Resumen

Las autoridades hacían uso de fuerza excesiva o innecesaria para obstaculizar o impedir el derecho de reunión pacífica. En la mayoría de los casos en que se usó ese tipo de fuerza se detuvo o recluyó arbitrariamente a manifestantes. Cinco manifestantes y un transeúnte, como mínimo, murieron víctimas de homicidio ilegítimo, y al menos dos de esas personas eran menores de edad. El derecho a la libertad de asociación estaba amenazado. El personal docente hacía frente a una remuneración insuficiente y el impago de salarios. Cientos de personas fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas. La sequía severa y prolongada en el sur tenía efectos devastadores para el derecho a la alimentación y a la salud, especialmente para los niños y niñas.