El 16 de mayo de 2022, los reconocidos defensores de derechos humanos venezolanos Marino Alvarado y Alfredo Infante recibieron notificación de una demanda por difamación interpuesta en su contra por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. La demanda surge como respuesta a un informe publicado en marzo por las ONG a las que pertenecen Alvarado e Infante, Provea y Centro Gumilla respectivamente, que denuncia posibles ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo y la falta de rendición de cuentas del gobernador. El gobernador debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos.
