Probablemente has oído hablar de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que surgió de la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Lo que no es tan conocido es que en esa cumbre nacieron otros dos pactos: la Convención de Lucha contra la Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). La intención de los tres pactos fue siempre que se implementaran juntos, como respuesta de la humanidad a la crisis medioambiental mundial. Las metas del CBD, que ha sido ratificado por casi todos los países del planeta, son la conservación de la naturaleza, el uso sostenible de sus productos (por ejemplo, la madera procedente de los bosques tropicales) y el intercambio justo de beneficios para todo el mundo.
Cada dos años, los Estados que se han unido al CBD se reúnen en una “Conferencia de las Partes ” (COP), el órgano global de toma de decisiones que supervisa la aplicación del Convenio. La reunión de este año es la número 17, y se conoce como COP17. En 2022, en respuesta a desafíos tales como la deforestación masiva y la disminución, hasta llegar al nivel de extinción, de la población de numerosas especies, la COP15 del CBD acordó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece 23 objetivos para la conservación de la naturaleza.
¿Por qué es importante la biodiversidad para los derechos humanos?
Una biodiversidad floreciente es un elemento fundamental del derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido por la ONU en 2022.
La vida depende de la biodiversidad. Todas las especies vivas son interdependientes, y la disminución o extinción de una especie puede crear una reacción en cadena que provoque una falta desastrosa de cosechas, un desequilibrio que favorezca a un gran depredador, o la propagación de enfermedades nuevas y peligrosas. Una gran proporción de los medicamentos que previenen o curan enfermedades graves se desarrollan a partir de descubrimientos en el mundo natural.
La biodiversidad también es fundamental para el derecho a la cultura. Todas las culturas humanas están arraigadas en nuestra relación con el mundo que nos rodea, incluidos los paisajes, ríos, océanos y especies no humanas; esto queda de manifiesto en los medios de vida, las prácticas artesanales, los cuentos populares, las canciones y las creencias espirituales de todo el mundo. La cultura no consiste simplemente en tradiciones que la gente hereda y preserva, sino en toda una forma de vida que se crea y cambia continuamente mediante la relación cotidiana con la naturaleza. Por tanto, la pérdida de biodiversidad amenaza no sólo a las prácticas culturales existentes, sino también a la capacidad de las personas para desarrollar nuevos conocimientos y formas de estar en el mundo.
Las amenazas a la biodiversidad de los océanos incluyen la minería de los fondos marinos, el calentamiento de los océanos y la acidificación y el aumento del nivel del mar. Estas cuestiones pueden tener impactos catastróficos en las comunidades costeras y pesqueras.
¿Qué es el objetivo 30×30?
El objetivo más conocido del Marco de Kunming-Montreal se conoce como 30 por 30 (o 30×30). Establece una meta para que los Estados, para 2030, designen el 30% de la superficie terrestre y oceánica como zonas protegidas para la conservación de la naturaleza. La protección puede adoptar diversas formas, pero en general implica identificar y delimitar un área específica, en la que normalmente exista ya una biodiversidad significativa, e imponer restricciones (en algunos casos, prohibiciones totales) a actividades como la construcción, la extracción de madera, la pesca, la caza, la recolección y las industrias extractivas.
Uno de los problemas de este objetivo es que, en muchos casos, arrebata la conservación de la naturaleza a las comunidades que llevan siglos practicándola. En su lugar, la conservación queda en manos de los gobiernos nacionales y los “Gigantes Verdes” (grandes ONG), que imponen técnicas tecnocráticas y a menudo militarizadas y las sitúan por encima del conocimiento científico local de los habitantes originales.
Las zonas protegidas crean oportunidades de generación de ingresos para quienes las controlan, mediante los ingresos por turismo y los créditos de carbono y de biodiversidad. Esto aumenta los incentivos para que los agentes más fuertes desplacen o priven de sus derechos a los habitantes originales. Al vaciarlas de seres humanos, estas zonas se convierten a menudo en presa más fácil de los furtivos, los madereros ilegales y los grupos armados no estatales.
¿Cómo afectan este tipo de objetivos a los pueblos indígenas?
Un problema importante del objetivo 30×30 es que en las zonas protegidas da lugar muy a menudo a violaciones de derechos humanos cometidas contra pueblos indígenas, comunidades racializadas y otras comunidades rurales y campesinas. Estas comunidades pueden verse expulsadas con indemnizaciones inadecuadas o sin indemnización alguna, en un modelo desacreditado que se conoce como “conservación fortificada”; otras veces tienen permiso para seguir viviendo en la zona protegida, pero con restricciones a los medios de vida y la circulación que a menudo se aplican de manera arbitraria y violenta.
De esta manera, las propias comunidades que cohabitaban con especies no humanas en estas zonas, y que en muchos casos han desarrollado sofisticadas prácticas y visiones del mundo culturales construidas en torno a la interacción sostenible con la biodiversidad que se pretendía proteger, se ven excluidas de la participación en la conservación de la naturaleza.
Como respuesta, los líderes y activistas de las comunidades afectadas se alzan para plantar cara a estas violaciones de derechos. Cuando lo hacen, es habitual que se conviertan en víctimas de criminalización, abusos sexuales e incluso asesinatos, que en muchos casos quedan impunes.
¿Participan la sociedad civil y los pueblos indígenas en las COP?
Los grupos de la sociedad civil y los pueblos indígenas se enfrentan a muchos obstáculos para participar, e incluso hablar, en las COP.
Las empresas y las asociaciones industriales han incrementado enormemente su captación de apoyos para contrarrestar y recortar las protecciones a la biodiversidad, de la que consideran que limita sus oportunidades de negocio. Para lograrlo, despliegan una abundante participación en las COP y ocupan un espacio que podría utilizarse para dar voz a las comunidades afectadas.
Daria Egereva, lideresa indígena del pueblo selkup en Rusia, ha participado en numerosas reuniones del CBD, pero este año no asistirá, ya que ha sido encarcelada, tachada de terrorista por su labor pacífica de defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
¿Cómo se financiará el coste de la protección a la biodiversidad?
Los países de ingresos bajos han propuesto que la mayor parte de la financiación proceda de los países de ingresos altos. Alegan que ellos no sólo carecen de esos fondos, sino que además la crisis en sí ha sido causada en gran medida por siglos de destrucción ecológica descontrolada por parte de los países de ingresos altos. Este principio está consagrado en el artículo 20.2 del Convenio. Sin embargo, en la COP15 no se formuló ningún compromiso concreto de que los países de ingresos altos proporcionaran esos fondos, y la única manera de conseguir que se aprobara el Marco de Kunming-Montreal fue ignorar esa petición. En el contexto reciente de recorte de ayuda al desarrollo por parte de países de ingresos altos y de redirección de la economía de los Estados hacia el gasto en defensa, esta financiación sigue siendo insuficiente.
Muchas personas activistas y líderes de pueblos indígenas y comunidades campesinas han señalado que la cuestión de la financiación debe comprenderse en un contexto de colonialismo; denuncian lo que se denomina colonialismo verde: la continuación de prácticas de sometimiento y expropiación de sus recursos y territorios por parte de gobiernos y empresas de potencias que han sido o siguen siendo coloniales.
Además, el compromiso de los Estados de dirigir al menos el 20% de la financiación para la protección de la biodiversidad directamente a las comunidades que viven en las zonas que se van a proteger no se ha cumplido. Al contrario, muchos de los fondos gubernamentales van a proyectos que violan el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado y el derecho de las comunidades racializadas y campesinas a participar en la toma de decisiones.
¿Cómo están contraatacando los pueblos indígenas?
Los y las representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades racializadas y campesinas pelearon con firmeza en la COP15 para conseguir que se introdujeran protecciones sólidas de los derechos humanos en el Marco de Kunming-Montreal. Esas protecciones incluyen, por ejemplo “[r]econocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidos los relativos a sus territorios tradicionales” en el objetivo 30×30.
En las zonas protegidas, los pueblos y comunidades afectados están contraatacando para combatir las violaciones de derechos humanos, unas violaciones que incluyen ataques de guardias de parques nacionales contra miembros de las comunidades, desplazamiento forzado de sus comunidades, negación del acceso a lugares de importancia espiritual y medicinas herbales, negación del derecho al consentimiento libre, previo e informado y criminalización de quienes defienden la tierra.
¿Cuál sería una solución justa que beneficie a todo el mundo?
Para proteger tanto al medioambiente como a las comunidades, debe respetarse el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades racializadas y campesinas a seguir viviendo en sus tierras. También debe preservarse su derecho a continuar con sus prácticas sostenibles de cuidado de las especies no humanas, arraigadas en generaciones de conocimiento científico local.
Asimismo, debe respetarse y realizarse, como medio de reparación, el derecho de las comunidades y los pueblos que han sido desplazados forzosamente de zonas protegidas a regresar a sus tierras. Una y otra vez, la investigación llevada a cabo por especialistas en el tema e instituciones internacionales ha demostrado que, cuando se respetan y realizan adecuadamente estos derechos a la tierra, la biodiversidad tiene más oportunidades de florecer.
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional?
Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos relacionadas con la conservación fortificada en Camboya, Kenia, Malasia, Nepal, Tanzania, Uganda y la frontera entre Brasil y Paraguay, y ha hecho campaña en favor de la justicia para las comunidades afectadas. A la COP15 asistió como delegada una persona, y también asistirá a la COP 17, para abogar por mejorar las salvaguardias de derechos humanos y para concienciar sobre las historias de los y las activistas indígenas presentes en la conferencia.