Israel intensifica su incesante expansión de los asentamientos ilegales confiscando tierras en la Cisjordania ocupada con medidas tan alarmantes como ordenar abiertamente la apropiación de tierras en la Zona A, que está bajo el control de las autoridades del Estado de Palestina. “Este paso amplía la política ilegal israelí de asentamientos y erosiona aún más los derechos de la población palestina que vive bajo la ocupación”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Solamente en julio de 2026, el ejército israelí firmó al menos 15 órdenes de confiscación de tierras que afectaban a alrededor de 200 dunams (20 hectáreas) de tierras en las Zonas A y C, en la gobernación de Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada, con el objetivo aparente de conectar dos asentamientos israelíes previstos en la zona: Emek Dotan y Noa. Los dos asentamientos son parte de 34 asentamientos nuevos cuyo establecimiento aprobó el actual gobierno israelí este año.
“Estas recientes órdenes de confiscación de la Zona A muestran que Israel amplía con absoluto descaro su agenda de anexión a zonas que están bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo. Los Estados con relaciones comerciales y políticas cercanas con el gobierno israelí deben actuar con urgencia para presionar a Israel a fin de que rescinda estas órdenes de confiscación de tierras. Cualquier Estado que proporcione asistencia a la expansión israelí de los asentamientos ilegales u otros crímenes de guerra podría ser cómplice de crímenes internacionales contra la población palestina”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Con la construcción de nuevas carreteras que unen asentamientos entre sí, Israel está dividiendo la gobernación de Yenín en cantones aislados, socavando la integridad geográfica y económica de la zona y separando comunidades palestinas al fragmentarlas aún más y restringir su libertad de circulación. Junto con el traslado forzoso y la limpieza étnica de la población palestina en la Zona C a manos de Israel, estas medidas son un ejemplo práctico de la determinación de las autoridades israelíes de intensificar su anexión formal de tierras palestinas en toda la Cisjordania ocupada”.
Estas recientes órdenes de confiscación de la Zona A muestran que Israel amplía con absoluto descaro su agenda de anexión a zonas que están bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
En un informe reciente, Amnistía Internacional documentó cómo las autoridades israelíes están acelerando la anexión mediante una campaña impulsada por el Estado de limpieza étnica dirigida contra la población beduina palestina y dedicadas al pastoreo de la Zona C de la Cisjordania ilegalmente ocupada.
Según Peace Now, esta es la primera vez desde los Acuerdos de Oslo que se han dictado órdenes militares de confiscación en la Zona A para fines abiertamente civiles que benefician a los colonos en lugar de por supuestas razones de seguridad. En mayo de 2026, el ejército israelí confiscó tierras de propiedad privada dentro de la ciudad de Yenín con el fin de establecer una base militar.
Según el derecho internacional, las potencias ocupantes no deben confiscar tierras en un territorio ocupado salvo que sea absolutamente necesario por razones militares; esto no incluye la expansión de asentamientos ilegales.
En los últimos días, Israel también ha desatado una oleada de indignación en todo el mundo al promover su polémico plan E1 de asentamientos en violación del derecho internacional con el anuncio de que había sacado a concurso la construcción de 1.234 viviendas israelíes en la Cisjordania ocupada. De implementarse, el plan aislaría Jerusalén Oriental del resto del territorio palestino y dividiría de hecho Cisjordania en dos, dificultando más la circulación de la población palestina por estas zonas del Territorio Palestino Ocupado y fragmentando aún más las comunidades palestinas.
Separar comunidades palestinas
Según la oficina del gobernador de Yenín, la carretera prevista para conectar los dos asentamientos israelíes, combinada con otras actividades de los asentamientos en la zona, separará Yenín de otras gobernaciones palestinas como Tulkarem, Tubas y Nablús, fragmentando aún más las comunidades palestinas en la Cisjordania ocupada ilegalmente. Separar localidades palestinas entre sí también socava los lazos económicos, sociales y políticos que las unen.
La oficina del gobernador de Yenín dijo a Amnistía Internacional que ya ha empezado la ejecución de estas órdenes de confiscación y que, cuando se completen, habrá repercusiones económicas negativas enormes para cientos de familias, pues quedarán separadas de sus medios de subsistencia, como tierras de cultivo y olivares, precisamente cuando se aproxima la temporada de cosecha de las olivas.
Las tierras confiscadas son, en su mayor parte, propiedad privada de residentes de los pueblos de Qabatiya, Arraba, Mirka, Misilya, Jirba y Al Yanoun, en la gobernación de Yenín.
La mayoría de estas tierras están ubicadas a lo largo de la carretera 60 que atraviesa Cisjordania de norte a sur. El 29 de julio de 2026, el Consejo Supremo de Planificación de la administración civil de Israel aprobó un plan para ampliar la carretera. Esta es fundamental para la infraestructura de los asentamientos, pues facilita la circulación de los colonos en Cisjordania, a menudo a expensas de la libertad de circulación de la población palestina, y fomenta nuevos traslados de Israelíes a asentamientos ilegales. En los últimos años, el ejército israelí bloquea los puntos de acceso de los pueblos y localidades situados a lo largo de la carretera 60 con puertas metálicas, controles militares y barreras de tierra.
En abril de 2026, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de 925 obstáculos que restringen la circulación, de forma permanente o intermitente, de los 3,4 millones de personas palestinas en Cisjordania, lo que supone un máximo de los últimos 20 años: un 43 % superior a la media anual de los últimos 20 años. El ejército israelí ha emitido otras órdenes de confiscación de tierras para la expansión de la infraestructura y las carreteras para los colonos en otras partes de Cisjordania como Qusra, en la gobernación de Nablús, y Kufr Nimeh, en la de Ramala.
“Hay que detener inmediatamente el vergonzoso uso por Israel de las órdenes de confiscación de tierras para desposeer a la población palestina y acelerar la anexión de territorio palestino ocupado. Al confiscar tierras palestinas para ampliar sus asentamientos ilegales, las autoridades israelíes están intensificando las violaciones del derecho internacional que cometen hace tiempo y afianzando aún más un sistema de desposesión y opresión. Israel debe poner fin de inmediato a estas confiscaciones ilegales de tierras y acabar con la incesante expansión de los asentamientos ilegales”, concluyó Heba Morayef.
“La comunidad internacional debe ir más allá de la retórica y adoptar medidas concretas para cumplir sus obligaciones legales de poner fin a las violaciones de Israel. Los Estados deben usar todas las medidas de que dispongan, lo que significa suspender la cooperación que contribuya a estas violaciones, condicionar proyectos económicos con Israel a la retirada de estas órdenes de confiscación de tierras y garantizar que las empresas no apoyan proyectos ligados a los asentamientos, la ocupación ilegal, la confiscación de tierras y la anexión.
Los actores no estatales tienen también un papel crucial que desempeñar absteniéndose de priorizar los beneficios frente al cumplimiento de las normas de derechos humanos. Deben desvincularse de forma responsable de proyectos empresariales con entidades que contribuyen a la expansión de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado —lo que incluye infraestructura relacionada con la seguridad, transporte y otros proyectos comerciales— o abstenerse de participar en ellos”.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades israelíes para que desmantelen todos los asentamientos, que constituyen un crimen de guerra en virtud del derecho internacional, así como el sistema de apartheid impuesto a la población palestina, que es un crimen de lesa humanidad. También pide a Israel que ponga fin de una vez a su ocupación ilegal de territorio palestino, con arreglo a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del mismo año.