Protestas y represión

Última actualización: 18 de septiembre de 2020

El 17 de octubre de 2019, el Consejo de Ministros de Líbano anunció nuevas medidas fiscales para abordar la crisis económica. En respuesta, decenas de miles de manifestantes pacíficos salieron a la calle en todo el país exigiendo sus derechos sociales y económicos, la rendición de cuentas, el fin de la corrupción y la dimisión de todos los representantes políticos.

Aunque el Consejo de Ministros dimitió, muchas de las figuras que dominaban la escena política desde hacía años siguieron en el poder.  En enero de 2020, fue nombrado un nuevo Consejo de Ministros que introdujo pocos cambios para abordar las demandas de la población, y las protestas continuaron.

El 4 de agosto, una explosión en el puerto de Beirut causó la muerte de al menos 190 personas y heridas a más de 6.500, y dejó sin hogar a unas 300.000. La explosión fue causada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura en un depósito.

Este trágico suceso, en un contexto de pandemia mundial, crisis económica y crisis política, reavivó el 8 de agosto las protestas de octubre con llamamientos a favor de la rendición de cuentas y la justicia. La presión de la calle se tradujo en la dimisión del Consejo de Ministros por segunda vez desde que comenzaron las protestas.

El ejército y las fuerzas de seguridad de Líbano han respondido a las protestas iniciadas en octubre de 2019, en su mayoría pacíficas, con palizas, gas lacrimógeno, balas de goma y, en ocasiones, munición real y perdigones.

En vez de cumplir con sus responsabilidades básicas para con los miles de personas que han perdido su hogar y sufrido los efectos de las explosiones, el Estado parece estar a la ofensiva contra su población.

Lynn Maalouf, Amnistía Internacional
La tarde del 17 de octubre, después de que el Consejo de Ministros anunciara nuevas medidas fiscales, empezaron a congregarse manifestantes en múltiples localidades y ciudades de Líbano. Para dispersar a la multitud, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva y cantidades ingentes de gas lacrimógeno.
En marzo, el gobierno libanés anunció un confinamiento y cerró sus fronteras y su aeropuerto como respuesta a la pandemia de COVID-19. Amnistía Internacional pidió al gobierno que instaurase medidas para proteger a los grupos marginados, incluido el de las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico.
Poco después de que se decretase el confinamiento, la economía se deterioró y hubo graves carestías de electricidad y agua apta para el consumo (la semana anterior a la explosión, se produjeron cortes de luz de hasta 22 horas al día), una devaluación no regulada de la moneda libanesa en menos de un año, pérdidas masivas de empleo y severos recortes salariales, incluso en el sector sanitario, que ya estaba en el límite.
Las autoridades libanesas acosan sin tregua a periodistas y activistas que fueron visibles durante el movimiento de protesta de octubre con el uso de unas leyes sobre difamación que no cumplen las normas internacionales y limitan indebidamente el derecho a ejercer la libertad de expresión.
El 4 de agosto, una explosión en el puerto de Beirut causó la muerte de al menos 190 personas y heridas a más de 6.500, y dejó sin hogar a unas 300.000. Cuatro importantes hospitales de la capital importantes gravemente dañados y 2.000 profesionales de la medicina sufrieron heridas o daños en sus consultas.
El 10 de agosto, el gobierno dimitió, quedando en su lugar un gobierno provisional. Esto se produjo después de que miles de personas exigieran desde la plaza de los Mártires de Beirut justicia para las víctimas, rendición de cuentas y el fin de la impunidad. El ejército y las fuerzas de seguridad libaneses respondieron con una política de disparar a dar a manifestantes desarmados y causaron más de 230 heridas.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, resultaron dañados 40.000 edificios y más de 3.000 estructuras residenciales sufrieron daños graves; se calcula que unos 70.000 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo debido a la explosión, que afectó directamente a 12.000 familias. Se calcula que la ayuda necesaria para paliar el desastre es de 565 millones de dólares estadounidenses en un momento en el que las instituciones del Estado y la inmensa mayoría de la población están en bancarrota. Amnistía Internacional lanzó una recaudación de fondos para apoyar las iniciativas locales que proporcionaban ayuda para catástrofes en Beirut.

Uso excesivo de la fuerza

Las protestas en Líbano vienen siendo en su inmensa mayoría pacíficas. La respuesta de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, sin embargo, ha fluctuado dependiendo de las regiones y los momentos. Amnistía Internacional ha documentado patrones de uso excesivo de la fuerza que incluyen el uso ilegítimo de botes de gas lacrimógeno y palizas a manifestantes.

En el episodio más violento desde que comenzaron las protestas, el ejército y las fuerzas de seguridad, así como hombres sin identificar vestidos de civil, dispararon contra la multitud desarmada en las manifestaciones habidas en Beirut en los días siguientes a la explosión. Más de 230 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas por heridas de perdigón en los ojos. Se dispararon botes de gas lacrimógeno directamente a la multitud, que causaron heridas en la cabeza y la cara de manifestantes; algunos fueron dirigidos a los médicos que atendían a los heridos.

Vi cómo me apuntaba mientras yo tiraba piedras y le dije que no disparase, que dejaría de tira piedras… pero me disparó cuatro veces en el estómago.

Mohammed al Abdallah, manifestante en Beddawi

El 26 de octubre de 2019, en los primeros días de las protestas, el ejército abrió fuego contra decenas de personasque hacían una sentada en la zona de Beddawi de Trípoli, en el norte de Líbano. Los soldados que intentaban despejar una carretera comenzaron a golpear a la gente, que empezó a arrojarles piedras. Entonces abrieron fuego con munición real e hirieron de gravedad al menos a dos manifestantes.

Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación transparente sobre el uso excesivo de la fuerza ni se ha ofrecido una reparación a las víctimas.

Amnistía Internacional puso en marcha un sitio web interactivo multimedia: Teargas: An investigation(Gas lacrimógeno: investigación), donde se examina en qué consiste el gas lacrimógeno y cómo se utiliza, y se documentan decenas de casos de uso indebido por las fuerzas de seguridad en todo el mundo, a menudo con el resultado de lesiones graves o muerte.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades

Ausencia de medidas para proteger las manifestaciones pacíficas
Detención arbitraria
Tortura y otros malos tratos
Uso de fuerza excesiva
Uso de la fuerza para desbloquear carreteras
Dispersión de manifestantes por la fuerza

Castigar al movimiento

Represión de la libertad de expresión

Las autoridades libanesas acosan a periodistas y activistas visibles durante el movimiento de protesta de octubre citándolos una y otra vez e interrogándolos en aplicación de problemáticas leyes sobre difamación, de un modo que podría causar un efecto disuasorio en el movimiento en general y en el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Entre el 17 de octubre de 2019 y el 24 de junio de 2020, Amnistía Internacional examinó 75 casos de personas—20 periodistas entre ellas—  que fueron citadas por cargos de difamación en relación con publicaciones en las redes sociales en las que criticaban a las autoridades. Estas citaciones son responsabilidad de diversas instituciones militares y de seguridad, a pesar de que ninguna de ellas tiene entre sus funciones examinar asuntos sobre libertad de expresión. Se ha amenazado a personas con el enjuiciamiento y se las ha presionado para que borren publicaciones en las redes sociales y/o firmen documentos ilegales por los que se comprometen a dejar de criticar, organizar o protestar. Algunas de estas personas han presentado, a su vez, cargos, denuncias de tortura incluidas, pero, hasta la fecha, el poder judicial no ha abierto ninguna investigación al respecto.

Detenciones arbitrarias y tortura

El ejército y las fuerzas de seguridad detienen a centenares de manifestantes pacíficos en todo Líbano, incluidos Sour, Jal el Dib, Zouk, Beirut y Beddawi. Amnistía Internacional ha documentadodiversas violaciones de derechos, como detenciones sin orden judicial, palizas brutales, insultos y humillaciones, vendar los ojos y confesiones forzadas. Cuatro personas estuvieron detenidas ilegítimamente seis días bajo custodia del ejército. Estuvieron en paradero desconocido y se les negó el acceso a sus abogados y sus familias, lo que puede constituir desaparición forzada según el derecho internacional. Dos personas dijeron a la organización que las habían sometido a simulacros de ejecución. En los pocos casos en los que una minoría de manifestantes participaron en actos vandálicos, las fuerzas de seguridad respondieron de forma desproporcionada, en algunos casos deteniendo a varios manifestantes pacíficos.

Principales llamamientos de Amnistía

⮕ Las autoridades deben dejar de acosar a activista y periodistas y respetar su derecho a la libertad de expresión y reunión.

⮕ El ejército y las fuerzas de seguridad deben poner fin al uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas.

⮕ El poder judicial debe ordenar una investigación independiente e imparcial sobre el uso ilegítimo de la fuerza.

⮕ Las fuerzas de seguridad deben proteger de intimidaciones y ataques violentos a quienes se manifiestan pacíficamente.

⮕ Las autoridades deben poner fin a las detenciones ilegales y respetar los derechos jurídicos de las personas.