Este informe conjunto entre Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales documenta el impacto letal que el COVID-19 ha tenido sobre las personas en América Latina y el Caribe debido a las desigualdades sistémicas de la región y la vulnerabilidad de su modelo económico y social, y a la debilidad en sus finanzas públicas. Asimismo, analiza las crisis profundizadas por el COVID-19 desde una perspectiva de derechos humanos y en consecuencia evidencia que muchos de los problemas estructurales de la región son también violaciones a los derechos humanos. Finalmente, ofrece soluciones basadas en las obligaciones internacionales de los Estados.