Estados Unidos de América 2022
Estados Unidos se reincorporó a las instituciones internacionales de derechos humanos cuando se sometió al examen del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) por primera vez desde 2014. En sus observaciones finales, el CERD mencionó la ausencia de avances del país en varias cuestiones, incluida la prevalencia de los delitos de odio, la violencia con arma de fuego, el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y la violencia contra las mujeres. Los tribunales limitaron la protección de los derechos humanos al revocar el derecho al aborto y legislación sobre las armas de fuego e impedir que el gobierno pusiera fin a las exclusiones que afectaban a las personas solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Derechos sexuales y reproductivos
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a los mecanismos federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia de la causa Roe v. Wade, revocando así casi 50 años de jurisprudencia. Muchos estados pasaron inmediatamente a aplicar leyes vigentes o nuevas para prohibir completamente o restringir considerablemente el acceso al aborto. Posteriormente, al menos un estado detuvo y procesó a una mujer que había asistido un aborto autogestionado.
Las cámaras legislativas de varios estados aprobaron leyes para proteger el derecho al aborto e incrementar el acceso a esa práctica. El presidente Biden firmó en julio y agosto sendas órdenes ejecutivas que fomentaban el acceso al aborto médico y el apoyo a quienes viajaban de un estado a otro para acceder a servicios de aborto, entre otros mecanismos para promover los derechos reproductivos. En agosto se celebró en Kansas el primer referéndum sobre el aborto desde la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que se rechazó por abrumadora mayoría una enmienda estatal para restringirlo. Durante las elecciones de noviembre, el electorado de California, Michigan y Vermont aprobó varias iniciativas de consulta popular que contemplaban la protección del aborto, mientras que el de Kentucky y Montana rechazó ampliar las restricciones a esa práctica.
Violencia por motivos de género
Las mujeres indígenas continuaban siendo víctimas de violación y otros actos de violencia sexual en un grado desproporcionado y carecían de acceso a la asistencia básica posterior a la violación. Además, los índices de desaparición y asesinato eran elevados en este grupo de población. Se desconocía la cifra exacta de mujeres indígenas víctimas de violencia o desaparecidas, al no recopilar datos las autoridades federales ni coordinarse adecuadamente con los gobiernos de las tribus.
La Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, que había dejado de tener efecto y era el principal mecanismo de financiación para prevenir la violencia contra las mujeres y responder a ella, fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Biden. Incluía nuevas disposiciones que restablecían la limitación de la jurisdicción penal en determinadas circunstancias sobre los autores no indígenas de delitos de violencia sexual contra mujeres indígenas. Pese a que el 96% de las personas indígenas sobrevivientes de violencia sexual habían sufrido ese tipo de violencia por parte de al menos una pareja no indígena, la legislación estadounidense vigente seguía impidiendo que los gobiernos locales de las tribus procesaran esos casos, lo que en la práctica creaba un sistema en el que los autores no indígenas de violencia sexual nunca eran juzgados.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
El gobierno del presidente Biden ordenó a los organismos gubernamentales que protegieran a las familias y las personas menores de edad LGBTI frente a los ataques que sufrían en relación con la atención médica, abordaran los efectos de las leyes estatales dirigidas contra el estudiantado LGBTI y encabezaran una iniciativa para reducir el riesgo de exposición a las denominadas “terapias de conversión”. Además, el Departamento de Estado anunció que las personas titulares de un pasaporte estadounidense podían solicitar la libre elección de su género sin aportar documentos médicos y escoger “X” como mención relativa al sexo. En diciembre entró en vigor la Ley de Respeto al Matrimonio, que ofrecía una cierta protección federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Los diferentes estados siguieron introduciendo proyectos de ley contra la población LGBTI a niveles sin precedentes. En particular, Florida aprobó un proyecto de ley que prohibía toda enseñanza o debate sobre la orientación sexual o la identidad de género dirigidos al estudiantado entre preescolar y tercer grado, es decir, de edad generalmente inferior a 10 años. Además, los estados introdujeron decenas de proyectos de ley centrados en restringir el acceso de las personas jóvenes trans a la atención médica de afirmación de género. Arizona aprobó un proyecto de ley que prohibía la cirugía de afirmación de género antes de los 18 años. La Corte Suprema de Texas permitió que el estado investigara como abuso infantil los servicios de afirmación de género para jóvenes trans.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Los Protocolos de Protección a Migrantes y el Título 42 del Código de Estados Unidos seguían limitando drásticamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno del presidente Biden intentó poner fin a ambos programas, pero los tribunales federales ordenaron que continuaran durante 2022, lo que causó daños irreparables a decenas de miles de personas solicitantes de asilo que fueron expulsadas a México —donde corrían peligro— o a sus países de origen. En aplicación del Título 42, no había acceso al asilo ni se realizaban evaluaciones de riesgos. Además, en aplicación de los Protocolos de Protección a Migrantes, se obligaba a las personas solicitantes de asilo a permanecer en México durante el proceso.
Las autoridades estadounidenses sometieron a las personas haitianas solicitantes de asilo a detención arbitraria y malos tratos humillantes y discriminatorios que constituían tortura por motivos de raza y situación migratoria y tenían su origen en la discriminación sistemática de las personas negras.1
El gobierno estadounidense asignó el Estatus de Protección Temporal a las personas de nacionalidad camerunesa, etíope, sursudanesa, sudanesa y ucraniana, lo que les proporcionó protección contra su expulsión de Estados Unidos. Además, las autoridades implementaron un programa piloto de patrocinio privado que permitía a las comunidades reasentar directamente a las personas refugiadas a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.
El Congreso no aprobó la Ley de Ajuste Afgano, lo que dejó en una situación precaria a las personas afganas evacuadas, que eran admitidas sólo con carácter temporal a través de la solicitud de visado por motivos humanitarios.
Las autoridades mantuvieron un sistema de detención arbitraria y masiva de personas migrantes que contaba con financiación para recluir diariamente a 34.000 personas en 2022. La multimillonaria industria basada en utilizar las prisiones privadas para recluir a personas que buscaban seguridad siguió en marcha, y se aplicaron alternativas a la detención basadas en la vigilancia —como el seguimiento electrónico— a casi 285.000 familias y personas.
Libertad de reunión
Más de 75 personas fueron detenidas en relación con las protestas que tuvieron lugar a raíz de la muerte en junio de Jayland Walker, hombre negro contra el que la policía había disparado 46 veces en Akron (Ohio). Las protestas fueron organizadas por coordinadores comunitarios locales y activistas que también celebraron actos en los que exigían la rendición de cuentas de la policía. Las autoridades locales decretaron un toque de queda en el centro de Akron que se mantuvo en vigor durante 2 semanas después de la muerte de Jayland Walker.
Los legisladores y legisladoras del Congreso y los de al menos 11 estados introdujeron un mínimo de 16 proyectos de ley que limitaban la libertad de reunión, y 2 estados los incorporaron a su ordenamiento jurídico en 2022. Entre las restricciones jurídicas a la libertad de reunión propuestas figuraban la tipificación de un nuevo delito federal por la obstrucción de carreteras interestatales durante las protestas y, a nivel de los estados, la introducción de sanciones más elevadas por los actos de desobediencia civil relacionados con proyectos de infraestructura tales como oleoductos, la obstrucción de carreteras y los daños a monumentos o bienes públicos.
Uso excesivo de la fuerza
En 2022 murieron al menos 1.093 personas por disparos efectuados por la policía. La escasa información pública disponible sugería que la población negra sufría de forma desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no documentaba con precisión el número de personas que morían bajo custodia, al contrario de lo establecido en la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, de 2013, y cifró en 990 el número de muertes en prisiones, en otros centros de reclusión y durante las detenciones que habían quedado sin contabilizar en el ejercicio fiscal de 2021.
El Senado de Estados Unidos no adoptó la Ley sobre Justicia en la Actuación Policial (Ley George Floyd), que había sido aprobada en 2021 por la Cámara de Representantes. Esta ley abordaba una amplia gama de políticas y cuestiones relativas a la función policial y la rendición de cuentas de los agentes encargados de hacer cumplir la ley que habían sido reivindicadas durante las protestas generalizadas de 2020.
Tras someter a Estados Unidos a examen, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el uso de fuerza excesiva o letal por parte del funcionariado encargado de hacer cumplir la ley contra las minorías raciales y étnicas, y la permanente impunidad de los abusos cometidos por la policía. El CERD recomendó que se revisara la legislación federal y estatal que regulaba el uso de fuerza letal a fin de garantizar su conformidad con el derecho y las normas internacionales, y que se crearan organismos de supervisión independientes, o se reforzaran los existentes, para garantizar la rendición de cuentas.
Pena de muerte
Durante el periodo de sesiones legislativas de 2021-2022 se presentaron proyectos de ley sobre la abolición de la pena de muerte en varios estados y a nivel federal, pero no se aprobó ninguno de ellos. No obstante, el gobernador de California promulgó la Ley de Justicia Racial para todas las Personas, que aplicaba con carácter retroactivo la Ley de Justicia Racial, de 2020, y permitía a las personas acusadas o declaradas culpables de un delito objetar prejuicios raciales en su causa. Esa medida podría suponer un alivio para algunas de las 682 personas que se encontraban en espera de ejecución en California en 2022.
En julio, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma fijó la fecha de ejecución de 25 de las 43 personas condenadas a muerte en el estado, programando prácticamente una ejecución mensual desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2024. De cumplir el programa, Oklahoma ejecutaría al 58% de su población condenada a muerte. Alabama y Carolina del Sur seguían intentado restablecer algunos métodos de ejecución crueles, según las normas internacionales, como la cámara de gas o los pelotones de fusilamiento, respectivamente.
Detención arbitraria
Un total de 35 varones musulmanes permanecían recluidos de manera arbitraria e indefinida en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), en contravención del derecho internacional. El gobierno del presidente Biden avanzó poco en el cierre del centro, pese a su intención de hacerlo.
En 2022, la Junta de Revisión Periódica aprobó el traslado de 9 detenidos de Guantánamo, elevando así a 20 el número de personas que permanecían recluidas sin cargos en el centro tras haberse autorizado su traslado, en algunos casos hacía más de un decenio. También seguía recluido otro hombre que se había declarado culpable de los cargos presentados en su contra y había cumplido su condena. En 2022 se trasladó fuera del centro a 3 detenidos. Los demás carecían de acceso a tratamiento médico adecuado, y los sobrevivientes de las torturas y otros malos tratos infligidos por agentes estadounidenses no recibían servicios de rehabilitación apropiados.
Diez detenidos seguían enfrentándose a cargos en el sistema de comisiones militares, contrario al derecho y las normas internacionales sobre juicios justos, y podían ser condenados a muerte en caso de ser declarados culpables. El uso de la pena capital en casos como esos, tras procedimientos que incumplían las normas internacionales, constituiría una privación arbitraria de la vida.
Los juicios de los acusados de delitos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, que habían sido suspendidos en repetidas ocasiones en los años anteriores, continuaban paralizados. Las fiscalías de las comisiones militares intentaron negociar acuerdos de declaración de culpabilidad con algunos de los acusados.
Tortura y otros malos tratos
Más de diez años después de que se recluyera a decenas de personas en el contexto de un sistema de centros de detención secreta gestionado por la CIA y autorizado desde 2001 hasta 2009, nadie había comparecido ante la justicia por los crímenes de derecho internacional y las violaciones sistemáticas de derechos humanos —como desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos— cometidos en el marco de ese programa. El informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre los actos de tortura de la CIA seguía bajo secreto años después de que las escasas investigaciones realizadas sobre esos delitos se hubieran cerrado sin que se presentaran cargos contra nadie.
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
La violencia con arma de fuego seguía estando muy extendida por todo el país, y las autoridades hicieron públicas unas cifras basadas en unos primeros cálculos oficiales que mostraban que en 2021 habían muerto por esa causa casi 49.000 personas, como continuación del fuerte aumento de las muertes relacionadas con armas de fuego que había tenido lugar durante la pandemia de COVID-19. La violencia con arma de fuego se convirtió en la principal causa de muerte entre la población infantil y adolescente por primera vez en los 40 años en que se venía recopilando esa información.
El aumento de la compra y posesión no regulada de armas, sumado al extremismo político, la xenofobia y el racismo crecientes, dio lugar a varios homicidios en masa. En mayo, un hombre de 18 años atacó un supermercado de un barrio de población negra en Búfalo (Nueva York) y mató a 10 personas. Unas semanas más tarde, otro hombre de 18 años mató a 21 personas —19 de ellas niñas y niños— en una escuela de educación primaria de Uvalde (Texas). En julio, un hombre de 21 años disparó contra una muchedumbre que celebraba el Día de la Independencia en Highland Park (Illinois) y mató a 7 personas.
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en la primera causa relacionada con el derecho a usar armas de fuego en la que intervenía en más de un decenio. Resolvió que la centenaria ley de Nueva York que establecía la obligatoriedad de una licencia para portar armas ocultas en el espacio público, así como legislación similar de otros siete estados densamente poblados, eran inconstitucionales.
El Congreso aprobó la primera ley en casi 30 años que regulaba algunos aspectos de la adquisición, posesión y uso de armas de fuego: la denominada Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras incluía disposiciones destinadas a financiar programas de órdenes de protección relacionadas con la intervención de los estados en situaciones de crisis y de intervención en materia de violencia comunitaria con armas de fuego, medidas de protección para las víctimas de la violencia de género en el ámbito familiar, y la ampliación del procedimiento de revisión de antecedentes de las personas menores de 21 años que compraran armas. Además, tipificaba como delitos federales la compra fraudulenta (la adquisición de un arma de fuego en nombre de alguien que no podía comprarla legalmente o para alguien que no deseara que se relacionara su nombre con la compra) y el tráfico de armas. La Ley representaba un avance, pero no ampliaba las salvaguardias básicas esenciales relativas a las armas de fuego, como, por ejemplo, la comprobación general de antecedentes en todas las compras de armas de fuego o la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad.
Ejecuciones extrajudiciales
El gobierno estadounidense continuó empleando fuerza letal en países de todo el mundo, incluidos drones armados. Además, siguió ocultando información relativa a las normas jurídicas y de política, así como los criterios que las fuerzas estadounidenses aplicaban al emplear medios letales. Las autoridades tampoco ofrecieron justicia, verdad y reparación por los homicidios de civiles cometidos en el pasado.
El gobierno del presidente Biden inició una revisión de las políticas sobre el uso de medios letales y, en septiembre, hizo público el nuevo Plan de Acción de Mitigación y Respuesta ante los Daños causados a la Población Civil (CHMR-AP, por sus siglas en inglés), que presentaba un proyecto para que el Departamento de Defensa adoptara prácticas y procedimientos a fin de proteger mejor a la población civil y de mejorar en el futuro las investigaciones sobre los daños ocasionados a civiles. Sin embargo, aún no se habían elaborado los detalles de la nueva política, que no se aplicaría a los ataques mortales efectuados por la CIA.
Estados Unidos no abordó muchos casos de daños causados en el pasado a la población civil y, pese a los claros indicios presentados por las ONG, seguía negando casos bien documentados de muertes, lesiones y otros daños infligidos a civiles.
Con el fin de mejorar las políticas de protección de la población civil, en noviembre Estados Unidos refrendó en Dublín (Irlanda) la Declaración Internacional sobre la Protección de Civiles contra al Uso de Armas Explosivas en Áreas Pobladas.
Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental
En 2022, el Congreso aprobó una partida de sólo 1.000 millones de dólares estadounidenses para la financiación climática internacional, cifra que quedaba muy por debajo del nivel de capacidad y responsabilidad del país, así como del compromiso que el presidente Biden había asumido en 2021 de aportar anualmente 11.400 millones de dólares no más tarde de 2024.
En agosto se promulgó la Ley para la Reducción de la Inflación, de 2022, centrada simultáneamente en la energía limpia y en el sector de los combustibles fósiles, en lo que constituía el primer paquete de legislación sobre el cambio climático de la historia de Estados Unidos. Aunque la ley implementaba el compromiso de cumplir las metas de Estados Unidos en cuanto a la contribución determinada a nivel nacional para reducir las emisiones antes de 2030, esas metas no cumplían los requisitos para mantener el aumento de la temperatura en 1,5 °C, ni se correspondían con la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis climática y su capacidad para abordarla. La ley también restablecía las antiguas subastas de contratos de arrendamiento de petróleo y gas en terrenos federales y en el Golfo de México, que el gobierno del presidente Biden había intentado cancelar, y obligaba a las autoridades a celebrar varias subastas nuevas a partir de septiembre.
En julio, las lluvias incesantes provocaron inundaciones repentinas en la parte oriental de Kentucky —zona donde la minería practicada a cielo abierto y mediante la remoción de la cima de las montañas estaba muy extendida— que causaron la muerte de al menos 44 personas y dejaron a miles más sin vivienda. El país sufrió la temporada de incendios forestales más activa de los 10 años anteriores, principalmente en los estados occidentales, alimentada por el calor extremo y la persistente sequía causados por el cambio climático. En septiembre, el huracán Ian provocó daños inconmensurables en la parte suroccidental de Florida —zona proclive a las inundaciones que se había urbanizado mediante la eliminación de manglares y el relleno de pantanos—, y sólo en ese estado dejó un saldo de al menos 144 personas muertas.
Derecho al agua y al saneamiento
Jackson (Mississippi), una ciudad de población mayoritariamente negra, sufrió en agosto unas inundaciones que dañaron su planta de tratamiento de agua y dejaron a casi 150.000 habitantes sin agua potable ni agua adecuada para el saneamiento. Históricamente, la ciudad no había recibido financiación suficiente del estado para abordar los problemas que venía presentando desde hacía decenios para suministrar agua potable a su población.