Cuando hoy se celebre en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, es una profunda ironía que apenas se preste atención a la reducción del espacio para las personas jóvenes que defienden los derechos humanos, que cada vez más sufren la represión de los gobiernos.
En los últimos años, con la ayuda del poder conectivo de los medios sociales, el mundo ha sido testigo de la fuerza creciente de los jóvenes en la lucha por sus derechos y la defensa de éstos y por cambiar sus comunidades. Las personas jóvenes movilizan a las masas para que los gobiernos rindan cuentas, exigiéndoles que respeten, protejan y realicen los derechos humanos.
Naturalmente, los jóvenes siempre han desempeñado un papel clave en los movimientos sociales, donde tienen una enorme participación. Pero ahora están asumiendo cada vez más funciones de liderazgo en movimientos de protesta pacíficos e impulsando el cambio. Los jóvenes no se limitan a quedarse al margen y jugar con sus artilugios, sino que organizan sentadas y protestas, ocupan espacios públicos y mantienen conversaciones directas con los gobiernos. No esperan a que se les diga lo que han de hacer.
Los jóvenes no se limitan a quedarse al margen y jugar con sus artilugios, sino que organizan sentadas y protestas, ocupan espacios públicos y mantienen conversaciones directas con los gobiernos. No esperan a que se les diga lo que han de hacer.
Clara Fok y Sara Vida Coumans
Pero esto ha tenido un precio. Lamentablemente –y con excesiva frecuencia– los Estados responden a la participación cívica pacífica de las personas jóvenes golpeando y encerrando a activistas juveniles.
Véase, por ejemplo, el caso de Myanmar. Más de 100 líderes estudiantiles, entre ellos defensores y defensoras y activistas de los derechos humanos, se exponen a penas de cárcel por protestar contra la nueva Ley de Educación Nacional. Entre ellos está Phyoe Phyoe Aung, de 26 años, líder de uno de los principales movimientos estudiantiles de Myanmar. El 25 de agosto cumplirá 27 años, pero parece que pasará su cumpleaños entre rejas y puede ser condenada a una injusta y prolongada pena de prisión tras haber sido detenida en marzo en el marco de la violenta represión policial de protestas en gran medida pacíficas.
Muchos más en todo el país siguen siendo objeto de hostigamiento e intimidación en lo que parece ser una campaña sistemática de represión del movimiento estudiantil.
Esto no debería sorprender a nadie: las autoridades de Myanmar tienen un largo historial de represión de los movimientos estudiantiles, que temen que puedan desencadenar reivindicaciones más amplias de cambios políticos y constituyan una amenaza para su control del poder.
En el otro extremo del mundo, las cosas no son diferentes. En junio, las fuerzas de seguridad de Angola detuvieron arbitrariamente a 15 activistas juveniles por participar en una reunión en la que debatieron pacíficamente sobre cuestiones políticas y sobre algunas de sus preocupaciones en relación con el gobierno del presidente José Eduardo dos Santos, que lleva 36 años en el poder. Se acusa a estos jóvenes de planear perturbar el orden público y constituir una amenaza para la seguridad nacional. Incluso jóvenes activistas que no asistieron a la reunión han sido acusados de participar en ella. Todos los detenidos están recluidos en régimen de aislamiento lejos de sus hogares, lo que hace muy difíciles las visitas de sus seres queridos.
Los intentos de conseguir la liberación de los activistas fueron severamente castigados. El 22 de julio, cinco personas que intentaron visitarlos estuvieron detenidas durante nueve horas, y unos días después se dispersó de forma violenta una protesta pacífica que pedía la liberación de los 15.
Esta dureza de las respuestas no es exclusiva de Myanmar y Angola. En todas partes –de Turquía a Venezuela, de Estados Unidos a Egipto– se ha metido entre rejas a jóvenes que defienden los derechos humanos por luchar por sus derechos.
La sociedad no siempre acoge de buen grado los actos de resistencia de las personas jóvenes que defienden los derechos humanos. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ha señalado al respecto: “La percepción general que se tiene de los jóvenes en la sociedad, y que también transmiten los medios de comunicación establecidos, es a menudo que son demasiado jóvenes o inmaduros como para tener voz en los asuntos públicos. A los jóvenes y estudiantes que se reúnen en movimientos se los considera fuentes de problemas más que actores serios que podrían contribuir con provecho al debate público”.
Pero negar a los jóvenes la posibilidad de expresarse limita las oportunidades de participar en los debates sobre la realización progresiva de los derechos humanos. Incluso cuando se permite la participación de los jóvenes, ésta es a menudo insignificante o simbólica, porque se suele dar por sentado que su misión es aprender y desarrollarse, no contribuir en pie de igualdad a aportar soluciones. Este enfoque centrado en la edad se convierte en un círculo vicioso: se deja muy poco espacio para que las personas jóvenes participen activamente y definan la agenda, mientras que los responsables de establecer las políticas no abordan de manera efectiva las barreras que los jóvenes encuentran para acceder a derechos humanos básicos.
Incluso cuando se permite la participación de los jóvenes, ésta es a menudo insignificante o simbólica, porque se suele dar por sentado que su misión es aprender y desarrollarse, no contribuir en pie de igualdad a aportar soluciones. Este enfoque centrado en la edad se convierte en un círculo vicioso.
Clara Fok y Sara Vida Coumans
Debemos tomar distancia y reflexionar sobre lo que esto significa para la manera en que los Estados reaccionan ante los jóvenes cuando éstos se involucran pacíficamente en la sociedad en un intento de crear un espacio para participar en las decisiones que afectan a sus vidas.
Si los gobiernos tienen un interés real en las vidas de las personas jóvenes, deben garantizar que los jóvenes que defienden los derechos humanos pueden reclamar y ejercer sus derechos libremente y sin temor.
Es cierto que una participación cívica significativa de los jóvenes no tendrá lugar de la noche a la mañana, y que se necesita tiempo para establecer asociaciones intergeneracionales productivas basadas en la confianza. Pero los gobiernos pueden dar el primer paso liberando de forma inmediata y sin condiciones a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos.
Este artículo se publicó originalmente en IPS News.