Las enmiendas legislativas clave que ha aprobado esta semana el Parlamento de Túnez son una positiva medida para terminar con algunas de las restricciones discriminatorias y desproporcionadas sobre la libertad de circulación en Túnez, ha dicho Amnistía Internacional.
Entre las modificaciones a la Ley de Pasaportes de 1975 aprobadas el 23 de mayo está la obligatoriedad de indicar las razones en las que se basa la decisión de prohibir viajar o retirar el pasaporte, informar sin demora a la persona afectada y garantizarle el derecho a impugnar la decisión. La ley también limita la duración de la prohibición de viajar a un máximo de 14 meses en todos los casos, tras los cuales se levantará dicha prohibición.
“El proyecto de ley aprobado esta semana es un avance que contribuye a retirar ciertas restricciones arbitrarias del derecho de los particulares en Túnez a viajar al extranjero y les garantiza el derecho a impugnar este tipo de decisiones”, ha dicho Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“El Parlamento debe dar ahora un paso más y revisar la aplicación arbitraria de las órdenes del Ministerio del Interior que restringen la libertad de circulación dentro del país.”
El proyecto de ley aprobado esta semana es un avance que contribuye a retirar ciertas restricciones arbitrarias del derecho de los particulares en Túnez a viajar al extranjero.
Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África
Las autoridades tunecinas han restringido la circulación de miles de personas sin cargos ni juicio, una de las medidas arbitrarias adoptadas reiteradamente en nombre de la seguridad en los últimos años.
En una reunión con Amnistía Internacional en diciembre de 2016, el ministro de Justicia, Ghazi Jeribi, subrayó la necesidad de reformas, explicando que históricamente los jueces de instrucción podían imponer prohibiciones de viaje de hasta cinco años que los ciudadanos no podían impugnar. Ghazi afirmó que hay personas que han estado sometidas a estas restricciones durante años sin poder recurrir, y añadió: “A los jueces de instrucción no se los supervisa”.
En febrero de 2017, el informe de Amnistía Internacional titulado ‘We want an end to the fear’: Abuses under Tunisia’s state of emergency explicaba que las fuerzas de seguridad tunecinas siguen basándose en medidas de seguridad represivas, incluidas las restricciones de viaje contra las personas consideradas sospechosas.
Tras la publicación de este informe, Amnistía Internacional presentó sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria sobre Derechos y Libertades. El ministro de Justicia también fue invitado a una sesión de la Comisión para debatir el proyecto de ley de enmienda de la Ley de Pasaportes de 1975, donde subrayó las recomendaciones del informe de Amnistía Internacional para que se derogue dicha ley por constituir una violación del derecho a la libertad de circulación.
Las personas sometidas a restricciones de circulación deben poder realmente acceder e impugnar las pruebas que haya contra ellas, y tienen derecho a que las represente un abogado elegido por ellas en todas las etapas del proceso.
Además, hay otras medidas que también son necesarias para garantizar que la nueva ley se cumple y que se eliminan otras restricciones arbitrarias impuestas por las autoridades. Por ejemplo, la práctica administrativa de exigir la autorización paterna para que hombres y mujeres menores de 35 años viajen al extranjero no tiene fundamento jurídico alguno, pero las personas a las que se prohíbe viajar en aplicación de esta medida no tienen posibilidad de recurrir.
Amnistía Internacional pide a las autoridades tunecinas que apliquen estas reformas legislativas y deroguen o reformen otras restricciones arbitrarias, como el control fronterizo conocido como “S17”, que se utiliza para restringir los desplazamientos en el interior del país, otra medida sin fundamento jurídico claro.
El Parlamento tunecino debe estudiar una reforma integral de estas órdenes de control de fronteras para garantizar que se ajustan a la obligación de Túnez de respetar el derecho a la libertad de circulación de todas las personas.