DECISIÓN. POLÍTICA SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETAR, PROTEGER Y REALIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DEDICADAS AL TRABAJO SEXUAL

DECISIÓN. POLÍTICA SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETAR, PROTEGER Y REALIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DEDICADAS AL TRABAJO SEXUAL

El Consejo Internacional

SOLICITA a la Junta Directiva Internacional que adopte una política que trate de conseguir la mayor protección posible de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual a través de medidas entre las que figure su despenalización, teniendo en cuenta:

1. Que el punto de partida es evitar y reparar las violaciones de derechos humanos contra las personas que ejercen el trabajo sexual, y en concreto la necesidad de que los Estados no sólo revisen y deroguen las leyes que hacen vulnerables a las personas dedicadas al trabajo sexual frente a la violación de sus derechos humanos, sino que también se abstengan de promulgar tales leyes.

2. El compromiso general de Amnistía Internacional de hacer avanzar la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

3. La obligación de los Estados de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción frente a políticas, leyes y prácticas discriminatorias, dado que la situación y la experiencia de la discriminación son a menudo factores clave que conducen a las personas a ejercer el trabajo sexual, además de incrementar la vulnerabilidad ante violaciones de derechos humanos en el ejercicio del trabajo sexual y limitar las opciones de abandonar voluntariamente el ejercicio del trabajo sexual.

4. El principio de reducción del daño.

5. Que los Estados tienen la obligación de prevenir y combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y de proteger los derechos humanos de las víctimas de trata.

6. Que los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de los trabajadores y las trabajadoras sexuales frente a la explotación, y que pueden aplicar la legislación penal para abordar los actos de explotación.

7. Que debe penalizarse todo acto relacionado con la explotación sexual de personas menores de edad. Se reconoce que toda persona menor de edad implicada en actos de comercio sexual es víctima de explotación sexual, y que tiene derecho, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, a recibir apoyo, reparación y remedio, y que los Estados deben tomar todas las medidas adecuadas para evitar la explotación y el abuso sexual de menores.

8. La evidencia de que las personas que se dedican al trabajo sexual a menudo lo ejercen debido a la marginación y a la falta de alternativas, y que por consiguiente Amnistía Internacional instará a los Estados a que tomen medidas adecuadas para que puedan hacerse realidad los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, de manera que ninguna se inicie en el trabajo sexual contra su voluntad ni se vea obligada a depender de él como único medio de supervivencia, y para que se garantice que las personas que se dedican a esa actividad puedan abandonarla cuando lo deseen.

9. Que se garantice que la política procure maximizar la protección de toda la variedad de derechos humanos –además de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la no discriminación– relacionada con el trabajo sexual, y de manera especial la seguridad de la persona, los derechos de las personas menores de edad, el acceso a la justicia, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a disponer de medios de subsistencia.

10. El reconocimiento y el respeto hacia la participación activa de los trabajadores y las trabajadoras sexuales en la articulación de sus experiencias y en la definición de las soluciones más apropiadas que garanticen su bienestar y seguridad, ateniéndose al mismo tiempo a principios internacionales de derechos humanos más amplios y pertinentes en relación con la participación en la toma de decisiones, tales como el principio de consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a los pueblos indígenas.

11. Las evidencias, recogidas en las investigaciones de Amnistía Internacional y de otras entidades externas, sobre las experiencias vividas por los trabajadores y las trabajadoras sexuales, así como sobre el impacto que tienen en los derechos humanos las diversas leyes penales y enfoques reguladores sobre el trabajo sexual.

12. Que la política habrá de ser plenamente coherente con las posturas de Amnistía Internacional en relación con el consentimiento para la actividad sexual, incluidos contextos que suponen abuso de poder o posición de autoridad.

13. Que Amnistía Internacional no adopta postura alguna en relación con la posibilidad de que el trabajo sexual se reconozca formalmente como una forma de empleo a efectos de su regulación. Que los Estados pueden imponer restricciones legítimas sobre la venta de servicios sexuales, siempre que tales restricciones se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos, y en particular que tengan un propósito legítimo, estén previstas en la legislación, sean necesarias y proporcionales al fin legítimo que trata de conseguirse y no sean discriminatorias.

La política ofrecerá la posibilidad de ser aplicada de forma flexible y adaptada a necesidades en jurisdicciones de todo tipo, reconociéndose que las entidades de Amnistía Internacional pueden emprender actividades sobre diferentes aspectos de esta política y adoptar un enfoque progresivo sobre esta labor (de conformidad con esta política y dentro de sus límites) en función de las valoraciones de contextos jurídicos y políticos específicos.

La Junta Directiva Internacional garantizará que, tras la publicación del informe definitivo de investigación, las Secciones y Estructuras dispondrán de la oportunidad de examinar y comentar la propuesta final de política antes de su adopción.