanos en Myanmar. Desde mediados de la década de los ochenta, personas que huían de las brutales actividades de contrainsurgencia de Myanmar contra grupos armados étnicos han hallado refugio en campos de refugiados a lo largo de la frontera occidental de Tailandia. Más de 100.000 personas permanecen a día de hoy en esos campos, ya que el proceso de paz en Myanmar flaquea y el gobierno de ese país no toma las medidas adecuadas para su repatriación. Muchos exiliados políticos de Myanmar han buscado también protección en Tailandia, especialmente tras la represión del movimiento en favor de la democracia en 1988 y 2007.

Sin embargo, en los últimos años, el nexo más visible de Tailandia con la grave crisis de los derechos humanos en Myanmar ha sido la situación de los rohingyas. Hace mucho tiempo que Tailandia es uno de los centros neurálgicos de las redes de trata de personas que trasladan a Malasia y a otros países a refugiados y refugiadas rohingyas y migrantes bangladeshíes. En 2015, el “descubrimiento” de fosas comunes y campos para la trata de personas en el sur de Tailandia —altos mandos tailandeses conocieron durante años la existencia de esos campos y fueron cómplices de las actividades de las redes de trata— provocó medidas enérgicas por parte de las autoridades de Tailandia y Malasia. Como consecuencia de esas medidas, los traficantes de personas abandonaron en el mar barcos con refugiados y migrantes, en muchos casos sin las provisiones necesarias de agua, alimentos y combustible.

Between a Rock and a Hard Place, el informe que Amnistía Internacional publicó esta semana, describe cómo el gobierno militar de Tailandia respondió a la crisis de las embarcaciones de 2015 con una política de expulsiones colectivas inmediatas que ya habían aplicado antes otros gobiernos tailandeses. La marina tailandesa remolcó barcos cargados de personas refugiadas hambrientas y desnutridas hasta aguas internacionales y las acercó a Malasia o Indonesia. Los investigadores de Amnistía Internacional hablaron con personas que relataron su desesperación tras ser devueltos al mar pese a estar en circunstancias penosas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó que al menos 370 personas habían perdido la vida en el mar durante esa crisis. Amnistía Internacional teme que la cifra haya sido mucho mayor.

Ahora que vuelve a acercarse la “temporada de navegación”, es probable que algunos de los cientos de miles de rohingyas que viven en campamentos precarios improvisados en Bangladesh emprendan viajes potencialmente mortales para cruzar el golfo de Bengala y el mar de Andamán. Pese a la condena generalizada de sus acciones en 2015, las autoridades tailandesas han emitido mensajes contradictorios sobre su política actual en relación con los rohingyas. Hace un mes, el primer ministro Prayut Chan-o-cha declaró que las autoridades estaban “preparándose para recibir” a los rohingyas que huyen de Myanmar. Más recientemente, un oficial de las fuerzas armadas de Tailandia indicó que la marina del país devolvería nuevamente mar adentro a las embarcaciones con refugiados y refugiadas rohingyas a bordo que llegaran a aguas tailandesas.

Pese al predominio actual del éxodo de Myanmar en los titulares de los medios de comunicación es importante recordar que los rohingyas no son las únicas personas necesitadas de protección internacional a las que ha maltratado Tailandia.

Como se documenta en nuestro informe, en varias ocasiones en los últimos tres años el gobierno tailandés ha procedido a la devolución a otros países de personas refugiadas y solicitantes de asilo, a solicitud de gobiernos extranjeros. En 2015, Tailandia entregó a las autoridades chinas en Bangkok a un grupo de 109 solicitantes de asilo de la etnia uigur. Estas personas fueron trasladadas posteriormente en un vuelo chárter, cubiertas con capuchas negras y rodeadas de agentes de seguridad chinos. Se desconoce su situación actual y las condiciones en las que se encuentran en China. Unos meses después, Tailandia devolvió a dos activistas políticos chinos, pese a que el ACNUR los había reconocido a ambos como refugiados y había aprobado su reasentamiento en Canadá.

Más recientemente, en mayo de este año, Tailandia cedió ante las exigencias del gobierno turco al cooperar con la extradición de un ciudadano turco presuntamente vinculado con el clérigo turco exiliado Fethullah Gülen. Fue detenido en cuanto aterrizó en Estambul.

El gran vacío de Tailandia en materia de legislación y políticas sobre personas refugiadas subyace a estas graves violaciones de derechos humanos. La legislación tailandesa no otorga un estatus jurídico a las personas refugiadas y solicitantes de asilo y tampoco establece ninguna medida formal para la protección de quienes huyen de persecución y violaciones de derechos humanos en otros países. Por ello, se considera “ilegales” a las personas refugiadas, como a otros migrantes en situación irregular, y son susceptibles de arresto, detención y deportación. Tailandia ha asumido compromisos bienvenidos para el refuerzo de la protección a estas personas, pero hasta la fecha apenas pasan de ser promesas incumplidas.

El sudeste asiático, escenario de la crisis de refugiados que más rápidamente crece en la actualidad, necesita más que nunca liderazgo y un ejemplo positivo del trato a las personas refugiadas. Tailandia, con una amplia trayectoria de recibir a personas que huyen de la persecución, debe asumir el reto.