La incautación del barco de una ONG pone al descubierto la peligrosa política de Europa

De Matteo de Bellis

Al ver a 93 personas refugiadas y migrantes demacradas descender del barco de una ONG española en el puerto de Pozzallo a principios de este mes, el alcalde de la ciudad dijo que esas personas le recordaban a “una escena de los campos de concentración”.

Se habían subido a una embarcación rumbo a Europa para acabar abandonadas a su suerte en el mar. Una de ellas, un hombre de 21 años llamado Segen, murió al día siguiente. No obstante, sus acompañantes están recibiendo la ayuda que tanto necesitan, gracias a las valientes acciones de quienes realizaron el salvamento a bordo del barco de la ONG Proactiva Open Arms. Una semana después, ese mismo barco ocupaba los titulares de las noticias.

El 18 de marzo, las autoridades italianas se incautaron del Open Arms. ¿Cuál era su presunto delito? Haber rescatado en el mar a otras 218 personas refugiadas y migrantes el 15 de marzo y haberse negado a entregarlas a la Guardia Costera libia, trasladándolas en su lugar a un puerto italiano.

Si entregar a las personas refugiadas y migrantes a las autoridades libias contraviene un principio de derecho internacional, negarse a hacerlo no puede considerarse delito.
Matteo de Bellis

 

La indignación en torno a la incautación del barco y a la investigación a la que están siendo sometidos tres miembros de Proactiva por “conspiración con fines delictivos para facilitar la inmigración ilegal” ha atraído debidamente la atención sobre el plan de la Unión Europea para delegar el control del Mediterráneo central en la Guardia Costera libia con el fin de impedir que las personas refugiadas y migrantes lleguen a Europa.

La Guardia Costera libia desembarca en suelo de Libia a las personas que intercepta en el mar, que sufren en ese país periodos prolongados de reclusión arbitraria en centros donde la tortura está a la orden del día.

Una embarcación europea no puede devolver legalmente a nadie a Libia porque está prohibido transferir a personas a un lugar donde estarían realmente expuestas a sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos. Por este motivo, los gobiernos europeos se han dedicado a fortalecer la capacidad de la Guardia Costera libia, que a su vez ha distorsionado en varios aspectos la mecánica de las operaciones de salvamento. Cuando las embarcaciones de la Guardia Costera libia —en su mayor parte donadas por Italia— y las de las ONG alcanzan a la vez a un barco en dificultades, siguiendo los avisos enviados por la Guardia Costera italiana, suele haber conflicto.

El 15 de marzo, Proactiva Open Arms denunció haber recibido amenazas de la Guardia Costera libia, así como la petición de entregar a las personas a las que acababan de rescatar. En 2017 se documentaron otros casos, en los que Libia había lanzado disparos al aire, apuntado con armas a quienes efectuaban labores de salvamento, emitido amenazas a través de la radio e incluso abordado barcos de ONG.

He hablado con numerosas personas refugiadas y migrantes que me han contado cómo los guardacostas libios las habían amenazado y les habían robado sus escasas pertenencias, o habían actuado en connivencia con los pasadores de fronteras para enriquecerse. La ONU ha documentado acciones parecidas.

Puede que la ayuda y la formación europeas hayan aumentado la capacidad de la Guardia Costera libia, pero no así su profesionalidad. La formación resulta insuficiente ante la falta de mecanismos sólidos de vigilancia y rendición de cuentas. En el pasado se han hecho promesas —entre las que figuran cámaras e informes de misión—, pero las medidas concretas han sido demasiados limitadas.

Pese a ello, los gobiernos europeos siguen trabajando para conseguir que la Guardia Costera libia tenga la capacidad no sólo de patrullar el Mediterráneo central, sino también de coordinar las operaciones de salvamento que realicen otros actores.

La Guardia Costera italiana ha manifestado que la Guardia Costera libia estaba coordinando los salvamentos del 15 de marzo, que se llevaron a cabo a unas 73 millas náuticas de Libia, en aguas internacionales. La zona no corresponde ni a la “región de búsqueda y salvamento” (zona en la cual un país tiene la responsabilidad de coordinar las operaciones de salvamento) de Italia ni a la de Malta. Según las autoridades libias, en realidad correspondería a la supuesta región de búsqueda y salvamento de Libia.

Aquí surgen dos problemas. En primer lugar, según la Organización Marítima Internacional, actualmente no existe ninguna región libia de búsqueda y salvamento. Ni siquiera está claro que exista el Centro Libio de Coordinación de Salvamento Marítimo, como se exige. Hay quien ha sugerido que estaría a bordo del Tremiti, un buque de la armada italiana, atracado en Trípoli.

En segundo lugar, el Estado que coordina las operaciones que se llevan a cabo en su región de búsqueda y salvamento tiene la responsabilidad de indicar a la embarcación de salvamento el “lugar seguro” donde las personas pueden ser desembarcadas, normalmente en su territorio. Sin embargo, dado que las personas refugiadas y migrantes no pueden ser devueltas legalmente a Libia, no se puede pretender que una embarcación que realiza operaciones de salvamento en el mar entregue a las personas a la Guardia Costera libia para que las devuelvan a ese país. De hecho, ninguna armada ni ningún buque mercante europeos lo ha hecho en los últimos años. Si lo hicieran, podrían acabar en los tribunales y perderían, tal como le ocurrió a Italia en una causa histórica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tuvo lugar en 2012.

Por lo tanto, este incidente envía un mensaje preocupante: que Italia ya está actuando como si la región libia de búsqueda y salvamento existiera, y espera que las ONG cumplan las instrucciones de la Guardia Costera libia.

A pesar de haber iniciado la operación de salvamento avisando a todas las embarcaciones que estaban en la zona y pidiendo al Open Arms que se acercara a la embarcación de las personas refugiadas, las autoridades italianas consideraron que les correspondía a sus homólogas libias —que estaban coordinando el salvamento— decidir el lugar de desembarco. Como consecuencia, cuando el Open Arms se negó a entregar a las personas que había rescatado, no se sabía con seguridad si estas debían ir a Malta o a Italia.

La pregunta sigue abierta: dado que a las personas rescatadas en el mar no se las puede desembarcar legalmente en Libia, ¿dónde pretenden los gobiernos europeos que las lleven las ONG?

Una cosa está clara: si entregar a las personas refugiadas y migrantes a las autoridades libias contraviene un principio de derecho internacional, negarse a hacerlo no puede considerarse delito. El fiscal de Catania que dirige el caso —Carmelo Zuccaro— es el mismo que se hizo famoso el año pasado por realizar declaraciones públicas sobre los supuestos vínculos entre las ONG y las personas traficantes, afirmación que más tarde admitió que era una teoría sin elementos de prueba. La incautación puede ser simplemente un nuevo capítulo en la criminalización infundada de las ONG.

El Open Arms puede seguir durante meses bajo custodia policial, al igual que le ha sucedido al Iuventa, un barco operado por la ONG alemana Jugend Rettet. El Iuventa está confiscado por haber estado “fomentando la inmigración ilegal” sin que se hayan presentado pruebas sólidas o cargos contra la tripulación.

Es probable que las travesías aumenten en primavera. No está claro que los activos disponibles para patrullar el mar y ayudar a las personas en dificultades vayan a ser suficientes.

Es hora de que quienes nos dirigen reajusten con urgencia los términos de su cooperación con Libia.
Matteo de Bellis.

Aunque los gobiernos europeos deben establecer un mecanismo sólido para vigilar las operaciones de la Guardia Costera libia, las personas rescatadas en el mar no deben ser devueltas a Libia en ningún caso hasta que pueda garantizarse la protección de sus derechos.

Para ello, los gobiernos europeos deben supeditar el apoyo que brindan a las autoridades libias a conseguir el cese de la detención arbitraria y un acuerdo que permita a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ayudar a las personas refugiadas. También deben proporcionar suficientes plazas de reasentamiento para las personas refugiadas que están atrapadas en Libia, así como rutas legales y seguras para las personas migrantes.

Es hora de que quienes nos dirigen reajusten con urgencia los términos de su cooperación con Libia y sus prioridades para garantizar que jóvenes como Segen no sean golpeados y sufran abusos en celdas libias, o mueran de agotamiento en suelo europeo.