Las autoridades iraníes deben detener inmediatamente la ejecución de Mahmoud Barati, maestro condenado por delitos relacionados con la droga en un juicio injusto que se cree incluyó una confesión obtenida bajo tortura y otros malos tratos, ha declarado Amnistía Internacional.
Según los contactos en la prisión de Ghezel Hesar, Mahmoud Barati ha sido puesto en régimen de aislamiento y está previsto que sea ejecutado al amanecer de mañana (8 de septiembre de 2015).
“La ejecución de Mahmoud Barati debe detenerse inmediatamente. El derecho internacional no permite el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con la droga. Las autoridades iraníes deben anular de inmediato su condena a muerte”, afirmó Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.
“Las autoridades iraníes deben poner fin a este festín de muerte sin precedentes; en lo que va de año han ejecutado a más de 700 personas, en su mayoría condenadas por cargos relacionados con las drogas.”
Las autoridades iraníes deben poner fin a este festín de muerte sin precedentes; en lo que va de año han ejecutado a más de 700 personas, en su mayoría condenadas por cargos relacionados con las drogas.
Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional
Según un contacto en la prisión de Ghezel Hesar, tras su detención hace 10 años, Mahmoud Barati estuvo recluido 10 días en un centro de detención de la Oficina para la Lucha contra los Delitos relacionados con las Drogas, donde fue supuestamente sometido a tortura y otros malos tratos para que “confesara”. Posteriormente hizo sendas declaraciones ante el fiscal y el tribunal retractándose de estas “confesiones”.
El contacto en la prisión también expresó su preocupación por la posibilidad de que el principal testigo contra Mahmoud Barati se hubiera retractado también de su testimonio.
La Ley contra los Estupefacientes de Irán establece la condena a muerte preceptiva por varios delitos relacionados con las drogas, como el tráfico de más de 5 kilos de estupefacientes derivados del opio o más de 30 gramos de heroína, morfina, cocaína o sus derivados químicos.
Estas disposiciones vulneran directamente el derecho internacional, que restringe el uso de la pena de muerte a sólo los “delitos más graves”, los que implican homicidio intencionado. Los delitos relacionados con las drogas no cumplen esta condición.
Además, no hay ningún dato que pruebe que la pena de muerte disuada en particular de la comisión de delitos o del tráfico o consumo de drogas. Este mismo año, el subdirector del Centro de Investigación Estratégica de Irán admitió que la pena de muerte no ha sido capaz de reducir los niveles de narcotráfico.
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