Persistieron las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente. Continuaron las devoluciones sumarias de personas refugiadas y migrantes, así como la represión ejercida por las autoridades contra las ONG que las ayudaban. Se promulgó una controvertida ley que carecía de salvaguardias efectivas para las personas sometidas a vigilancia. Se siguieron violando derechos de quienes ejercían la objeción de conciencia al servicio militar. Se presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva que detallaba los efectos devastadores en la salud de las medidas de austeridad.
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