Grecia 2024
Un tribunal de apelación confirmó el fallo condenatorio dictado contra dos hombres por la muerte del activista LGBTI Zak Kostopoulos. Continuaron los informes de abusos contra personas refugiadas y migrantes en las fronteras, y en el centro de acogida de Samos había solicitantes de asilo en condiciones de detención ilícita. Se siguió criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos por su trabajo con personas refugiadas y migrantes. Persistieron las denuncias sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza por la policía en el curso de manifestaciones. Suscitó preocupación una investigación según la cual no existía ninguna vinculación de ministerios u otros organismos del Estado con el uso ilícito de software espía. Grecia dio un paso histórico al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Trabajadores y trabajadoras de la salud continuaron denunciando importantes y persistentes deficiencias en el sistema nacional de salud griego.
Derecho a la vida
En julio, el Tribunal de Apelaciones de Atenas, la capital, confirmó el fallo condenatorio dictado contra dos hombres por lesiones mortales en relación con la muerte del activista LGBTI Zak Kostopoulos, ocurrida en septiembre de 2018.
En agosto, la fiscalía de La Canea (Creta) acusó a cuatro agentes de policía de homicidio doloso con posible alevosía en relación con el caso de Kostas Manioudakis, muerto durante una operación de identificación y registro en el pueblo cretense de Vryses en septiembre de 2023.
En septiembre murió bajo custodia policial el trabajador migrante Kamran Ashiq. Las fotografías de su cadáver publicadas en medios de comunicación mostraban lesiones que indicaban que lo habían golpeado. En diciembre, el mecanismo nacional de presentación de denuncias contra la policía anunció que había abierto su propia investigación sobre el caso.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Continuaron produciéndose naufragios letales y siguió denunciándose que en las fronteras se cometían violaciones de derechos humanos, incluidas devoluciones sumarias ilícitas llevadas a cabo por funcionarios griegos encargados de hacer cumplir la ley, contra personas solicitantes de asilo y migrantes racializadas.
En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en relación con un caso de 2014 —en el que la guardia costera había disparado contra una embarcación durante una interceptación en el mar y herido a un hombre sirio que posteriormente murió— que Grecia había violado el derecho a la vida en relación tanto con la investigación de los hechos como con el uso de medios letales.
A pesar de esta sentencia, el empleo de armas de fuego por los funcionarios públicos durante las operaciones de control de fronteras siguió siendo motivo de preocupación. En julio murió un hombre cuando la guardia costera abrió fuego contra una embarcación durante una persecución frente a la costa de Symi.
En diciembre concluyó por fin la investigación nacional preliminar sobre la actuación de las autoridades en el naufragio de Pilos de junio de 2023, en el que más de 600 personas perdieron la vida. Las que sobrevivieron habían afirmado que la guardia costera griega era responsable de lo ocurrido. Las ONG que actuaban en representación de ellas y de las familias de las víctimas criticaron que la acusación no citara —para que aportaran explicaciones por escrito— a las autoridades responsables de coordinar la operación de búsqueda y salvamento y a sus superiores. En mayo resultaron absueltos nueve sobrevivientes contra los que se habían presentado cargos —incluido el de causar el naufragio— en una causa distinta que había suscitado preocupación por considerarse que no ofrecía garantías de juicio justo.
Las personas solicitantes de asilo —racializadas en su mayoría— que vivían en el centro cerrado de acceso controlado de la isla de Samos, financiado por la Unión Europea (UE), eran sometidas sistemáticamente a “restricciones de la libertad” equiparables a detención ilícita. Además, los servicios básicos, como el agua potable y la asistencia médica, de que disponían allí eran deficientes. Se temía que las privadas de libertad hubieran sufrido condiciones de reclusión inhumanas y degradantes, sobre todo durante periodos de hacinamiento.1
En julio, el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, hizo públicos motivos de preocupación análogos en relación con otros centros cerrados de acceso controlado que había visitado en 2023.
El sistema de contención aplicado en Samos y otros centros cerrados de acceso controlado afectaba de forma desproporcionada a las personas racializadas y favorecía la exclusión racializada de personas refugiadas y migrantes.
En octubre, en una causa relativa a la readmisión de solicitantes de asilo en Turquía, tras su llegada a Grecia, en aplicación del acuerdo de readmisión firmado en 2014 entre la UE y Turquía, que ésta tenía suspendido desde marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que, si el país de retorno no garantizaba la readmisión, las solicitudes de asilo no podían ser rechazadas por considerarse inadmisibles en aplicación de la norma del “tercer país seguro”.
Hubo retrocesos en el acceso de las personas refugiadas y solicitantes de asilo a ayudas económicas y sociales. El programa Helios, dirigido por la Organización Internacional para las Migraciones con fondos de las autoridades griegas, finalizó el 30 de noviembre tras haber proporcionado vivienda y otras ayudas a personas beneficiarias de protección internacional y de protección temporal de la UE. Según la ONG Refugee Support Aegean, desde mayo las autoridades no pagaban la ayuda económica establecida por ley para solicitantes de asilo.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
En enero, un tribunal de Lesbos absolvió de cargos menores —incluido el de espionaje— a 16 integrantes de organizaciones humanitarias que participaban en operaciones de búsqueda y salvamento de personas refugiadas y migrantes.
Seguían suscitando preocupación los cargos que pesaban contra Panayote Dimitras, portavoz de la ONG Observador Griego de Helsinki, y Tommy Olsen, director de la ONG Aegean Boat Report, en relación con su labor de asistencia a las personas refugiadas y migrantes en las fronteras griegas. En el marco de esta investigación, Panayote Dimitras continuaba sujeto a medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir de Grecia. En mayo, las autoridades cursaron una orden de detención de ámbito nacional contra Tommy Olsen.
En agosto, una ONG criticó el acoso judicial añadido de que era objeto Panayote Dimitras, quien, junto con su esposa, Nafsika Papanikolatou, se enfrentaba a una investigación penal por presuntos delitos de abuso de confianza y blanqueo de dinero.
En noviembre se plantearon motivos de preocupación respecto del juicio de la defensora de los derechos humanos Alexia Tsouni por cargos que incluían “falso testimonio” y difamación, al parecer motivados por su trabajo contra el racismo y su activismo en favor de las personas refugiadas.
Libertad de reunión pacífica
Persistían los informes sobre uso policial de fuerza innecesaria y excesiva —incluido empleo indebido de armas de letalidad reducida— contra manifestantes y periodistas.
En diciembre, la policía llevó a la abogada de derechos humanos Anny Paparousou y a un grupo de personas que iban a participar en una manifestación pacífica a una comisaría para realizar controles de identidad. La medida era aparentemente ilegal y tenía como objetivo principal impedirles acudir a la protesta.
En octubre, un tribunal concedió una indemnización al fotoperiodista Orestis Panagiotou por las graves lesiones sufridas al ser alcanzado de lleno por el chorro de un cañón de agua cuando informaba sobre una manifestación en Atenas en 2021. En noviembre, un tribunal de Atenas impuso una condena condicional de ocho meses de prisión a un agente de policía declarado culpable de haberle causado lesiones por negligencia.
Libertad de expresión
Grecia aún no había aprobado un marco legislativo eficaz para abordar las denominadas “demandas estratégicas contra la participación pública”.
En septiembre se celebró en Atenas la vista de un recurso de apelación que la periodista Stavroula Poulimeni y la cooperativa periodística Alterthess habían presentado contra la sentencia dictada, parcialmente en su contra, en un pleito entablado en 2021 —a raíz de su labor informativa sobre un caso de daños ecológicos— y que se consideró que reunía todas las características de una de tales demandas estratégicas.
En octubre, un tribunal de Atenas desestimó una demanda por difamación presentada en 2022 por Grigoris Dimitriadis, ex jefe de gabinete del primer ministro, contra tres periodistas —entre ellos Thanasis Koukakis— y dos medios de comunicación —Newspaper of Editors y Reporters United— en relación con un artículo de investigación sobre el escándalo de la vigilancia en Grecia. Varias ONG de defensa de la libertad de prensa afirmaron que se trataba de una demanda estratégica.
Derecho a la privacidad
En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Grecia había violado el derecho a la vida privada al revelar las autoridades la identidad y datos médicos de mujeres diagnosticadas con infección de VIH en 2012.
En julio, partidos de la oposición, la sociedad civil y representantes legales de víctimas de vigilancia ilícita expresaron su profunda preocupación ante una investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo que concluía que no existía ninguna vinculación de ministerios u otros organismos del Estado con el uso ilegal del software espía Predator.
Violencia contra mujeres y niñas
En abril, Kyriaki Griva fue asesinada por su expareja a la salida de una comisaría de policía de Atenas adonde había acudido en busca de protección. El modo en que la policía trató su denuncia causó indignación y dio lugar a que se abriera una investigación a cuatro agentes de policía por el delito de “poner en peligro la vida de una persona”.
En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Grecia a reformar la legislación de 2021 sobre la custodia compartida para garantizar la protección de todas las víctimas de violencia en el ámbito familiar y a tipificar específicamente como delito el femicidio.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En febrero, el Parlamento legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo; sin embargo, al no abordar otras lagunas del marco jurídico, dejó que las personas LGBTI —incluidas las transgénero y sus hijos e hijas— continuaran en riesgo de discriminación.
Según la Asociación Griega de Apoyo a las Personas Transgénero, éstas se enfrentaban a múltiples barreras en la vida debido a que el sistema de salud utilizaba aún una lista de clasificación médica en la que se calificaba la condición trans como “trastorno de la identidad de género”.
En un informe publicado en abril sobre sus conclusiones de 2023, la Red de Documentación de Casos de Violencia Racista documentó 158 casos, 61 de los cuales afectaban a personas LGBTI.
Derechos de los objetores de conciencia
La alternativa civil al servicio militar obligatorio seguía siendo punitiva y discriminatoria. A pesar de un dictamen histórico de 2021 en el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había concluido que en el caso del objetor de conciencia Lazaros Petromelidis se habían cometido múltiples violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Grecia continuó sin ofrecerle plena reparación y sin “revisar su legislación con miras a garantizar efectivamente el derecho a la objeción de conciencia”.
Derecho a un medioambiente saludable
Personal experto del Índice de Desempeño frente al Cambio Climático criticó la importante expansión de la infraestructura gasística de Grecia, ya que implicaba un aumento de su dependencia de los combustibles fósiles.
Hubo muertes a causa de una ola de calor extremo, atribuida por la comunidad científica a los efectos del cambio climático. En agosto, un estudio paneuropeo predijo que las muertes relacionadas con la temperatura aumentarían en Europa en este siglo y que, en un escenario de 3 °C de calentamiento, el número anual de muertes asociadas al calor en Grecia aumentaría de las 1.730 que se registraban ya a 4.767.
Una serie de grandes incendios forestales que se produjeron en la región del Ática en agosto y en el municipio de Xylokastro en septiembre arrasaron miles de hectáreas y muchas viviendas, y causaron tres muertes. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicado en junio, el cambio climático agravaba cada vez más el peligro de incendios descontrolados en Grecia.
Derecho a la salud
Trabajadores y trabajadoras de la salud y especialistas en el sector continuaron denunciando deficiencias importantes y persistentes en el sistema nacional de salud griego, como falta de personal, jornadas laborales excesivas, dificultades para conseguir permisos y centros médicos en peligro de cierre o con capacidad de funcionamiento reducida por falta de personal o de material.