El anuncio por las fuerzas armadas tailandesas de la retirada de la denuncia penal formulada contra un presidente de Amnistía Internacional y otros dos activistas de derechos humanos que habrían sido enjuiciados por denunciar torturas es un paso en la dirección correcta, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El Mando de Operaciones de Seguridad Interna, organismo militar tailandés, ha afirmado que retirará la denuncia penal por presunta difamación y violaciones de la Ley de Delitos Informáticos formulada contra Pornpen Khonkachonkiet, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina, que publicaron un informe sobre tortura en las provincias del sur de Tailandia.
“Elogiamos a las autoridades militares por su decisión de retirar la denuncia contra estos valientes activistas. Esperamos que este paso en la dirección correcta sea seguido por la retirada inmediata e incondicional de las denuncias y los cargos formulados contra otros activistas de derechos humanos”, declaró Josef Benedict, director adjunto para el Sureste Asiático y el Pacífico de Amnistía Internacional.
“Este caso es representativo de cómo se están utilizando las disposiciones penales sobre difamación y otras leyes represivas contra activistas que ejercen pacíficamente sus derechos en Tailandia. Para prevenir nuevas injusticias de este tipo, las autoridades deben reformar o derogar las leyes represivas y hacerlas compatibles con las obligaciones internacionales contraídas por el país.”
Información complementaria
En febrero de 2016, la Cross-Cultural Foundation y el Duay Jai Group (Grupo Apoyo Cálido) publicaron un informe que documentaba 54 casos de tortura y otros malos tratos a manos de la Real Policía Tailandesa y del Real Ejército Tailandés en las provincias del sur de Tailandia.
El 17 de mayo de 2016, el Mando de Operaciones de Seguridad Interna de la Región 4, responsable de las operaciones de seguridad de la zona, presentó una denuncia contra los tres defensores de los derechos humanos, que editaron el informe.
En los últimos años, las autoridades tailandesas someten a hostigamiento a numerosos activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil tailandesa en el contexto de una campaña de represión sistemática de quienes critican al gobierno.