En respuesta a la sentencia hoy de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena a Israel poner fin de inmediato a las operaciones militares en la gobernación de Rafá, tras solicitar Sudáfrica medidas provisionales adicionales en su demanda por genocidio, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Con esta orden, la Corte Internacional de Justicia —el principal tribunal de Naciones Unidas— lo ha dejado muy claro: las autoridades israelíes deben detener por completo las operaciones militares en Rafá, ya que cualquier acción militar en curso podría constituir un acto subyacente de genocidio. Sin lugar a dudas, la incursión terrestre y el correspondiente desplazamiento forzado masivo que ha causado plantean un nuevo riesgo irreparable para los derechos del pueblo palestino, protegidos por la Convención sobre el Genocidio, y amenazan aún más su destrucción física total o parcial.
“Han pasado casi cuatro meses desde que la CIJ indicó por primera vez medidas provisionales en la demanda de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. Durante este tiempo, la situación humanitaria ha empeorado exponencialmente para la población palestina, con 35.000 personas muertas, una mayor evidencia de que se están cometiendo ataques ilegales contra civiles y con la ONU declarando una hambruna derivada de una continua y lamentable escasez de ayuda humanitaria.
“A pesar de estos hechos, las autoridades israelíes han seguido adelante con sus planes de llevar a cabo una operación terrestre en Rafá, ignorando las repetidas advertencias sobre el impacto catastrófico que tendría para la población civil palestina, cuya mayoría ya ha sido desplazada por la fuerza varias veces, así como para todo el sistema de ayuda humanitaria a Gaza. La incursión terrestre en el este de Rafá ya ha provocado el desplazamiento forzado masivo de más de 800.000 personas y el cierre del hospital más grande de la gobernación, Abu Yousef al Najjar.
“Curiosamente, el Tribunal expuso la farsa de las ‘zonas seguras’ que las autoridades israelíes han estado utilizando para dotar de una pátina de legalidad a sus operaciones. Las áreas a las que Israel ha obligado a dirigirse a la población “evacuada”, especialmente Al Mawasi, están lejos de tener los mínimos equipamientos para albergarla y carecen de los criterios más básicos para contar con unas condiciones de vida seguras y dignas, incluidas las necesidades de agua, saneamiento, alimentos, medicamentos y refugio. Las acciones de Israel, incluido el cierre del cruce fronterizo de Rafá el 7 de mayo, muestran que, lejos de proteger a los civiles en Gaza, sus fuerzas armadas están aplicando políticas crueles e inhumanas y mostrando un escandaloso desprecio por las vidas de la población civil palestina, que se enfrenta a un riesgo real de genocidio.
Con esta orden, la Corte Internacional de Justicia —el principal tribunal de Naciones Unidas— lo ha dejado muy claro: las autoridades israelíes deben detener por completo las operaciones militares en Rafá, ya que cualquier acción militar en curso podría constituir un acto subyacente de genocidio.
Heba Morayef, Amnistía Internacional
“La Corte ha hablado, y es hora de que Israel y todos los Estados actúen de acuerdo con las obligaciones adquiridas en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Israel debe detener de inmediato sus operaciones terrestres en Rafá; es más, debe detener sus operaciones militares en toda Gaza, y garantizar el acceso sin restricciones de la ayuda y los servicios humanitarios.
La Corte también ha ordenado a Israel que permita el acceso sin trabas a las visitas de investigación, las comisiones de investigación de la ONU, y a quienes investigan y hacen periodismo, a fin de preservar las pruebas y tomar nota de las condiciones sobre el terreno en Gaza, y también investigar de forma independiente e imparcial las posibles violaciones de la Convención sobre el Genocidio.
“Dadas las órdenes anteriores, ésta ya no es una ‘llamada de atención’ a todos los Estados, sino una nueva afirmación inequívoca de su deber legal de impedir el genocidio, lo que los obliga a garantizar que todas las medidas provisionales de la CIJ se aplican debidamente. Los aliados de Israel deben utilizar cualquier capacidad que tengan para influir en las acciones de ese país a fin de detener las operaciones terrestres en Rafá e impulsar un alto el fuego inmediato y sostenido por todas las partes.
“El alto el fuego sigue siendo el medio más eficaz para aliviar el sufrimiento masivo de los civiles y garantizar que las medidas de la CIJ, incluido su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos armados, puedan aplicarse realmente para impedir el genocidio de la población palestina”.