En el contexto actual que vive el Perú, Amnistía Internacional recuerda a sus autoridades que tienen la obligación internacional de imponer sanciones severas a las personas que, ya sea actuando como agentes del Estado peruano o como miembros de grupos de oposición armada, sean halladas culpables por la comisión de crímenes de derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos, según corresponda.