Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para imponer las restricciones asociadas a la COVID-19, y decenas de personas, entre las que había menores de edad, fueron víctimas de homicidios ilegítimos. Se detuvo a defensores y defensoras de los derechos humanos por difundir información sobre salud y por distribuir mascarillas y entregar desinfectante de manos a comunidades indígenas. Se restringió el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y se practicaron detenciones y reclusiones arbitrarias de activistas. Hubo agricultores comerciales que actuaron en connivencia con funcionarios públicos para desalojar por la fuerza a comunidades agropastoriles de sus tierras, y de ese modo menoscabaron el derecho a la alimentación, al agua y a la vivienda. El gobierno no garantizó el derecho a la alimentación de las familias de bajos ingresos durante el periodo de confinamiento que duró nueve meses.
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