Xinzheng

China: Authorities must immediately release imprisoned Changsha Funeng staff (Español)

Ante la reciente confirmación de que Cheng Yuan, Liu Yongze y Wu Gejianxiong, el fundador y dos miembros del personal de la ONG Changsha Funeng, han sido condenados a penas de entre dos y cinco años de prisión en un juicio secreto, el director del equipo de China de Amnistía Internacional, Joshua Rosenzweig, ha declarado:

“Es indignante que se detenga, se someta a juicios secretos y se encarcele a personas como Cheng Yuan, Liu Yongze y Wu Gejianxiong, sólo porque han decidido dedicar su trabajo a defender los derechos de grupos marginados y personas vulnerables”.

El gobierno chino sigue persiguiendo, incansable, a trabajadores y trabajadoras de ONG en China y ha condenado a muchos de ellos a años de cárcel en juicios injustos. 

Joshua Rosenzweig, director del equipo de China de Amnistía Internacional.

“Esta dura represión deja poco margen para respirar a cualquier organización de la sociedad civil que comente de forma significativa decisiones y políticas del gobierno, y hace casi imposible lograr un cambio”.

“Es escandaloso que los abogados nombrados por el gobierno se negasen informar siquiera a los familiares de estas tres personas de la suerte de éstas. Las autoridades deben poner en libertad inmediata e incondicional a Cheng Yuan y Wu Gejianxiong, que siguen en prisión y que fueron encarcelados sólo por defender pacíficamente los derechos humanos”.

“Además, deben garantizar que tienen acceso a asistencia letrada de su elección y no son sometidos a tortura ni a otros malos tratos en prisión”.

Información complementaria:

Changsha Funeng (长沙富能) es una ONG que defiende los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos marginados, y lucha en los tribunales contra la discriminación en el empleo que sufren las personas que viven con VIH y hepatitis B.

Cheng Yuan, director de la organización, es un experto activista jurídico y especialista en asistencia legal en China. Al representar a clientes en una decena de casos de discriminación durante los últimos diez años, Cheng ha contribuido a reducir la discriminación institucional contra las personas portadoras de hepatitis B en China.

En 2013, Chen Yuan dirigió una demanda histórica en la que una persona que vivía con VIH recibió una indemnización por discriminación en el empleo por primera vez en China. Además, utiliza continuamente los litigios y el trabajo de incidencia para conseguir la abolición de la “política de un solo descendiente” de China y reformar el sistema de registro de residencia (hukou). Liu Yongze y Wu Gejianxiong son miembros del personal de Changsha Funeng.

En julio de 2019, las autoridades chinas detuvieron a Cheng Yuan, Liu Yongze y Wu Gejianxiong , que posteriormente, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2020, fueron sometidos a un juicio secreto acusados de “subvertir el poder del Estado”. No recibieron la sentencia ni la condena hasta julio de 2021, 11 meses después.

Los tres fueron recluidos en régimen de incomunicación tras su detención en 2019. No se comunicaron a las familias los detalles de las condenas hasta que un familiar fue a informarse el 5 de agosto de 2021 y averiguó que Cheng Yuan había sido condenado a cinco años de cárcel, mientras que Wu Gejianwiong lo había sido a tres años y Liu Yongze, a dos. Liu Yongze salió en libertad el 22 de julio de 2021 tras cumplir su condena.

Inmediatamente después de la detención de los tres activistas, sus familias abogados para cada uno de ellos. Sin embargo, las autoridades avisaron a éstos de que habían sido “despedidos”. Según las autoridades, el despido había sido solicitado por los tres detenidos, aunque ninguno de los abogados designados por las familias había podido entrevistarse con su cliente desde su detención. Por consiguiente, a los tres detenidos se les asignaron abogados nombrados por el gobierno. Las familias creen que los tres fueron coaccionados para despedir a los abogados designados por los familiares.

Desde marzo de 2020, las familias siguen reiterando públicamente que desean que los tres estén representados por los abogados designados por ellas. Sin embargo, los abogados nombrados por el gobierno se negaron a retirarse del caso.

Amnistía Internacional ha documentado casos en los que las autoridades han obligado a defensores y defensoras de los derechos humanos a despedir a abogados de su elección y designar a otros de tendencia progubernamental para “defenderlos” contra cargos de motivación política.