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Sri Lanka condena a un periodista a 20 años de prisión por expresarse libremente

Un Tribunal Superior de Sri Lanka condenó el pasado lunes, 31 de agosto, al periodista Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam a 20 años de cárcel rigurosa por escribir y publicar artículos críticos con el trato del gobierno a civiles tamiles de Sri Lanka afectados por la guerra. El tribunal indicó que los artículos provocaban “odio racial” y alimentaban el terrorismo.

Amnistía Internacional ha comunicado que considera a JS Tissainayagam preso de conciencia, encarcelado por el mero hecho de poner en práctica su derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de su profesión.

JS Tissainayagam es el primer periodista srilanqués formalmente acusado (y ahora condenado) por sus artículos en virtud de la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo de Sri Lanka.

El fallo llega en un periodo de creciente presión sobre los periodistas de Sri Lanka. Más de 30 trabajadores de medios de comunicación han muerto en Sri Lanka desde 2004. Muchos otros han sido atacados, secuestrados, amenazados o forzados al exilio. Periodistas de Sri Lanka afirman que el gobierno es responsable de muchos de estos hechos y que tampoco ha sido capaz de protegerlos frente a otros.

JS Tissainayagam fue detenido en marzo de 2008 y pasó cinco meses bajo custodia policial antes de ser acusado de algún delito. Él y otros dos compañeros de trabajo fueron finalmente acusados de desacreditar al gobierno (acusación que posteriormente se retiró) y de incitar al enfrentamiento racial y étnico mediante el material publicado en una revista mensual, de breve trayectoria, llamada North Eastern Herald. Se le acusaba igualmente de recaudar fondos para la revista para promover objetivos terroristas.

El derecho a la libertad de opinión y de expresión está protegido por la legislación internacional y está además reconocido en la Constitución de Sri Lanka. Este país ha hecho un uso indebido de la Ley de Prevención del Terrorismo y de las normativas de emergencia para acallar una voz discordante y para violar el derecho del Sr. Tissainayagam a la libertad de opinión y de expresión.

La acusación formal contra Tissainayagam se basaba en fragmentos de dos artículos en los que criticaba el trato del gobierno a los civiles tamiles afectados por el conflicto armado. Un editorial de julio de 2006 titulado “Ofrecer seguridad a los tamiles ahora definirá la política nororiental del futuro” y concluía “Está muy claro que el gobierno no les va a ofrecer ninguna protección. De hecho, las fuerzas de seguridad del Estado son los principales autores de estos homicidios”.

Un segundo artículo publicado en noviembre de 2006 trataba la situación humanitaria en la ciudad oriental de Vaharai, en la que la contienda incluía ataques sobre zonas civiles. Acusaba al gobierno de exponer a los civiles a la hambruna y al peligro para favorecer objetivos políticos y militares estratégicos.

La acusación había presentado, además, como prueba, una presunta confesión de Tissainayagam realizada mientras se encontraba bajo custodia policial. Tissainayagam sostiene que fue torturado por la policía y que la confesión fue forzada. El Tribunal decretó que dicha prueba se podía admitir. Sri Lanka posee un largo historial de torturas y malos tratos a presos. En virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo la carga de la prueba recae en el detenido para demostrar que la confesión se obtuvo bajo coacción o tortura.

Tissainayagam fue detenido el 7 de marzo de 2008 por el Departamento de Investigación Terrorista de la policía de Sri Lanka en Colombo cuando acudió a la policía para obtener información sobre la detención, el día anterior, de dos compañeros, B Jasiharan, impresor y dueño del edificio que albergaba las oficinas de Outreach Sri Lanka –un sitio web que dirige Tissainayagam–, y su esposa V Vallarmathy. Junto a Tissainayagam fue detenido K Wijayasinghe, periodista, que le acompañaba. Udayan, editor gráfico del sitio web y G Gayan Lasantha Ranga, videocamarógrafo, habían sido detenidos, por separado, el 7 de marzo.

Después de que la familia de Tissainayagam pidiese información en múltiples ocasiones, la policía terminó por confirmarles que lo habían detenido, junto con otros, bajo la sospecha de que pertenecía a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. El 8 de marzo, a primera hora de la mañana, agentes del Departamento de Investigación Terrorista allanaron la casa de Tissainayagam, la registraron sin una orden y confiscaron una copia de la revista North Eastern Herald.

Wijayasinghe, Ranga y Udayan fueron puestos en libertad sin cargos el 19 de marzo de 2008. Ese mismo día Tissainayagam presentó una solicitud de Derechos Fundamentales en el Tribunal Supremo en el que afirmaba que se habían violado sus derechos constitucionales a no sufrir tortura, a la igualdad y a una protección igualitaria ante la ley, así como su derecho a no sufrir arresto y detención arbitrarias.

En agosto de 2008 se dictó acta de acusación formal contra Tissainayagam y el resto de los acusados por presuntas violaciones de la Ley de Prevención del Terrorismo y de las normativas de emergencia. De hecho, la Ley de Prevención del Terrorismo se había suspendido en virtud del alto el fuego firmado entre el gobierno y los Tigres Tamiles en febrero de 2002. Al encausar a Tissainayagam por artículos y actividades realizados en 2006 la fiscalía aplicó la Ley de Prevención del Terrorismo con carácter retroactivo. 

El gobierno de Sri Lanka retiró el cargo de “desacreditar al gobierno” el 9 de septiembre de 2008 pero mantuvo otros relativos a la dirección, a la impresión y a la recaudación de fondos para la revista. Jasiharan fue acusado de colaborar con Tissainayagam para favorecer el terrorismo. Vallarmathy fue acusada de colaborar con su marido, Jasiharan, en estos actos.

El lunes 31 de agosto, la juez del Tribunal Superior, Deepali Wijesundara, dio a conocer el fallo por el que declaraba a Tissainayagam culpable de escribir artículos con el objetivo de crear discordia en la comunidad y de recaudar fondos para una revista cuyo contenido violaba la Ley de Prevención del Terrorismo. El abogado de Tissainayagam ha prometido que recurrirá la sentencia.

Amnistía Internacional ha criticado abiertamente el fallo por tratarse de una clara violación del derecho de Tissainayagam a la libertad de expresión y, en general, por ser un ataque a la libertad de prensa en Sri Lanka. La organización ha solicitado la inmediata liberación de Tissainayagam y de sus compañeros y que deje de utilizarse la Ley de Prevención del Terrorismo para acallar la disidencia pacífica.