La respuesta del gobierno a la COVID-19 generó preocupación por la situación de los derechos humanos, en especial los relativos a la salud y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de circulación. No se avanzó en lo referente a abordar la tortura y otros malos tratos, que eran sistémicos. Se aprobó una nueva ley sobre ONG para cuya elaboración se había consultado a la sociedad civil. Seguía suscitando preocupación la falta de garantías de juicio justo.
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