La destrucción ilegítima y deliberada, por parte de Israel, de edificios civiles de gran altura sigue teniendo consecuencias devastadoras para las familias palestinas desplazadas en la Franja de Gaza ocupada, donde la reconstrucción sigue siendo un sueño lejano en un contexto de genocidio y ataques aéreos constantes pese al denominado alto el fuego de octubre de 2025. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Para ilustrar la gravedad de la destrucción arbitraria que las fuerzas israelíes han causado en Gaza, Amnistía Internacional publica hoy una investigación sobre cómo el ejército de Israel arrasó al menos 13 edificios residenciales y comerciales de numerosas plantas en toda la ciudad de Gaza entre septiembre y octubre de 2025. La organización ha concluido que el ejército israelí dañó seriamente y destruyó los edificios de gran altura, en los que vivían miles de personas (muchas de ellas desplazadas internamente), arrojando múltiples bombas sobre cada edificio tras obligar a sus residentes a marcharse sin casi previo aviso, y ha pedido que estos actos se investiguen como crímenes de guerra de destrucción arbitraria, castigo colectivo y ataques directos contra bienes civiles.
Las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, inmediatamente después de algunos de los actos de destrucción a menudo dan testimonio de que los edificios no fueron destruidos por motivos de necesidad militar imperiosa, sino para infligir un castigo colectivo y causar una devastación generalizada a la población civil como medio de ejercer presión política sobre Hamás y como parte de una campaña de desplazamiento forzado masivo.
“En el mes previo al denominado alto el fuego de octubre de 2025, Israel amplió e intensificó su ofensiva implacable contra la ciudad de Gaza, hasta provocar una de las peores oleadas de desplazamiento masivo ocurridas durante el genocidio. Un patrón clave de esta agresión fue la destrucción deliberada, mediante bombardeos aéreos, de edificios civiles de varias plantas, que arrasaron los hogares de miles de civiles y devastaron campamentos improvisados en sus cercanías. Todos los indicios existentes señalan que la destrucción por parte de Israel de estos 13 edificios de gran altura no era ‘absolutamente necesaria a causa de las operaciones bélicas’ y, por tanto, debe ser investigada como crimen de guerra”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“La destrucción de estos edificios de gran altura en la ciudad de Gaza forma parte de un patrón más amplio de destrucción implacable de infraestructuras críticas que, junto con las repetidas oleadas de desplazamiento masivo en condiciones inhumanas y la negación de ayuda humanitaria vital, han sido las características clave del genocidio perpetrado por Israel, y han constituido el acto prohibido de infligir deliberadamente a la población palestina de Gaza unas condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial.”
Amnistía Internacional entrevistó a 16 exresidentes y otras personas desplazadas por la destrucción, así como a testigos, y el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización analizó imágenes de satélite y verificó más de 25 vídeos para revelar un escalofriante patrón de destrucción deliberada de estructuras civiles por parte de las fuerzas israelíes sin que se cumpliera el requisito de la necesidad militar, exigido por el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional envió al Ministerio de Defensa israelí el 19 de marzo de 2026 preguntas sobre los ataques y las declaraciones realizadas, pero en el momento de publicar estas líneas no había recibido respuesta.
Amnistía Internacional había documentado previamente un patrón de destrucción de zonas civiles entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 llevada a cabo sin necesidad militar imperiosa en el contexto de los esfuerzos de Israel por ampliar una “zona de amortiguación” a lo largo del perímetro oriental de Gaza. La organización también verificó mediante imágenes de satélite y grabaciones de vídeo cómo las fuerzas israelíes arrasaban por completo lo que quedaba de la localidad de Khuza’a, en el sur de Gaza, en el transcurso de dos semanas en mayo de 2025.
Desde el denominado alto el fuego de octubre de 2025, las fuerzas israelíes han seguido demoliendo casas y otros edificios en zonas sobre las que ya ejercían un control operativo total al este de la denominada “línea amarilla”. Se trata de zonas a las que la población palestina tiene prohibido regresar y que suman más del 55% del área total de Gaza. Los límites de la “línea amarilla” son vagos y el ejército israelí los modifica constantemente.
“La impunidad de la que Israel ha disfrutado en Gaza le ha dado vía libre para repetir sus patrones ilegítimos en otros lugares, especialmente en Líbano, donde el ministro de Defensa israelí invocó a Gaza en sus amenazas de acelerar la destrucción de los pueblos de la frontera sur. El ejército de Israel ya ha causado una amplia destrucción en miles de instalaciones civiles, incluyendo casas particulares, parques y campos de fútbol en todo Líbano”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe los castigos colectivos y la destrucción de bienes por parte de la potencia ocupante “excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”. El derecho internacional humanitario también prohíbe los ataques contra bienes civiles. “La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario” constituye una infracción grave del Cuarto Convenio de Ginebra y, por tanto, un crimen de guerra. Los ataques directos intencionados contra bienes civiles y los castigos colectivos también son crímenes de guerra.
“Estas demoliciones no sólo han arrasado cemento; han reducido a escombros los hogares, las vidas y los recuerdos de sus residentes, y han convertido en ruinas y polvo algunos de los lugares urbanos más emblemáticos de la ciudad de Gaza. Para la población palestina a la que no se permite regresar a sus hogares al este de las denominadas líneas amarillas, a pesar de que han plantado sus tiendas en el punto más cercano posible al otro lado, el uso continuado de excavadoras para arrasar sus viviendas y tierras se ha convertido en un doloroso paisaje sonoro cotidiano en una vida en la que no ha habido nunca realmente un alto el fuego”, ha declarado Erika Guevara Rosas.
Las autoridades celebran la destrucción
En agosto de 2025, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que Israel estaba acelerando las operaciones militares para presionar a Hamás durante las negociaciones de alto el fuego en curso. Poco después, el 5 de septiembre de 2025, comenzaron los ataques contra edificios de gran altura, conocidos localmente como torres, a medida que el ejército israelí intensificaba su ofensiva militar para hacerse con la ciudad de Gaza.
La misma mañana del 5 de septiembre, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró en las redes sociales que “se ha abierto el cerrojo de las puertas del infierno”, y vinculó explícitamente los ataques con el requisito de que Hamás acepte las condiciones de Israel.
Esta franca admisión contrasta diametralmente con las afirmaciones habituales de las fuerzas israelíes (realizadas sin presentar pruebas, ni en este ni en muchos otros casos) de que atacan edificios a causa de la presencia en ellos de combatientes o infraestructura de Hamás.
Por ejemplo, antes de lanzar su campaña de destrucción de torres en la ciudad de Gaza el 5 de septiembre, el ejército israelí declaró que, “como preparativo para la intensificación de los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel, encabezadas por el Comando Sur, llevaron a cabo una exhaustiva investigación de inteligencia e identificaron una notable actividad terrorista de Hamás dentro de una amplia variedad de infraestructuras en la ciudad de Gaza, especialmente en edificios de gran altura”. El ejército no presentó ninguna prueba de esas afirmaciones.
En declaraciones posteriores, Katz siguió amenazando con que Gaza sería destruida si no se liberaba a los rehenes y Hamás se desarmaba, lo que indicaba claramente que la destrucción se llevaba a cabo para presionar a Hamás, no por una necesidad militar imperiosa durante operaciones bélicas.
Por ejemplo, el 8 de septiembre de 2025, Katz publicó en su cuenta oficial de X: “Hoy, un inmenso huracán golpeará los cielos de la ciudad de Gaza, y los tejados de las torres del terror temblarán. Esta es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero: Liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”.
En otras declaraciones publicadas en su cuenta de X, Katz comentó la destrucción de edificios de gran altura y otras estructuras civiles con un tono festivo y alegre, y sugirió que la destrucción se llevaba a cabo para “eliminar la incitación”, objetivo que no se puede considerar que constituya en sí mismo una necesidad militar imperiosa que, en virtud del derecho internacional, pueda justificar la destrucción de bienes civiles.
Por ejemplo, el 14 de septiembre, Katz escribió, tras un ataque aéreo contra la Universidad Islámica de Gaza: “La universidad ‘Islámica’ de Gaza está subiendo al cielo. Eliminación de las fuentes de incitación y terrorismo”.
Un día después, como celebración de la destrucción de la Torre Al-Ghofari, realizó esta declaración en una publicación en una red social: “La torre del terror de Burj al-Ghofari se estrella en el mar de Gaza. Ahogamos los semilleros del terrorismo y la incitación”.
“Al vincular explícitamente la destrucción de hogares con exigencias políticas, las autoridades israelíes, representadas por el ministro de Defensa, han admitido de hecho que utilizan el sufrimiento civil como moneda de cambio y que infligen un castigo colectivo a la población civil en lugar de llevar a cabo destrucción justificada por necesidad militar imperiosa”, ha manifestado Erika Guevara Rosas
Sin pruebas de objetivos militares
Mientras tanto, el ejército israelí no ha proporcionado pruebas suficientes que fundamenten sus afirmaciones de que las torres atacadas eran utilizadas por Hamás u otros grupos armados palestinos para fines militares. Al contrario, un examen realizado por Amnistía Internacional de la página oficial del ejército israelí concluyó que tras la destrucción de cada edificio de gran altura el portavoz del ejército utilizaba un comentario estándar de carácter general, a menudo sin especificar el edificio atacado ni dar detalles más concretos; sólo el comentario general, que dice:
“Las FDI, encabezadas por el Comando Sur, atacaron un edificio de gran altura utilizado por Hamás en la ciudad de Gaza. Los terroristas de Hamás habían instalado equipo de recopilación de información y habían establecido puestos de observación dentro del edificio para rastrear los movimientos de las FDI y facilitar operaciones terroristas contra el Estado de Israel y contra nuestras fuerzas. Antes de los ataques se tomaron medidas para mitigar en la medida de lo posible el riesgo de dañar a civiles, como advertir de antemano a la población, utilizar munición guiada de precisión o llevar a cabo vigilancia aérea y otras labores de vigilancia”.
Amnistía Internacional escribió al ejército israelí el 19 de marzo de 2026 para preguntar cuáles fueron los motivos de los ataques contra cada uno de estos edificios concretos en el momento en que fueron atacados y quiénes y/o cuáles eran sus objetivos, pero no recibió respuesta.
La investigación llevada a cabo por la organización no encontró indicios que señalaran que hubiera combatientes utilizando los edificios o alojándose en ellos, ni tampoco halló indicios de actividad militar en esos lugares en el momento en el que se destruyeron las torres, lo que contradice las afirmaciones genéricas del ejército israelí. El ejército israelí tampoco presentó pruebas de que hubiera otros motivos que cumplieran el requisito de que la destrucción de esos edificios era absolutamente necesaria para las operaciones militares. Aunque es posible que las torres tengan un valor estratégico durante operaciones de combate en zonas urbanas, este potencial uso futuro no alcanza el umbral jurídico establecido por el derecho internacional de “necesidad militar imperiosa” para que la destrucción de edificios constituya un acto proporcionado.
Sembrar el pánico
En la mayoría de los casos en los que se han destruido edificios de gran altura, el ejército israelí ha llamado a uno de los residentes del edificio para decirle que éste estaba a punto de ser bombardeado y le ha ordenado que advierta a residentes y vecinos de que abandonen los edificios de inmediato, o en un plazo de pocos minutos. Las advertencias han provocado un pánico masivo, que ha obligado a miles de personas a huir aterrorizadas, dejando atrás todas sus pertenencias.
Un residente, profesor de universidad que vivía en Torre Mushtaha 6, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, describió el terror de intentar evacuar a las 76 familias que vivían en el edificio (algunas de las cuales acogían además a familiares desplazados) cuando recibió una llamada de advertencia del ejército israelí.
Dijo: “No se imaginan cómo me sentí y el pánico que me embargó […] No teníamos tiempo para llevarnos nada. Mis padres son ancianos; mi padre tiene 85 años y no puede caminar. Vivíamos en la octava planta y tuve que pedir a algunos vecinos que me ayudaran a bajarlo por las escaleras. Mis hijos son pequeños, el menor sólo tiene dos años, y también había que llevarlo en brazos”.
“Cuando por fin salimos, nos quedamos fuera esperando, y al final pasó mucho tiempo, quizá dos horas, antes de que el edificio fuera bombardeado. Si lo hubiéramos sabido habríamos podido sacar algunas cosas Pero, una vez que estábamos fuera, no nos atrevíamos a volver a entrar. Era demasiado peligroso.”
Muchas familias acababan de regresar a sus casas desde el sur durante la tregua de enero de 2025 para reparar sus apartamentos dañados, sólo para ver cómo eran destruidos por completo unos meses después.
El profesor de universidad describió el impacto en su hijo de siete años, Ibrahim, que estaba a su lado cuando recibió la advertencia de que el edificio iba a ser bombardeado y se quedó traumatizado:
“Ahora está obsesionado con el teléfono. Comprueba todo el rato que la línea funciona porque tiene miedo de que alguien pueda volver a llamar para decirnos que el lugar en el que estamos va a ser bombardeado”.
Al día siguiente, el 6 de septiembre de 2025, un ataque destruyó la Torre Al-Soussi, de 15 plantas, en la zona industrial del oeste de la ciudad de Gaza.
Mariam, que se alojaba con familiares en uno de los apartamentos, dijo que a los residentes les dieron 20 minutos para abandonar la torre antes de que fuera bombardeada: “De repente la gente gritaba que saliéramos inmediatamente […] Todo el mundo corría para salir, sin tiempo para llevarse nada. La gente chocaba una contra otra con las prisas por salir”.
El portavoz del ejército israelí publicó a las 13.28 horas la declaración estándar antes mencionada para justificar la destrucción, sin especificar el edificio ni dar más detalles o proporcionar pruebas. La fecha y la hora de la publicación del comentario sugieren que el ejército se refería en efecto a la Torre Al-Soussi, pero Amnistía Internacional no pudo verificar la presencia de objetivos militares en las cercanías.
Israel también destruyó edificios que albergaban infraestructura de la sociedad civil y de medios de comunicación, como la Torre Al-Roya, que contenía la sede del Centro Palestino de Derechos Humanos, y la Torre Al-Ghofari, el edificio más alto de Gaza, que albergaba numerosas oficinas comerciales, incluida la del medio de comunicación libanés Al Mayadeen.
La Torre Italiana, un complejo de 17 plantas y un edificio histórico reconstruido con fondos del gobierno italiano en 2023, también fue destruida el 26 de septiembre, a pesar de estar vacía y cerrada. Ese mismo día se publicó en la página oficial del ejército israelí la justificación estándar, una vez más sin especificar el edificio ni proporcionar pruebas.
Un ingeniero de telecomunicaciones de 32 años que vivía con su esposa y sus tres hijos en la quinta planta del edificio Al-Najm, edificación de 10 plantas en la calle del mercado del campo para personas refugiadas de Al-Shati, en la ciudad de Gaza, contó a Amnistía Internacional que, hacia las seis de la tarde del 11 de septiembre, uno de sus vecinos gritó a los residentes que salieran de inmediato porque el edificio iba a ser bombardeado en cinco minutos: “Estaba en casa con mi esposa y nuestros tres hijos, el menor de tan sólo ocho meses, cuando los vecinos empezaron a gritar y correr para salir del edificio. No había tiempo para recoger ninguna de nuestras pertenencias. Agarramos a nuestros hijos y corrimos escaleras abajo con lo que llevábamos puesto”.
Describió cómo la familia vive ahora en una tienda en Jan Yunis, en el sur de Gaza, en condiciones terribles: “Nuestros hijos están enfermos a causa de la lluvia y el frío. Resulta especialmente difícil criar a un bebé en unas condiciones tan desastrosas. Carecemos de todo. Mis otros hijos, una niña de seis años y un niño de siete, están traumatizados: tuvimos que huir de nuestra casa y vieron cómo las bombas la reducían a escombros ante sus ojos. No lo comprenden, y yo no puedo explicárselo”.
Otro residente, un conductor de 33 años con tres hijos, contó a Amnistía Internacional que, en el momento de la destrucción, en su casa se alojaban 16 personas, pues acogía a sus padres y a dos de sus hermanos con sus esposas y cinco niños, que habían tenido que desplazarse.
“La destrucción generalizada de infraestructuras vitales, incluidas casas, ya sea mediante bombardeos o demoliéndolas con explosivos, unida a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de material para construir refugios en Gaza y a la prohibición de regresar a las zonas al este de la línea amarilla, han causado un sufrimiento catastrófico a la población gazatí. Israel debe permitir el acceso inmediato y sin trabas a ayuda humanitaria y productos indispensables, incluido material para construir refugios. Las autoridades israelíes que ordenaron actos de destrucción ilegítima, castigo colectivo o genocidio deben rendir cuentas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Información complementaria
Según la evaluación rápida final sobre los daños y necesidades en Gaza, realizada conjuntamente por el Banco Mundial, la UE y la ONU y publicada (en inglés) el 20 de abril, aproximadamente 371.888 hogares de la Franja de Gaza (más del 76% del total) fueron dañados o destruidos en los primeros dos años del genocidio, lo que obligó al 60% de la población total de Gaza a seguir viviendo sin hogar en una situación de desplazamiento masivo continuado en condiciones inhumanas, inseguras e insalubres.
Según un análisis realizado por UNOSAT, el Centro de Satélites de las Naciones Unidas, basándose en imágenes de satélite recopiladas el 22 y 23 de septiembre de 2025, el 83% de las estructuras de la ciudad de Gaza fueron dañadas o destruidas, lo que supone un aumento del 37% respecto a la evaluación llevada a cabo dos meses antes. Esta cifra refleja la escalada de la agresión militar a la ciudad de Gaza a mediados de agosto.