En un clima de continua inestabilidad política y enfrentamientos esporádicos entre actores armados, decenas de personas fueron asesinadas y miles se sumaron a los 1,2 millones de personas ya desplazadas internamente. Las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán reprimieron la libertad de expresión y de reunión pacífica. Persistía la impunidad por los homicidios ilegítimos y la tortura y otros malos tratos cometidos en el pasado. Las denuncias de violencia de género aumentaron, mientras que las medidas de protección proporcionadas por el Estado siguieron siendo mínimas tanto en la región del Kurdistán de Irak como en el centro del país. Hubo iniciativas legislativas que amenazaban aún más los derechos de las personas LGBTI. Cientos de miles de personas desplazadas internamente siguieron encontrando obstáculos para acceder a servicios vitales y regresar dignamente y en condiciones de seguridad a sus zonas de origen. Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte tras juicios injustos. Las autoridades no prestaron el apoyo adecuado a las comunidades marginadas más afectadas por sequías, olas de calor y tormentas de arena prolongadas.
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