Egipto: La aprobación por el Parlamento de reformas constitucionales demuestra su desprecio absoluto a los derechos humanos

Ante la noticia de que el Parlamento ha aprobado las reformas a la Constitución de Egipto, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“La decisión de someter a un referéndum público estas reformas a la Constitución, en medio de la peor represión de la libertad de expresión y de graves restricciones a los partidos políticos y los medios de comunicación independientes, demuestra el desprecio del gobierno egipcio a los derechos de todas las personas en Egipto.

“Estas reformas tienen por objeto ampliar los juicios militares a civiles, menoscabar la independencia del poder judicial y reforzar la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, fomentando así el clima de represión que ya existe en el país.

En lugar de hacer cumplir las obligaciones de Egipto en materia de derechos humanos, los parlamentarios han decidido aprobar unas reformas que facilitarán la represión por las autoridades de la libertad de expresión, asociación y reunión; erosionarán los derechos de las personas, y exacerbarán la crisis de derechos humanos del país.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

“En lugar de hacer cumplir las obligaciones de Egipto en materia de derechos humanos, los parlamentarios han decidido aprobar unas reformas que facilitarán la represión por las autoridades de la libertad de expresión, asociación y reunión; erosionarán los derechos de las personas, y exacerbarán la crisis de derechos humanos del país”.

Ahora deberá celebrarse un referéndum público sobre las reformas constitucionales en el plazo de 30 días. Si se aprueban, las reformas entrarían en vigor inmediatamente y también permitirían que el presidente Abdel Fatah al Sisi siga en su cargo hasta 2024 sin elecciones y se presente para otro mandato más de seis años. El presidente del Parlamento se ha comprometido asimismo a adoptar una nueva Constitución en el plazo de 10 años.

Pueden encontrar aquí más información y análisis del impacto de las reformas constitucionales en los derechos humanos.