Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el Gobierno Argentino implementó una serie de reformas en materia de seguridad e inteligencia y amplió el uso de tecnologías de vigilancia. En sólo dos años, el Gobierno nacional impulsó un conjunto de reformas institucionales destinadas a ampliar sus capacidades de vigilancia e inteligencia, implementadas principalmente a través de decretos y resoluciones, sin debate parlamentario.
Este informe muestra que el despliegue de políticas y tecnologías de vigilancia en Argentina, tanto a nivel nacional como municipal, tiene repercusiones directas en los derechos humanos, además de efectos indirectos significativos en el ejercicio de los derechos humanos, al perpetuar la discriminación y coartar la libertad de expresión y de reunión pacífica.
