Aung San Suu Kyi, consejera de Estado de Myanmar y mandataria de facto del país, encabezará la delegación de Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos) para responder a la denuncia presentada contra Myanmar por incumplir sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de la ONU. El caso fue presentado por Gambia el 11 de noviembre de 2019.
El miércoles 11 de diciembre de 2019, Myanmar responderá por primera vez a las acusaciones de Gambia ante la Corte.
La primera audiencia pública tendrá lugar entre el 10 y el 12 de diciembre. Gambia ha pedido a la CIJ que ordene a Myanmar tomar “medidas provisionales para proteger los derechos del grupo rohinyá” y evitar cualquier acto que constituya crimen de genocidio contra esa comunidad o contribuya a la comisión de este crimen, en espera de las audiencias formales sobre el caso.
El gobierno myanmaro —incluida Aung San Suu Kyi— ha seguido haciendo oídos sordos, minimizando o negando estas acusaciones.
Nicholas Bequelin
Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental, ha manifestado:
“Hay un cúmulo de evidencias de que el ejército de Myanmar ha cometido crímenes de derecho internacional y graves violaciones de los derechos humanos contra la población rohinyá. Sin embargo, el gobierno myanmaro —incluida Aung San Suu Kyi— ha seguido haciendo oídos sordos, minimizando o negando estas acusaciones.
“Hasta ahora el ejército ha eludido responder ante la justicia por sus crímenes contra los rohinyás y, mientras, ha seguido cometiendo nuevos abusos contra otras minorías étnicas en el país.
“Si Aung San Suu Kyi está decidida a servir al pueblo de Myanmar, debe ponerse del lado de las víctimas y supervivientes en la búsqueda de justicia, verdad y reparación, no encubrir a quienes están acusados de responsabilidad penal.”