Las autoridades etíopes han calificado de “terroristas” a los manifestantes en un intento de reprimir violentamente las protestas contra las posibles confiscaciones de tierras, que han dado ya lugar a 40 muertes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Una declaración publicada hoy por los servicios de inteligencia del Estado afirma que los manifestantes de Oromia planeaban “desestabilizar el país”, y que algunos de ellos tienen un “vínculo directo con un grupo que ha estado colaborando con otros grupos demostradamente terroristas”.
“La sugerencia de que estos oromos, que protestan contra una amenaza real a sus medios de vida, están alineados con terroristas, tendrá un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión para los activistas que defienden derechos”, ha manifestado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
La sugerencia de que estos oromos, que protestan contra una amenaza real a sus medios de vida, están alineados con terroristas, tendrá un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión para los activistas que defienden derechos.
Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos
“En lugar de condenar los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad, que han causado la muerte de más de 40 personas en las tres últimas semanas, esta declaración autoriza de hecho el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos.”
La última tanda de manifestaciones, que van ya por su tercera semana, son en protesta por el plan maestro del gobierno para integrar partes de Oromia en la capital, Addis Abeba.
Otras protestas similares contra el plan maestro celebradas en abril de 2014 dieron lugar a muertes, heridas y detenciones colectivas de manifestantes oromos.
La Proclamación Antiterrorista 652/2009 de Etiopía permite al gobierno utilizar la fuerza sin restricciones contra sospechosos de terrorismo, incluida una detención preventiva de hasta cuatro meses.
Las personas que han sido sometidas a detención preventiva en virtud de la ley antiterrorista han denunciado un uso generalizado de la tortura y los malos tratos. Las autoridades deben investigar sin demora y de forma independiente todas las denuncias de tortura y malos tratos.
“El gobierno debe desistir de utilizar medidas antiterroristas draconianas para sofocar las protestas; al contrario, debe proteger el derecho de su ciudadanía a la libertad de expresión y reunión pacífica”, ha manifestado Muthoni Wanyeki.