Transcurridos 10 años desde que las fuerzas de la OTAN bombardearon la sede de la radiotelevisión estatal serbia, matando a 16 civiles, nadie ha comparecido ante la justicia.
En el ataque aéreo del 23 de abril de 1999 contra la sede y los estudios de la RTS también resultaron heridos 16 civiles
Entre las víctimas había un maquillador, un cámara, un editor, un director de programa, tres guardias de seguridad y otros trabajadores de los medios de comunicación. Se calcula que había unas 200 personas en el edificio en el momento del ataque.
“El bombardeo de la sede de la radiotelevisión serbia fue un ataque deliberado contra un bien de carácter civil y, por tanto, es un crimen de guerra”, afirmó Sian Jones, experta de Amnistía Internacional sobre los Balcanes.
A principios de 2002, representantes de la OTAN confirmaron a Amnistía Internacional que la Alianza había atacado la RTS por su función de propaganda, con el fin de minar la moral de la población y de las fuerzas armadas.
“Justificar un ataque alegando que se pretende combatir la propaganda sobrepasa los límites aceptables de la interpretación de ‘contribu[ir] eficazmente a la acción militar’ y ‘ventaja militar definida’, que son los requisitos básicos de la definición jurídica de objetivo militar.”
“Incluso aunque la OTAN creyese de verdad que la RTS era un objetivo legítimo, el ataque fue desproporcionado y, por ello, un crimen de guerra”, declaró Sian Jones.
Según confirmaron autoridades de la OTAN, no se dio ningún aviso sobre este ataque concreto, pese a que se sabía que habría numerosos civiles en el edificio de la RTS en el momento del bombardeo.
El bombardeo formaba parte de la Operación Fuerza Aliada lanzada por la OTAN contra la entonces República Federativa de Yugoslavia entre marzo y junio de 1999, en la que perdieron la vida unos 500 civiles y otros 900 resultaron heridos.
Muchas de las víctimas fueron el resultado de ataques indiscriminados y desproporcionados y de la ausencia de medidas necesarias para proteger a la población civil.
En varios bombardeos, como los del puente del ferrocarril de Grdelica el 12 de abril de 1999, el puente del ferrocarril de Lužane el 1 de mayo de 1999, y el puente de Varvarin el 30 de mayo de 1999, las fuerzas de la OTAN no suspendieron su acometida una vez que se hizo patente que habían alcanzado a civiles. En otros casos, como los ataques contra población civil desplazada en Djakovica el 14 de abril de 1999 y en Koriša el 13 de mayo de 1999, la OTAN no tomó las precauciones necesarias para causar el menor número posible de bajas civiles.
“El número de muertes de civiles durante el conflicto podría haberse reducido significativamente si las fuerzas de la OTAN hubieran cumplido plenamente las leyes de la guerra”, manifestó Sian Jones. “Han pasado 10 años y ni la OTAN ni sus Estados miembros han emprendido una investigación pública de estos sucesos”.
Ya en el año 2000, Amnistía Internacional manifestó que las víctimas de las violaciones de derechos cometidas por la OTAN debían obtener resarcimiento. Sin embargo, ni las víctimas del bombardeo de la RTS ni sus familiares han recibido nunca resarcimiento o reparación, por ejemplo en forma de indemnización, a pesar de que se emprendieron procedimientos judiciales en tribunales nacionales serbios y se presentaron demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (causas Bankoviæ and others v. Belgium and others y Markovic v. Italy), que las declaró inadmisibles.
Muchos de los problemas que socavaron el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en las operaciones contra la República Federativa de Yugoslavia –como la falta de claridad en la estructura de mando y en los procesos de toma de decisiones sobre la selección de objetivos, o las divergencias en la interpretación del derecho internacional aplicable entre los diferentes contingentes nacionales– persisten en las operaciones de la Alianza en Afganistán.
“Parece que la OTAN no ha aprendido de los errores cometidos en la Operación Fuerza Aliada. Más bien da la impresión de que ha retrocedido en cuanto a la transparencia, pues difunde menos información sobre sus ataques en Afganistán que la que proporcionó durante la Operación Fuerza Aliada”, aseveró Sian Jones.
“La alianza militar más poderosa del mundo no puede sino establecer los más altos niveles de protección de la población civil, conforme al derecho internacional humanitario”, declaró Sian Jones. “Y debe rendir cuentas por cualquier vulneración de estas normas internacionales.”