Resumen

A partir de octubre, las fuerzas de seguridad, incluidas facciones de las Unidades de Movilización Popular, emplearon fuerza excesiva contra manifestantes en protestas que tuvieron lugar en todo el país, matando a 500 personas e hiriendo a miles más. Muchas de las víctimas mortales recibieron disparos efectuados con munición real o fueron alcanzadas por un tipo de bote de gas lacrimógeno que no se había visto hasta entonces. Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad sometieron a detención, desaparición forzada y otras formas de intimidación a activistas, así como a profesionales del derecho que representaban a manifestantes, personal médico que atendía a las personas heridas y periodistas que cubrían las protestas. Las autoridades bloquearon el acceso a Internet, aparentemente para impedir la circulación de imágenes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Permanecían desplazadas internamente alrededor de 1,55 millones de personas, muchas de ellas con graves restricciones de su libertad de circulación. El cierre repentino de campos de acogida en las gobernaciones de Anbar y Nínive provocó el desplazamiento secundario de muchas familias. Miles de hombres y niños seguían en paradero desconocido tras haber sido sometidos a desaparición forzada por las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas las Unidades de Movilización Popular, cuando huían de territorios controlados por el Estado Islámico. Hubo denuncias generalizadas de tortura y otros malos tratos infligidos por las fuerzas del gobierno central iraquí y del Gobierno Regional del Kurdistán a las personas a quienes detenían, en particular a las sospechosas de estar vinculadas al Estado Islámico. Los tribunales iraquíes continuaron imponiendo penas de muerte, algunas de ellas en juicios injustos. El Estado Islámico atacó a la población civil con atentados con explosivos en ciudades y asesinatos de dirigentes de comunidades.

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