El Ministerio del Interior anunció el 11 de noviembre la suspensión general y arbitraria de las actividades de 370 ONG durante tres meses. Entre las ONG afectadas se encuentran organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres, contra la pobreza, y asociaciones de profesionales del derecho. Estas suspensiones arbitrarias violan los derechos a la libertad de expresión y asociación y no pueden justificarse ni siquiera bajo el estado de excepción.
