El 30 de marzo de 2020, alegando la respuesta que debe dar a la COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, México, retiró el acompañamiento policial a la defensora de los derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar. Adelaida Salas cuenta con medidas de protección otorgadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde marzo de 2017. El estado de Yucatán no debe utilizar las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia como pretexto para debilitar o retirar la protección a quienes defienden los derechos humanos.
