La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto y agudizado la prolongada desatención de las personas refugiadas y migrantes que necesitan servicios de salud mental, señaló hoy Amnistía Internacional. En su informe, la organización afirma que la comunidad internacional había incumplido la promesa, plasmada en el derecho internacional, de asegurar a todas las personas el más alto nivel posible de salud mental.
Está claro que la salud mental de las personas que buscan un lugar seguro nunca ha sido una prioridad para la comunidad internacional; esto tiene que cambiar.
Charlotte Phillips, responsable del equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes
“Apenas una parte mínima de los fondos internacionales de ayuda correspondientes a salud se destinan a la salud mental y, a menudo, las personas refugiadas y migrantes quedan excluidas incluso de los pocos servicios disponibles. Resulta claro que la salud mental de las personas que intentan llegar a un contexto de seguridad nunca ha sido una prioridad para la comunidad internacional y esta situación debe cambiar”, expresó Charlotte Phillips, responsable del equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.
“La crisis de la COVID-19 ha afectado particularmente a las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes, que en muchos casos ya enfrentan obstáculos en el acceso a la vivienda, el empleo y la atención de la salud. Desde hace mucho tiempo, la mayoría de los gobiernos no brindan servicios de salud mental adecuados a las personas refugiadas y migrantes, por lo que éstas han de enfrentarse sin ningún tipo de apoyo a la incertidumbre y el aislamiento asociados a la pandemia”.
Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a eliminar las barreras que impiden que personas refugiadas y migrantes puedan recibir servicios y apoyo en salud mental. Asimismo, los países más ricos deben incrementar la ayuda que prestan a otros con menos ingresos, a fin de que las personas más marginadas de la sociedad reciban el apoyo al que tienen derecho.
Políticas abusivas que exacerban el sufrimiento
La pandemia de COVID-19 ha llevado al límite de su capacidad a los sistemas de salud en un momento en el que, a causa del aislamiento social, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el desempleo, los servicios de salud mental se necesitan más que nunca. En cada país, esto afecta a su ciudadanía y a las personas que residen allí desde hace tiempo, así como a las poblaciones en movimiento.
Sin embargo, las necesidades de salud mental de las personas refugiadas, que en muchos casos han sobrevivido a terribles experiencias, pueden ser muy distintas de las del resto de la población.
En vez de contribuir al bienestar de las personas refugiadas y migrantes, que en los países receptores también suelen enfrentar racismo, hostilidad, pobreza y desempleo, muchos gobiernos han adoptado políticas y prácticas abusivas cuyo efecto pernicioso para la salud mental se encuentra ampliamente documentado.
A modo de ejemplo, puede mencionarse la política establecida por Australia que, con fines deliberadamente punitivos, detiene a personas solicitantes de asilo en Nauru y ha contribuido a que haya una alta incidencia de intentos de suicido y autolesiones. En EE. UU., Amnistía Internacional determinó que la implementación de las políticas sobre separación familiar, por el grave sufrimiento psíquico que ésta causa, constituye tortura.
Ausencia de datos que denota abandono
Son muy pocos los datos recientes con los que se cuenta sobre la disponibilidad de servicios de salud mental para las personas refugiadas y migrantes. Esto, de por sí, ya es un problema, pues implica que los Estados no están verificando su cumplimiento de la obligación de brindar servicios de salud mental accesibles a todas las personas, y pone de manifiesto hasta qué punto se han relegado las necesidades de las personas refugiadas y migrantes en materia de salud mental.
De la información que sí está disponible se desprende a todas luces que los servicios son absolutamente deficientes. La gran mayoría (el 85%) de las personas refugiadas en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios. El promedio anual de fondos per cápita destinados a todos los servicios de salud mental en estos países es muy inferior al adecuado, con valores que van de 0,02 dólares estadounidenses en países de bajos ingresos a 1,05 dólares en países de ingresos medio- bajos.
El efecto emocional de la pandemia se hará sentir durante varios años. Instamos a todos los gobiernos a garantizar que haya servicios de salud mental adecuados para todos aquellos que los necesiten, incluidas las personas refugiadas y migrantes.
Charlotte Phillips
Asimismo, los países de ingresos altos tampoco prestan apoyo suficiente a otros menos ricos para que puedan brindar servicios de salud mental a su población. Entre 2007 y 2013, apenas el 1% del presupuesto mundial de ayuda internacional correspondiente a salud se destinó a la salud mental. Además, muchos países se sirven de la condición migratoria para determinar si las personas pueden obtener servicios de salud, y esto redunda en mayores obstáculos al acceso de las personas refugiadas y migrantes.
Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que adopten medidas para que sus políticas sobre salud permitan la integración plena de las personas refugiadas y migrantes y que, al mismo tiempo, pongan fin a las políticas y prácticas migratorias que vulneran los derechos humanos y provocan angustia mental, como la separación de las familias y la detención de niños y niñas. Cuando los países con menos ingresos no cuenten con recursos suficientes y capacidad para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud de las personas en su jurisdicción, las naciones más ricas deben responder prestando el apoyo que sea necesario.
“El efecto emocional de la pandemia se hará sentir durante varios años. Instamos a todos los gobiernos a garantizar que haya servicios de salud mental adecuados para todos aquellos que los necesiten, incluidas las personas refugiadas y migrantes”, expresó Charlotte Phillips.
“Todo sistema de atención y tratamiento de la salud mental que excluya a sectores enteros de la sociedad, como las personas refugiadas y migrantes, no cumple con el fin para el cual se creó”.